En el marco de la campaña “¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?”, distintas organizaciones ambientales de Baradero se organizaron para determinar la presencia o ausencia de Glifosato y su metabolito AMPA. MIentras tanto, la Justicia avanza con la problemática en otros distritos

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En el marco de la campaña “¿Qué agua tomamos, qué aire respiramos?”, distintas organizaciones ambientales de Baradero se organizaron para determinar la presencia o ausencia de Glifosato y su metabolito AMPA en el cuerpo de alumnos, alumnas y una docente que asisten a una escuela rural de la mencionada localidad bonaerense.

Desde la agrupación Acción Ambiental Baradero, detallaron que las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Farestaie de la localidad de Mar del Plata y a partir de la mismas se confirmó la presencia de glifosato y AMPA en el 40% de los integrantes de una escuela rural.

“Los resultados arrojaron un 40% de positividad del total de muestras enviadas, siendo que todas eran de alumnos y una docente perteneciente a la comunidad educativa de una misma escuela rural”, indicaron desde Acción Ambiental Baradero.

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Desde la agrupación ambiental además señalaron: “Exigimos a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto, asuman de una vez su responsabilidad por la cual fueron elegidos como representantes del pueblo y hagan valer, al menos, el artículo 41 de la Constitución Nacional. El derecho a una infancia libre y el goce pleno de la salud, debe ser impostergable y que deben hacer cumplir los funcionarios y concejales de manera unánime, sin grietas y mezquindades políticas. Bregar por la salud de todos y todas quienes estamos expuestos de manera directa e indirecta al uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes en el partido de Baradero, es una de sus funciones.”

Cabe recordar, que el pasado mes de mayo, el titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que -según la acusación- ignoraron la aplicación de la normativa vigente y permitieron la fumigación con agroquímicos en campos lindantes a la zona urbana.

La investigación se inició como un desprendimiento de la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde se investiga a los propietarias de los campos fumigados por contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, como es el caso del glifosato.

De acuerdo a la denuncia de distintas vecinas y vecinos de Pergamino, entre los años 2015 y 2019, las autoridades municipales, a través de la Dirección de Ambiente Rural, no controlaron las sustancias con las que se fumigaban los campos próximos a la zona urbana, ni la forma en que ello se hacía, lo que implicó una violación al Decreto Municipal N°8126/2014, que regula el uso y aplicación de sustancias fitosanitarias.

También denunciaron que el ingeniero agrónomo Naranjo y el veterinario Tocalini –en sus calidades de auditor y titular de la Dirección de Ambiente Rural- fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, el fiscal Di Lello entendió que los dos hombres “no cumplieron acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8126/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.

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