1 de diciembre de 2021
ORDEN DEL JUEZ BAVA
Macri procesado por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan
El titular interino del Juzgado Federal de Dolores encontró responsable al ex presidente de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino desaparecido entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Además, el magistrado lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.
El ex presidente Mauricio Macri fue procesado por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, por una resolución firmada por el juez federal interino de Dolores Martín Bava
El magistrado encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018. Además, el juez lo embargó por la suma de 100 millones de pesos.
“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez en la resolución de 171 páginas.
Según reportó el portal Infobae, El propio Macri le había dicho al juez que no iba a contestar preguntas porque consideraba que el “estaba apurado por procesarlo” para cumplir con los tiempos electorales, en referencia a las elecciones legislativas de noviembre
Bava firmó el martes el procesamiento de dos ex jefes del área Contrainteligencia de la central de espías, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, y allí escribió un párrafo que afirmaba: “es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado al margen de los sucesos”. Las autoridades de la AFI ya están procesadas.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.
Los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.
Después de dos intentos de apartarlo de la causa, Bava -subrogante del juzgado federal de Dolores- decidió demorar unos días para pedir una serie de testimonios solicitados por la defensa, y también los registros de las visitas que hicieron a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya procesados en esta investigación.
En sus indagatorias, los ex directivos de la AFI rechazaron las imputaciones. Arribas se quejó de que los responsables del área Contrainteligencia del organismo no hubieran sido convocados como sospechosos, mientras que Majdalani aseguró que durante su desempeño como “la señora ocho” en la AFI existía el “Departamento de Enlace con la Casa Militar” porque “a pesar de que la seguridad del Presidente está a cargo de la custodia presidencial y la Casa Militar, la AFI tiene que cumplir con su obligación y estar. No solo hacer el previo, sino estar en el durante. Durante la actividad presidencial, la AFI recorre el perímetro del lugar”.
Pero para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”. “Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.
En su defensa, Macri sostuvo que jamás ordenó ni posibilitó “la realización sistemática de tareas de inteligencia” prohibidas, ni espió ni ordenó espiar a nadie. También afirmó que la acusación implica desconocer cómo funciona el sistema de custodia presidencial y aseguró: “soy absolutamente inocente y repudio la parodia que se monta con esta descabellada imputación en mi contra”. Además lo acusó de desconocer cómo funcionaba el área Avanzada Presidencial que dependía de la AFI.
Ahora, la defensa de Macri apelará la resolución ante la Cámara Federal de Mar del Plata. En esa instancia fracasó dos veces en el intento por apartar al juez Bava. Hay, de todas maneras, un recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar a ese magistrado por prejuzgamiento y temor de parcialidad.
A la vez, sigue activo el plan para que el caso pase a los tribunales federal de Comodoro Py. Para el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, “sólo con recordar dónde se encuentra la Casa Rosada alcanza para desarticular este absurdo, y para reconocer que cualquier conducta de un Presidente de la Nación que se quiera investigar deberá serlo ante la jurisdicción de la CABA. Ese planteo fue hecho ante el juez Ariel Lijo, que -debe resolver si le reclama la causa por el espionaje del Ara San Juan a su par de Dolores y se genera así una discusión por la competencia.
La discusión sobre la potestad de Comodoro Py para investigar no es nueva ni tampoco está saldada. Hasta ahora, el juzgado federal de Dolores logró quedarse al frente de las investigaciones que nacieron bajo su jurisdicción y que están atadas de un hilo: el caso D’Alessio, la causa por el espionaje en las bases AMBA y ahora el caso del espionaje a las víctimas del Ara San Juan.
Otra causa por espionaje durante el macrismo creció por afuera de Comodoro Py: la investigación que se sustanció en Lomas de Zamora y que tuvo entre sus víctimas a la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente, sin embargo, ya quedó radicado en los tribunales de Retiro donde se están revisando los procesamientos dictados a los ex directivos de la AFI, del Servicio Penitenciario y a un grupo de espías, penitenciarios y policías. En esa causa fue imputado Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri y hoy diputado electo, quien tiene una falta de mérito.