Pese a la promesa inicial de revisar la política de "privatización encubierta" en los puertos, el Ejecutivo crea por decreto un nuevo ente en el distrito que conduce el radical Gustavo Posse. Se suspende la transferencia de la terminal portuaria al distrito del Conurbano.

Pese a las polémicas, el Gobierno de Kicillof avanza con otro consorcio portuario

El Gobierno bonaerense anunció que creará el Consorcio de Gestión del Puerto de San Isidro, un ente público no estatal que tendrá carácter provisional, y ejercerá sus funciones por el plazo de dos años desde su conformación, prorrogable por iguales periodos según la concreción de objetivos.

Con esta medida, resistida por los sindicatos del sector, el Ejecutivo de Axel Kicillof ratifica su cambio de dirección en cuanto a la política portuaria, tras llegar al poder con la idea de retroceder con el control por parte de estos entes de las terminales bonaerenses.

El texto del decreto señala que la Ley Nº 11.414 de creación de los Consorcios de Gestión de los Puertos de Bahía Blanca y Quequén facultó al Poder Ejecutivo a instituir entes similares sobre la base de los existentes.

En tal sentido, recuerda que la Delegación Portuaria Dock Sud comprendía la unidad portuaria homónima e incorporaba las unidades portuarias de Olivos, San Isidro y Tigre, creándose luego la Delegación Portuaria Olivos, conformada por la unidad portuaria del
mismo nombre junto con las de San Isidro y Tigre.

Posteriormente, se excluyó la unidad portuaria Olivos de la Delegación, que pasó a denominarse “Delegación Portuaria Río de La Plata Norte” y comprendía las unidades portuarias San Isidro y Tigre, transfiriéndose a la municipalidad de San Isidro la explotación de la Unidad Portuaria homónima (es un puerto deportivo y recreativo) para que “promueva su desarrollo en el marco de las normas de ordenamiento territorial que le son propias y de cara a la fisonomía buscada para esa zona del partido”.

Tras mencionar algunos errores en el proceso de traspaso de la terminal al distrito que conduce el radical Gustavo Posse, que incluye una demanda judicial por parte de la Asociación Civil de Amarristas Deportivos del Río de La Plata, el decreto evalúa que "el Puerto de San Isidro constituye un enclave de vital importancia para los intereses y la calidad de vida de sus vecinos y el público visitante, de cara a las actividades deportivas que se realizan en dicho ámbito y la relación con los aspectos sociales y culturales de la comunidad.

En concreto, la iniciativa prevé la suspensión de la transferencia del mismo al municipio sanisidrense de la administración, hasta tanto se conforme el Consorcio, que administrará y aplicará el cuerpo tarifario vigente hasta que establezca su respectivo cuadro tarifario específico, previa aprobación de la Autoridad Portuaria Provincial.

El avance del Gobierno bonaerense en este tema se contradice con lo expresado por funcionarios y legisladores, luego de la designación de Juan Cruz Lucero, surgido del Centro de Economía Política (CEPA) y cercano al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, como nuevo subsecretario de Actividades Portuarias.

Las promesas de revertir el control de los puertos por parte de los consorcios, una política desarrollada por la administración de María Eugenia Vidal, parecieran quedar en el olvido con la creación de un nuevo ente, al que los gremios califican como "privatización encubierta".

De hecho, desde algunos sectores del oficialismo recuerdan que el Gobierno triunfante en 2019 mencionó la posibilidad de intervenir los consorcios (los acusó de ser entes oscuros y donde las sospechas de actos ilícitos eran grandes), y hasta se hizo pública la idea de enviar una nueva Ley de Puertos a la Legislatura bonaerense.

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