El intendente marplatense hizo una presentación ante el Juzgado en lo Criminal Correccional Federal N°11, que investiga los registros del Censo 2010. Asegura que la distorsión en la cantidad de habitantes del distrito afecta a General Pueyrredón en el reparto de la coparticipación.

Montenegro se presentó como querellante en la causa por posible adulteración de la población en La Matanza

Con información de La Tecla Mar del Plata

El intendente Guillermo Montenegro se presentó como querellante en la causa por posible adulteración de la población en el municipio de La Matanza en el Censo 2010.

La presentación se realizó ante el Juzgado en lo Criminal Correccional Federal N°11, donde radicó en su momento una denuncia Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero. En la causa se investiga la “posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano 27% más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.

Patrocinado por los letrados Mauro Martinelli y Ana María García de Righi, el intendente plantea que esta distorsión “puede verificarse a través de tres parámetros que resultan de registros llevados por organismos públicos tales como: población vacunada (Ministerio de Salud de la Nación), electores habilitados a emitir sufragio (Cámara Nacional Electoral) y matrícula educativa (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires)”.

En esa línea, Montenegro remarca los bajos niveles de matrícula educativa de La Matanza, del orden del 14,73% de su presunta población, por debajo de otros distritos bonaerenses, que están por encima del 20%. “Sin demasiado esfuerzo se verifica que el partido muestra una proporción inusualmente baja sin existir una justificación objetiva que la sustente frente a la homogeneidad de los números de los restantes municipios. No existe fenómeno demográfico que avale las distorsiones expuestas”, se advierte en el documento al que accedió este medio.

Frente a esta situación, el intendente de la ciudad esgrime que la “referida irregularidad impacta de manera directa en la distribución de la coparticipación secundaria entre la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la conforman, ya que distorsiona la principal variable de conformación del Coeficiente Único de Distribución (CUD), índice que determina las proporciones en las que se reparten los recursos provinciales”.

Y agrega: “Desde que un incremento genuino o ficticio del CUD de un municipio incide directa y favorablemente sobre su porción de masa coparticipable, en detrimento de las demás intendencias, se requiere para su conformación de datos certeros, basados en registros de organismos nacionales”.

Ante estas consideraciones, Montenegro sentencia que “General Pueyrredón podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires, en función de registros nacionales adulterados”. Motivos suficientes para encontrarse “legitimado” en ser querellante.

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