ENTRE SIDRA Y ROSCA
La Tecla
Redacción
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Tras la citación a declarar, intendente de Juntos denunció "maniobras judiciales dudosas"
El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, convocó a indagatoria al jefe comunal Martín Yeza en la causa en la que investiga el robo de “Tarjetas Alimentar” de la sede de la municipalidad. Luego, a través de sus redes sociales, el mandatario del PRO cargó contra "jueces militantes que cumplen ordenes de Cristina Kirchner" y alertó sobre intentos de destituirlo del cargo.
El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, citó a indagatoria al intendente de Pinamar Martín Yeza en la causa en la que investiga el robo de “Tarjetas Alimentar” de la sede de la municipalidad. Luego de esto, el mandatario local hizo un duro descargo a través de sus redes sociales, denunciando "maniobras judiciales dudosas" y un intento de destitución.
Según indicaron desde el juzgado pertinente, Yeza fue citado para ser interrogado como imputado este jueves a las 12. 30.
Hasta el momento, el caso de las “Tarjeta Alimentar” en Pinamar había apuntado contra los ladrones de las tarjetas, la secretaria de una funcionaria y los que aparecían cobrando los beneficios.
Pero en un cambio de rumbo, el juez Bava reactivó una segunda parte de esa investigación en búsqueda de responsabilidades políticas en esa presunta malversación de fondos del Estado.
Por este motivo, el juez procesó a dos funcionarios de Pinamar por presunta negligencia o imprudencia frente a ese robo que provocó una defraudación de dos millones de pesos. Una de las procesadas era la denunciante de la causa; mientras que ahora le toca el turno a indagatoria al intendente Yeza para que dé explicaciones sobre por qué no habría dictado medidas en el marco de su cargo frente a este causa.
La respuesta de Yeza
Luego de que se conoció la citación al Intendente, el propio Yeza utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo. Afirmó que se presentará ante la justicia porque no tiene "nada que esconder", aunque lo estén "citando sin fundamentos legales" y sin decirle "de qué" lo acusan.
“Quiero que sepan dos cosas: fueron funcionarios municipales los que realizaron la denuncia y segundo, que los responsables del robo están procesados y con prisión preventiva. Están presos, efectivamente”, comenzó el mandatario del PRO.
Yeza definió la citación como parte de “maniobras judiciales dudosas con la finalidad de crear inestabilidad política en nuestra ciudad”, para luego referirse al “estado actual del país bajo el gobierno kirchnerista”.
En esa linea, afirmó que "el populismo en su versión kirchnerista" nombra “jueces adictos a ellos mismos y lo hacen desde su mayoría histórica en el Senado”, los cuales realizan “aprietes judiciales”
“Basta de esta decadencia judicial, de jueces militantes que cumplen ordenes de Cristina Kirchner, del Instituto Patria y La Cámpora”, reclamó.
Fue así, que Yeza denunció que “hay sectores políticos" de Pinamar "que usan estas operaciones judiciales para beneficio propio y obtener una tajada en las próximas elecciones”
“Son los mismos que estuvieron sistemáticamente en contra de todo lo que hicimos; del desalojo de las usurpaciones; que callan ante el ataque constante del Gobierno provincial sobre nuestra ciudad; y que dicen ahora abierta y públicamente que se debería iniciar un proceso de destitución de mi figura como intendente” , denuncio.
Antecedentes del conflicto
A finales de Julio del corriente año, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, intimó al intendente de Pinamar, Martín Yeza, a que devuelva más de dos millones de pesos por el caso del presunto fraude con las Tarjeta Alimentar, hecho que sigue bajo investigación por parte del Poder Judicial.
"Me dirijo a Ud. en mi carácter del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, atento a la situación generada con causa en el desvió de fondos en beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Municipalidad de Pinamar en la Cláusula 7° del Convenio suscripto con el Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020", comienza la carta documento.
Tras detallar la denuncia penal que presentó el Banco Provincia por este hecho, la carta documento "intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio (de Desarrollo Social) citado de la suma (...) que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990".
Para sumar más leña al fuego, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, retwitteó una nota periodistica sobre el presunto fraude y añadió la frase de Perón: "Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada"
La polémica empezó a principios de este año, con la denuncia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Nora Ponce, por presuntas irregularidades en el reparto de esta asistencia social oficial, que llevó a la detención en marzo pasado de dos funcionarias de esa área acusadas de haber robado lotes de la Tarjeta Alimentar para llevar a cabo un desvío de fondos.
Según la denuncia que tramita en la fiscalía de Dolores la maniobra fue realizada por la dos funcionarias y otras cuatro personas -que también fueron detenidas en marzo- consistió en transferirse el crédito de 250 tarjetas por más de 2 millones de pesos.
La justicia también procesó a José “Pepito” Fons, marido de Ríos, a Nicolás Ambao, Carlos Fabian Rosas, y Diego Borea, de 40 , que trabajaba como sereno en una empresa de logística, fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $ 592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000. Todo fueron acusados por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.
Pero cuando la causa parecía encaminarse hacia juicio oral, el juez Bava activó la indagatoria de Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, acusados de haber llevado adelante actos que, por acción o negligencia, permitió que ese grupo de personas se apoderara de dinero del Estado.
Según el fallo, Bava aseguró que como Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar Tumas “omitió realizar los deberes propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a un dependiente que estaba bajo su órbita jerárquica (Nora Ponce) quien tenía a su cargo la ejecución, implementación y entrega de los plásticos de débito del programa Tarjetas Alimentar a sus beneficiarios”.
En el documento se añade que Ponce, mientras se desempeño como Directora de la Dirección de Gestión y Control Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar (diciembre 2019/febrero 2021) deliberadamente omitió realizar los deberes propio de su cargo y deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” del programa “Programa Alimentar” relativas al Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre” que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas (entre ellas Andrea Ríos) sustrajeran los efectos y caudales cuya administración y custodia estaban confiadas en función de su cargo”.
En noviembre una persona se presentó a reclamar su tarjeta y a raíz de eso constató que varias de las tarjetas que estaban para entregar tenían “irregularidades”: registraban consumos que no fueron hechos por sus titulares. Fue por eso que se reportó la situación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Banco Provincia y a la asesoría Letrada de la Municipalidad, situación que derivó en la denuncia penal.
La Tarjeta Alimentar fue una de las primeras iniciativas de la gestión del presidente Alberto Fernández, impulsada por el ministro de Desarrollo Social de ese momento, Daniel Arroyo.