CONSUMO EN PICADA
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Presos sueltos, intendentes atados
Unos 1400 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense se fueron a su casa a cumplir con arresto domiciliario, aunque no todos por la pandemia. Según el fallo de Casación, no tendría que haber ni violadores ni asesinos. Pero los hay. Por eso la preocupación en los municipios. ¿Quién se hace cargo del asunto? La palabra de los jefes comunales.
Por supuesto, nadie o casi nadie piensa en que el recluso haya reencausado su vida o que vaya camino a eso. Nada más lejano. El común de la gente piensa todo lo contrario. Por eso el miedo al regreso del preso al pueblo o la gran ciudad. El mismo miedo que tienen los intendentes del interior y el Conurbano, del oficialismo y la oposición. Por eso el escándalo. ¿Si en el marco de la libertad o arresto domiciliario de la polémica se les ocurre reincidir, quien se hace cargo?
Tanto el gobierno provincial como el nacional intentan desligarse del asunto, seguramente con razón, y patean la pelota para el lado de la Justicia, para la Procuración y hasta alguno que otro se animó a sacudirle a la gestión de María Eugenia Vidal. Hablaron el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Justicia Julio Alak, jueces, fiscales, ex jueces y ex fiscales, entre tantos otros.
Y también lo hizo el titular de la cartera de Seguridad, Sergio Berni, que fue el único de los dirigentes del oficialismo que no habló como político, sino como parte de la sociedad. No son pocos los jefes comunales que destacan su figura. "No puede ser que liberen a un violador y se vaya a vivir a una cuadra de la víctima que violó. Es sentido común, me da vergüenza tener que aclararlo", dijo el funcionario, como siempre, sin vueltas.
La resolución firmada por el Juez de Casación, Víctor Violini, es clara. No habla de libertad, sino de prisión domiciliaria, destaca que será durante el período de vigencia del aislamiento y solo para la población de riesgo detenida por delitos leves. “El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia”, señaló en su cuenta de Twitter el magistrado.
Pero algo falló, la realidad no cierra. Los jueces de ejecución penal manejaron diversos criterios. Los números estimativos indican que en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de unos 1.400 detenidos que se encontraban alojados en penales y comisarías, según calculan en la Procuración que encabeza Julio Conte Grand. Por si fuera poco, se encuentran vigentes pedidos de otros 1.300 presos. Ojo, no todos por la pandemia.
Más allá de la incertidumbre, en declaraciones radiales, la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento Quilmes, Julia Elena Márquez, señaló ayer que "desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)”. Las críticas le llovieron fuerte, por que -dicen- las cifras no serían ciertos.
Números más, números menos, como se suponía, los problemas no tardaron en llegar. Tampoco las denuncias. “Ramón Chazarreta tiene una condena de 3 años y 6 meses por lesiones contra su pareja, robo con arma de fuego e hurto. Estaba preso en Florencio Varela. El 8 de abril logró el arresto domiciliario por COVID-19. Ayer, lo detuvieron por tentativa de robo y amenazas a un repartidor”, publicó el periodista especialista en Policiales, Rodrigo Alegre. Los ejemplos se repiten, y la bronca crece. Va más allá de la política partidaria.
Víctor Violini
Y en la trinchera, poniéndole el pecho a las balas, al pánico de los vecinos y a la ola de rumores (algunos ciertos y otros no tanto -corrieron varias fake news-), los jefes comunales, que como siempre, son la primera ventanilla para el reclamo. A la crisis sanitaria y económica, que no es poca cosa por cierto, le tendrán que sumar el tema de los presos. Y la pregunta del inicio, se repite: ¿Quién se hace cargo si a alguno o algunos se les ocurre reincidir?
“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas, son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”, se despachó el mandamás de San Miguel, Jaime Méndez, y agregó que “desde los municipios seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance contra la delincuencia y para que semejantes decisiones tengan los menores efectos posibles”.
En la continuidad del desahogo, afirmó que “toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del Coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”. “Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz”, cerró.
En el interior también hay preocupación. Así lo dejó entrever el mandamás de Salto, Ricardo Alessandro, quien comentó ante La Tecla que en la Comuna tomaron conocimiento que días atrás el SPB liberó un recluso local y el mismo ya está en la ciudad. “El tema es que debe haber unos cuantos más que no sabemos, nadie nos dice nada; la gente de la Ayudantía Fiscal, que trabaja muy bien al igual que Berni y la Policía, no tienen información al respecto”, señaló el dirigente peronista.
“Manifiesto públicamente mi rechazo a la decisión de autoridades del Poder Judicial de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a reclusos que actualmente cumplen su condena en establecimientos penitenciarios”, había dicho Alessandro en sus redes, y añadía que “asimismo, quiero repudiar la falta de información de parte de los tribunales superiores de la Justicia hacia las instituciones locales”. “Los vecinos están muy enojados y asustados”, resumió.
Por su parte, el mandamás de Chivilcoy, Guillermo Britos, que además es ex Comisario general, reflexionó que “los detenidos por delitos graves no deben tener ninguna morigeración y que los jueces deben ser responsables antes de otorgar libertades abusivas. Primero las víctimas y sus derechos”. Y consultado por si estaba enterado de la vuelta de algún recluso al pago, respondió que “hasta ahora no”, y destacó que “tampoco hay forma de saberlo”.
“Espero que no sean muchos los liberados que vuelven al distrito. De todos modos estamos preparados”, amplió Britos, y aclaró que es imposible que el municipio se entere de quiénes son los reclusos a los que se les otorga el beneficio del arresto domiciliario “está prohibido por la ley de ejecución penal”. “Te enterás cuando los volvés a detener”, expresó. ¿Por qué preparados? “Tengo el personal policial, los patrulleros suficientes para prevenir y si ocurre el delito detenerlos. En Chivilcoy hoy la inseguridad no es un problema. Pero esto puede complicar”, completó.
En Tigre, alzó la voz el concejal Segundo Cernadas, opositor al intendente Julio Zamora, quien intentó ponerse del lado de los vecinos. “Rechazamos de plano las excarcelaciones injustificadas de presos que deben cumplir sus detenciones”, dijo el ex candidato a jefe comunal y le solicitó al Ejecutivo local “que disponga de manera urgente los sistemas de reconocimiento facial de las cámaras de monitoreo y todos los recursos posibles del COT para enfrentar esta gravísima situación que pone en riesgo a nuestra comunidad”.
“Ellos violaron, mataron, abusaron de menores o perpetraron hechos de violencia de género y cometieron delitos que en la mayoría de los casos fueron cerca de sus domicilios. Por eso es prioritario proteger a los tigrenses y evitar hechos de justicia por mano propia o enfrentamientos de vecinos”, argumentó Cernadas que presentó por nota el pedido en el municipio.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez aseguró que “las personas que están privadas de su libertad, cumpliendo una condena o esperando el fallo, deben seguir siendo sujetos de derecho. No me parece bien habilitar a todo el mundo y de cualquier forma, pero si hay casos humanitarios, sanitarios, no me parece mal. Esto no es para cualquiera y bajo cualquier condición”.
El jefe comunal no cuenta con la información de cuántos detenidos de su distrito volvieron a sus casas. Y si bien remarcó que no es una responsabilidad de los intendentes atender la situación y que “es una cuestión netamente judicial”, Menéndez dijo que el tema, por la demanda social también merece la atención de los alcaldes.
Por ese motivo, ayer, el alcalde de Merlo junto a Juan Zabaleta (Hurlingham), Lucas Ghi (Morón) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), se reunieron con integrantes de la asociación de magistrados del departamento judicial de Morón, en busca de respuestas acerca de la falta de conocimiento que tienen los jefes comunales sobre la cantidad de detenidos que vuelven a sus distritos y cómo actuar en consecuencia.
“Los intendentes acordaron con las autoridades judiciales ser informados de cada una de las medidas que se tomen respecto de las prisiones domiciliarias y la ubicación de las personas que potencialmente podrían obtener su liberación transitoria, en el marco de la crisis sanitaria", informaron los propios jefes comunales a través de un comunicado.
Como contrapartida, los jefes comunales pusieron a disposición sus fuerzas de seguridad de seguridad locales para controlar a los presos de esos municipios que sean liberados por la Justicia. "Nuestra responsabilidad, en cada uno de los distritos que gobernamos, es garantizar que ninguna acción afecte la seguridad de la población y al mismo tiempo entendemos que el Estado debe preservar la salud de todas las personas, más aún en el escenario de emergencia sanitaria", afirmó Ghi.
Los intendentes junto a la Asociación de Magistrados
Intendentes con penales en el distrito
También en Mar del Plata hay preocupación, sobre todo en torno a los varios liberados de la Unidad 15 de Batán (máxima y media seguridad), la gran mayoría con domicilio en La Feliz. "Esto es una locura. No le encuentro explicación desde lo político, nunca leí en ningún libro penal que hable de esto ante una pandemia", señaló en el marco de una conferencia de prensa el mandamás local, Guillermo Montenegro.
Y a su vez mostró su solidaridad con el que "esperó cuatro, cinco años el resultado de un juicio y de un día para otro se encuentra viendo en la tele que esa persona recuperó la libertad por una pandemia que estamos sufriendo todos”. Y consideró luego que "lo que se tiene que hacer es extremar los cuidados en los lugares de detención para evitar la circulación, como lo hacemos todos. Pero no creo que la situación sea decir 'no se puede controlar y lo dejo en libertad'”.
Lo propio sucede en Olavarría, donde funciona el famoso penal de Sierra Chica, aunque la mayoría de las domiciliarias se otorgaron en marzo. En total, accedieron al beneficio unas 112 internos: 53 estaban alojados en la Unidad 38; 42 de la Nº27 y 17 de la Nº2. Y el intendente Ezequiel Galli, dijo lo suyo. “No estoy de acuerdo con que haya liberaciones masivas por la pandemia. Creo que el gobierno nacional y provincial deben trabajar para brindar las garantías necesarias sabiendo que existen problemas de sobrepoblación y brindarle a los detenidos las medidas de seguridad”.
Penal de Sierra Chica, Olavarría
“Estoy de acuerdo con el reclamo de los detenidos de que ni siquiera tengan las condiciones para cuidarse, tiene que entrar a jugar los Derechos Humanos. Tienen que tener un paso digno por cada unidad carcelaria. Las liberaciones masivas no corresponden y hay que pensar en las familias de las víctimas y que la memoria de sus familiares no queden en un 'saco' vacío”, enfatizó el líder macrista de la Séptima sección.
Similar es la preocupación del también amarillo jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay. Es que en la Unidad 4 que funciona en ese distrito ya fueron llevados a sus domicilios unos treinta reclusos, la mayoría condenados por delitos de leves, aunque hay un puñado que no entran en esa categoría. “Estoy esperando un informe, según lo que me anticiparon va a haber unos veinte liberados en el penal local”, comentaba el mandamás ante La Tecla, horas antes de enterarse de la decisión final.
“Hubo algunas objeciones judiciales que demoraron un poco el trámite”, aclaraba el referente cambiemita de la Sexta, que consultado por su opinión al respecto del tema, decía que “lo vemos con preocupación, tal como sucede en el resto de los lugares. Varias de las condenas de quienes se van a ir a la casa tienen que ver con delitos contra la integridad sexual. Sabemos que en muchos de estos casos, está probado que puede haber reiteración del delito”, concluía.
De igual manera se sienten en General Alvear, donde se encuentra la Unidad 30, famosa tras la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanata y Víctor Schilaci. Desde el 20 de marzo a la fecha se fueron con el beneficio de la domiciliaria un centenar de reclusos, incluido uno oriundo de la ciudad, que según contó una fuente cercana al penal, cumplía condena por abuso de menores. Los dardos apuntan a la Jueza de ejecución del departamento judicial de Azul, Silvia Torres.
"En tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio, donde toda la gente soporta una libertad restringida, como medida para paliar una pandemia que atenta contra la vida de todos; asistimos con mucha preocupación, a una liberación masiva de personas privadas de su libertad, por haber cometido crímenes o delitos graves. Si el vecino que goza de la libertad debe quedarse en casa, algunos sin poder trabajar y llevar el pan a su mesa; quienes han quebrantado la Ley no pueden tener más y mejor derecho”, expresaron desde la bancada de concejales oficialista (JxC) que defiende al Ejecutivo que lidera Ramón Capra.
Agregaron a su vez que "al unísono, el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof, sostienen que no es el Poder Ejecutivo quien libera presos, sino que es potestad del Poder Judicial; verdad a medias, la gente no ignora que los equipos de los Ministerios de Justicia han creado esta situación, donde la gente es espectador de lujo del acceso a la libertad de todo tipo de delincuentes peligrosos. Además, ellos tienen la potestad de iniciar Juicio Político sobre aquellos jueces que liberan sin límites a aquellos que han cometido delitos graves”, aseveraron.
En tanto, en la capital provincial, donde funcionan distintas unidades en Olmos, Los Hornos, Gorina y Melchor Romero, el jefe comunal Julio Garro, consideró que "es una aberración que los presos salgan a la calle mientras miles de vecinos hacen un enorme esfuerzo por quedarse encerrados en sus casas. Es un peligro para la sociedad y una muy mala manera de solucionar los problemas que nos desafía esta pandemia".
Reclusos de Melchor Romero pidiendo por su libertad
Y recalcó que "el país no cuenta con los recursos suficientes para realizar un control exhaustivo de cada caso. Además es un pésimo mensaje para la sociedad. Debemos priorizar, de una vez por todas, a las víctimas y no a los victimarios". Claro, apenas unos días atrás, en la Unidad de 10 un centenar de presos se subió a los techos de la Unidad 10 de Romero y recién la cortaron cuando llegaron a un acuerdo con las autoridades. ¿Qué querían? Irse a sus casas.
El problema se sucede a lo largo y ancho de la Provincia. Los intendentes preocupados son unos 135. Algunos prefieren hacerlo explícito, otros no. Las aristas son dos, una tan importante como la otra. Por un lado, evitar que el coronavirus se lleve vidas dentro de los penales, por el otro proteger a los vecinos de esos detenidos ahora con domiciliaria. ¿Qué pueden hacer los jefes comunales? No mucho más que quejarse y poner la cara, como siempre que las cuestiones no atañen al municipio. En este caso ni siquiera a la política, o al menos así tendría que ser.
La evaluación que hizo el Servicio Penitenciario
En el incio de la pandemia en la Argentina, la Suprema Corte le pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que detalle en un informe la cantidad de detenidos que se encontraban en situación de riesgo dentro de los parámetros impuestos por la Organización Mundial de la Salud.
El SPB concluyó que 2.300 internos se encontraban dentro del grupo de riesgo, a partir de lo cual se comenzó a depurar el registro en cuanto a aquellos detenidos que por distintas razones (tipo de delito, conducta, pena impuesta) no era recomendable que gozaran de la prisión domiciliaria, aun cuando constituyeran parte del grupo de riesgo.
El organismo que controla las cárceles bonaerenses concluyó entonces que eran 400 los detenidos que podían gozar del beneficio. Esa fue la recomendación que llegó a la Justicia, pero el SPB no tiene facultades para opinar sobre las decisiones judiciales más allá de la elevación de los informes que la Justicia solicite.
En otro orden, desde el Servicio Penitenciario reconocieron a La Tecla que no hay posibilidades de que todos los detenidos que sean mandados a sus casas para cumplir con la domiciliaria puedan ser monitoreados a través de las pulseras electrónicas. De hecho, el organismo cuenta con sólo 2.000 pulseras y ya están prácticamente todas ocupadas. Sólo se liberaron algunas porque se concedieron libertades por cumplimiento de pena.
El Habeas Corpus de los defensores generales que derivó en el fallo de Violini
Con fecha 4 de abril, diecinueve Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires pidieron a través de un habeas corpus la prisión domiciliaria de todos los presos que se encuentren en población de riesgo. La iniciativa tenía como objetivo brindar mayores cuidados a los reclusos que se encuentren en el universo de mayor contagio de COVID-19.
En tal sentido y en la misma línea que lo dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que ya había elaborado un relevamiento sobre la situación de los convictos, se ordenó a las diferentes Unidades Penitenciarias: "arbitrar los medios que resulten necesarios para que los responsables del Área de Sanidad de cada establecimiento penitenciario, elaboren y confeccionen un pormenorizado informe en relación a los internos pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables -de acuerdo a las categorías de grupos-, que pudieran presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio o infección del coronavirus".
De este modo, en el ámbito carcelario de la provincia de Buenos Aires, los fiscales pusieron en relevancia la necesidad de dar cuenta de esta situación y realizaron el pedido. La presentación se hizo ante la Cámara de Casación Penal bonaerense a cargo del Doctor Víctor Violini. Asimismo, se determinó que las personas que puedan gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, se establezcan en diversos grupos de pacientes vulnerables:
* Mayores de 65 años.
* Embarazadas.
* Pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
* Pacientes diabético insulinorequirientes.
* Pacientes inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento.
* Pacientes oncológicos en tratamiento.
* Pacientes bajo corticoterapia.
* Pacientes en tratamiento quimioterápico.
* Pacientes con enfermedades autoinmunes.
* Pacientes con insuficiencia cardíaca.
* Pacientes con insuficiencia renal crónica.
El fallo de Violini
El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Juez Víctor Violini, resolvió con fecha del 8 de abril otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes. La medida alcanza también a mujeres embarazadas y madres con hijos menores. En tanto, las personas que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, cada situación deberá ser analizada por parte del Juzgado o Tribunal a cuya disposición se encuentran.
En cada caso deberá evaluarse la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario y, cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima. Asimismo, la resolución encomienda a los jueces de garantías, jueces correccionales y tribunales en lo criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, siempre considerando los intereses de las víctimas.
También establece que los jueces de ejecución evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, el arresto domiciliario de personas detenidas que se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional.
Los apuntados de la política, en Twitter
Alberto Fernández, presidente de la Nación
*Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados.
*La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad.
*Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos.
*En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia.
*En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema.
*Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales.
*Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires
*Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para “liberar masivamente presos”. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales.
*El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes. Desde que asumí no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador. Tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior.
Julio Alak, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires
*Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias.
*Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales
*Por lo tanto el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad.
Juntos por el Cambio quiere que los intendentes sepan
Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo y Matías Ranzini, solicitaron de forma “urgente” al Gobierno bonaerense que informe a la Cámara de Diputados los egresos a prisión domiciliaria por parte de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense y en qué municipio están o van a pasar la cuarentena quienes obtuvieron dicho beneficio.
“Es importante que el Ministerio de Justicia nos dé información precisa y actualizada constantemente en este tema tan sensible para la mayoría de los bonaerenses”, expresaron los legisladores mediante un comunicado. A la vez, subrayaron la importancia de que esa misma información “en lo que a ellos respecta la tengan los intendentes de los lugares en los que se establezcan los internos con prisión domiciliaria”.
El pedido de información que solicitamos forma parte de algo integral en defensa del derecho de las víctimas, las instituciones deben tener el máximo de información para contribuir a ello”, finalizaron Píparo y Ranzini.
Por su parte, a través de un proyecto de declaración el Bloque de diputados provinciales de Cambio Federal expresó su preocupación por la liberación de personas privadas de la libertad que se encontraban alojados en establecimientos carcelarios de la Provincia de Buenos Aires. El presidente del bloque, Walter Carusso, dijo que “es una decisión apresurada y peligrosa”.
“Queremos expresar nuestra preocupación ante la decisión de algunos jueces de conceder la prisión domiciliaria a internos que se encontraban en establecimientos carcelarios de la Provincia. Conocemos la situación crítica de las cárceles pero una medida de semejante magnitud puede traer mayores problemas que los que, supuestamente, busca solucionar”, indicó el presidente del bloque, Walter Carusso.
El legislador señaló que “los problemas de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria se tienen que resolver con un trabajo a mediano y largo plazo y no sacando internos de los penales de forma masiva. Es una decisión apresurada y peligrosa”.
La evaluación que hizo el Servicio Penitenciario
El fallo de Violini
Juntos por el Cambio quiere que los intendentes sepan