La provincia aprobó la primera ley del país para garantizar el cierre de minas, de forma ordenada, proyectada y con normativas claras para las empresas. Se trata de un proyecto que fue apoyado por casi todos los sectores, aunque desdibuja la participación ciudadana. ¿Qué es un cierre de minas y qué impacto tiene para el medio ambiente si no se realiza adecuadamente?

Santa Cruz y la primera ley nacional de cierre de minas: ¿Ambientalismo o rentabilidad?

Santa Cruz se convirtió en la primera provincia del país en aprobar una ley para el cierre de minas. Esta normativa garantiza que las empresas que realizan actividades exploratorias y de explotación, se comprometan a readecuar el paisaje y desplieguen una serie de acciones que contribuyan a la reparación ambiental, una vez que finalicen su proyecto.

Pero, al mismo tiempo, la ley no solo le apunta a las mineras con el dedo, sino que les permite una “seguridad de inversión” importante en la provincia del sur. Eso es un aspecto central en el espíritu de la ley.

Si bien el texto aprobado está plenamente consensuado por la Legislatura provincial, el oficialismo la celebra como un avance significativo en materia económica y ambiental, mientras que algunas voces de la oposición puntualizan que deja afuera toda participación ciudadana real.

Aunque a grandes rasgos, lo que las mineras puedan realizar en el territorio pareciera no estar relacionado a las decisiones populares, lo cierto es que para cualquier actividad de este tipo en el país, se necesita de la llamada “licencia social”. La que solo pueden dar los propios vecinos y vecinas, que viven en las zonas de explotación.

Santa Cruz está consolidada desde hace más de 20 años como la principal provincia minera del país, iniciando su producción en el año 98 con el proyecto Cerro Vanguardia. De todas formas, durante un tiempo previo se llevaron a cabo diferentes actividades exploratorias. Hoy, la provincia tiene seis plantas de producción y varias otras en proceso avanzado.

La ley de cierre de minas en el territorio santacruzeño se da a partir del Acuerdo Federal Minero que fue firmado por todas las provincias durante el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2017. Como explican desde el oficialismo, lo que viene a completar esta política estatal, es determinar “qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente”.

El autor del proyecto, el legislador provincial por el Frente de Todos, Guillermo Bilardo, considera que lo que centralmente busca la ley es “cuidar lo que la Provincia venía desarrollando todos estos años”, en materia económica y también ambiental.

“Avanzamos con esta ley, entendiendo que esta etapa de la actividad, que todavía no estaba reglamentada con especificaciones ni parámetros muy precisos, tenía que tener una calidad para cuidar lo que la Provincia estuvo desarrollando hasta ahora”, indicó Bilardo en diálogo con La Tecla Patagonia.

El legislador explicó que se tratan de “parámetros en términos ambientales, sociales y económicos que exige la ley”, pero destacó la importancia de poder crear en simultáneo a las normas ambientales, una “seguridad jurídica” para las mineras.

“Lo importante es que las empresas que ya están trabajando, y las futuras que puedan llegar a venir a la provincia, a través inversiones que son de riesgo, tengan una seguridad jurídica a toda la normativa que existe en la provincia”, expresó el diputado provincial, quien antes se había desempeñado como Secretario de Minería.

Hasta ahora, Santa Cruz tenía leyes en las cuales se apuntaba a dónde se establece la actividad minera y también contaba con un Código de procedimiento minero. Ahora, la ley de cierre de minas viene a completar esta política estatal, determinando qué es lo que tiene que presentar cada empresa en los planes de cierre específicamente. Será confiar en la buena voluntad de las grandes mineras.

“La proyección y el futuro de la actividad minera va a estar atada a esto, es decir, al éxito que pueda tener un plan de cierre al momento de hacerlo”, introduce Bilardo, recordando que en definitiva, son las comunidades las que otorgan “licencia social” y estas son las que tienen que tener la información fidedigna de cuál es la vida útil de un proyecto, cuáles son los avances en relación a la producción y las reservas.

“Pero también tienen que tener información de cuáles son los avances progresivos en relación a los pasivos ambientales, a las instalaciones, a las remediaciones que tienen que realizar, y a la posible reutilización de esas zonas en donde se lleva a cabo la actividad”, agregó el legislador.

UNA SEMANA DE LICENCIA SOCIAL

Ese fue sin dudas uno de los puntos de mayor controversia en la ley: la de la participación ciudadana. Por eso, durante el debate que se llevó a cabo en la última semana de junio en la Legislatura provincial, un sector de la oposición reclamó para que se amplíen las formas en que los ciudadanos y ciudadanas puedan intervenir en el proceso de cierre de minas. El artículo no se modificó.

“Nosotros introdujimos algunas modificaciones. Lo único que le faltaba al proyecto y le sigue faltando porque no hubo caso para que lo incluyeran, es que está muy desdibujada la participación ciudadana”, aseveró para LTP, Gabriel “Faty” Oliva, legislador por Encuentro Ciudadano.

“Es un proyecto que se vende como que va a contribuir con la licencia social, pero la participación está únicamente en el Artículo 14 y asegura que una vez que la Autoridad apruebe el cierre, se va a publicar en el Boletín Oficial y va haber una semana para que la ciudadanía presente alguna observación o reclamo. Algo que en estos tiempos no es razonable”, analizó el diputado, que vale la aclaración, se mostró a favor de la ley más allá de este punto.

Además el legislador enfatizó que si bien la Autoridad minera depende de Provincia, son las localidades las que ponen mano de obra, la maquinaria y obviamente en donde se llevan a cabo la actividad minera. En San Julián, por ejemplo, toda la economía de la ciudad depende prácticamente de la minería. “La comunidad debe estar involucrada desde el principio”, apunta Oliva.

Sin embargo, el oficialismo defiende su ley. En respuesta a lo que planteó el legislador por Encuentro Ciudadano, el bloque del Frente de Todos le aseguró a este medio que la normativa “no solamente establece multas” a las mineras, en caso de no cumplir con lo previamente pautado, sino que todas las acciones que tiene que llevar adelante las empresas deben estar aprobadas mediante un informe técnico por la Autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Minería de la provincia. “Siempre teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía a través de los medios locales y dándole curso a los Concejos Deliberantes de cada localidad”, sostuvieron.

“Todo esto tiene que estar detallado en un presupuesto, que se va a fijar en una garantía financiera. Esto es un punto importante, porque Santa Cruz tiene que asegurarse del cumplimiento efectivo de ese plan progresivo de cierre (de minas) en relación a los pasivos ambientales”, informó el diputado Bilardo.

Lo cierto es que la ley no ampara sola y únicamente un cierre de minas desde una perspectiva ambiental, sino claramente también desde una perspectiva económica. El oficialismo considera que hay que “minimizar los impactos ambientales que pueda llegar a tener un cierre”, pero al mismo tiempo buscar “maximizar los beneficios”. “Porque también hay que decirlo, apuntamos a que esto tiene que ser un proceso de reconversión, más que de cierre. Para pasar de un estadío a otro”, explicó Bilardo.

LEY DE VANGUARDIA, CON LA CONFIANZA EN LAS MINERAS

Un cierre de minas es un proceso complejo, que solo están llevando a cabo las grandes empresas y los principales países mineros del mundo. Se trata de -básicamente- reconstruir toda la montaña que se explotó, así como sanear el paisaje a su alrededor.

La ley, administra ese proceso de cierre después de un período de explotación, que generalmente varía entre los 10 y 30 años. Lo cierto es que al fin de cuentas, todos los proyectos se terminan y se cierran.

Luego de la actividad exploratoria y de explotación, el resultado son enormes pozos que quedan abiertos, así como también la existencia de un sistema de drenaje de líquidos y químicos utilizados para la actividad, denominado “dique de cola”.

Este, es uno de los elementos por el cual varios ambientalistas denuncian la minería y a la megaminería, como una actividad altamente contaminante y peligrosa, puesto que muchas veces los diques de cola se terminan volcando en afluentes, como arroyos o ríos.

En síntesis, a la montaña hay que remediarle la topografía y agregarle forestación. Una acción realmente compleja, que -a tomar cuenta del detalle- puede llevar hasta 10 años. Por eso, la normativa aprobada en la Legislatura de Santa Cruz obliga a las empresas a presentar un plan de cierre conceptual, antes de comenzar la actividad. Lo que finalmente servirá como proyección y como garantía.

“Lo que es muy importante es que este plan que presentan las mineras y tiene que aprobar la Provincia, obliga a las mineras a presentar un depósito para cubrir con la actividad de remediación después del cierre”, recordó el legislador Oliva.

Ese depósito puede ser dinero en efectivo, acciones o seguros de caución. “Esto se hace en todos los grandes países mineros, como Canadá, Australia y Sudáfrica”, contó el legislador provincial, aunque agregó con sinceridad: “Más allá de la ley, que es muy buena, estamos haciendo minería, confiando en que las empresas van a cumplir y remediar el paisaje dañado”.

De hecho, en 2012, el ex concejal Marcelo Serafini denunció un derrame de “compuestos cianurados” en el Complejo Manantial Espejo, de la minera Tritón, ubicado en Gobernador Gregores. Además, siempre según Serafini, dos operarios murieron en diferentes yacimientos de la zona, un hecho del cual no se responsabilizaron las mineras ni el por entonces gobierno de Daniel Román Peralta.

Gerardo Terraz.

LA MITAD DEL ORO DEL PAÍS, SALE DE SANTA CRUZ

Un último dato, pone en valor la reciente ley sancionada en la provincia. Según cálculos oficiales, el 52% del oro y plata que se exporta en la Argentina, sale de Santa Cruz. Es decir, que la normativa vigente tendrá un alto impacto en las políticas mineras que se apliquen de ahora en más en los diferentes territorios.

Así lo cree el Secretario de Minería de la provincia, Gerardo Terraz, quien en diálogo con LTP indicó que con la nueva ley, el gobierno buscará “demostrarle al mundo que Santa Cruz es una provincia pro minera y con un modelo exitoso”.

“Esta ley fue elaborada por todo el equipo de Minería de la provincia. No es algo improvisado, sino parte de una continuidad de una política de Estado de nuestra gobernadora Alicia Kirchner”, explicó Terraz, quien agregó detalles de cómo se aplicará el proyecto aprobado en la Legislatura local.

“Hasta ahora había como un vacío legal respecto a algunas situaciones para el cierre de minas, pero ahora la ley impone que las mineras deberán presentar un informe de impacto ambiental cada dos años”, explicó el funcionario provincial.

“Hay una fuerte decisión política para que así sea. No se trata solamente de darle las concesiones a una empresa para que haga minería de la forma que le parezca. La licencia social se construye a base de un fuerte sistema de diálogo entre el gobierno, los gremios, las empresas, los intendentes y la sociedad”, argumentó Terraz, quien cerró con el anuncio del Plan Unirse. Un ambicioso programa que determina “aportes solidarios” de las empresas mineras en relación al valor de venta.

Ese fondo, según detalló el Secretario, estará destinado a Salud, Desarrollo Social e Infraestructura de la provincia. Uno de los ejemplos concretos del beneficio del Plan, sería la llegada inminente del gas en Perito Moreno.

Se trata en síntesis, de lograr que la riqueza principal de la provincia pueda -finalmente- contribuir a sacar de la pobreza a cientos de personas y mejorar la calidad de vida de toda la población.

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