Intendente PRO en la mira judicial por presunta defraudación al Estado
Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional y actual jefe comunal de Capitán Sarmiento, es apuntado por la causa peajes. También está implicado el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ninguno puede salir del país.
El ex titular de Vialidad Nacional y actual jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, fue llamado a declaración indagatoria y pesa sobre él la prohibición de abandonar el suelo argentino. En las últimas horas, Iguacel se hizo cargo de las acusaciones y aseguró que se presentará ante la Justicia para declarar su inocencia.
"Lamentablemente, la estrategia de los corruptos es intentar hacerle creer a la sociedad que todo es igual. Vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo. Siempre estaré a disposición de la justicia para explicar cada cosa que hice por el bien del pueblo argentino", sostuvo el alcalde.
Y lanzó: "Cuando decidí dejar la paz de la profesión en el mundo privado muchos me sugerían no ingresar a la vida pública por estas cosas. En el mismo lodo, todos revolcados. Ese es su lema, que hay que desterrar para siempre de nuestra país. Me van a encontrar siempre trabajando en ese sentido".
La causa gira alrededor de las concesiones de los peajes otorgadas bajo el gobierno de Mauricio Macri y alcanza al ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La causa fue iniciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que sostuvo que los contratos fueron continuados de manera “irregular” por ambos funcionarios. Graciela Aleña, titular del Sindicato de Trabajadores Viales, denunció que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado y apuntó a Iecsa, firma hasta hace poco propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
En concreto, el sindicato acusó a Iguacel y Dietrich de utilizar "una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras" por esa cifra, "más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje".
"Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017,", afirma la denuncia. "En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo", resalta el escrito. Se enfatiza que fueron siete las empresas beneficiadas.
En el documento presentado por la Justicia, se cita que el 21 de abril de 2017 Iguacel "emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos".
En este caso, según Aleña, la resolución "fue dictada Ad-referéndum del PEN", de modo que "no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios". "Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados".
En ese sentido, el gremio dio cuenta del período de irregularidades. "Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18", remarcaron.