La próxima semana podría tener el cuarto despacho de comisión la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Ya tiene el visto bueno de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación General y llega a Presupuesto e Impuestos. La sesión podría realizarse el jueves 30 y requiere mayoría simple para su aprobación.

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La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense dio el martes el visto bueno a la reforma previsional de los empleados del Bapro, que ya tenía despacho favorable de Justicia y Asuntos Constitucionales, con modificaciones.

Así, solo resta que la iniciativa del Ejecutivo pase por una de las comisiones clave, la de Presupuesto e Impuestos, para que se complete el recorrido y pueda ser llevada a debate en el recinto, en principio el próximo 30 de este mes.

Según pudo saber La Tecla.info, la última escala del proyecto tendrá lugar el próximo martes 21 de junio a las 15, en el grupo de trabajo que preside el oficialista Juan Pablo de Jesús.

En un principio se especulaba con que el Frente de Todos podría saltarse este último paso previo a la discusión en el recinto, al tener tres dictámenes favorables. Sin embargo, la decisión fue que vaya a Presupuesto, tras las advertencias de la oposición acerca de que el reglamento disponía que era necesario hacerlo.

Desde Juntos argumentaron que el artículo 123 del reglamento parlamentario sostiene que "en ningún caso podrán ser tratados sobre tablas sin despacho de comisión los proyectos que autoricen gastos".

En Presupuesto el oficialismo cuenta con mayoría para darle el último despacho favorable, y se requeriría mayoría simple (la mitad más uno de los votos) para aprobarlo en sesión ordinaria. Por el oficialismo están en condiciones de levantar la mano, además de De Jesús, Valeria Arata, Walter Abarca, Fabio Britos, Mariano Cascallares, Rubén Eslaiman, Carlos “Cuto” Moreno y Micaela Oliveto. Serían ocho votos favorables contra seis de Juntos (Matíaz Ranzini, Pablo Domenichini, Maricel Etchecoin, Claudio Frangul, Daniel Lipovetzky y Sergio Siciliano) y uno de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo.

Para que la norma sea aprobada el oficialismo apunta a negociar con los radicales (el PRO adelantó su rechazo), que podrían ordenar la abstención de algunos de sus legisladores para facilitar la aprobación. Además, podría contar con el apoyo de la izquierda y otros diputados de bloques habitualmente aliados.

El paso por Legislación General, presidida por el massista Rubén Eslaiman.

Una situación que sería más compleja en el Senado, donde la paridad es total entre Juntos y el Frente de Todos: tienen 23 manos cada uno, y podría desempatar la presidenta del cuerpo y vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

La iniciativa fue una promesa de campaña que selló ante el secretario General del gremio de los bancarios, el diputado nacional Sergio Palazzo, uno de los sindicalistas preferidos del kirchnerismo.

El debate mostró diferencias entre el radicalismo y el PRO en las comisiones, incluso cambios de posición de los diputados boina blanca. Mientras que en la comisión de Previsión la UCR se abstuvo, en Legislación General votaron en contra junto con el PRO y Avanza Libertad.

En Asuntos Constitucionales volvió a introducírsele modificaciones, amén de las que había realizado ya la de Previsión y Seguridad Social. En realidad, fue una vuelta atrás para reafirmar aspectos del proyecto original: el 82% móvil en base a las últimas 120 remuneraciones mensuales y no sobre el mejor sueldo en los últimos cinco años.

Sí se mantienen, en cambio, aspectos como la paridad de género en el directorio de la caja del Bapro y la jubilación a los 60 años para las mujeres. En el caso de los hombres que no reúnan los 35 años de servicio, la edad mínima requerida será 70 años.

El debate del proyecto se había “caído” luego de que los halcones del PRO boicotearan el acuerdo sellado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (también había participado el titular de la bancada de Diputados opositores, el radical Maximiliano Abad), y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, que finalizó con el portazo del alcalde del Conurbano a seguir integrando la Mesa Provincial de Juntos.

La reforma, impulsada por Cambiemos en tiempos de María Eugenia Vidal, generó una avalancha de presentaciones judiciales, y la Asociación Bancaria presentó un recurso para que se declarara la inconstitucionalidad de la norma.

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