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14 de agosto de 2022

CRISIS ECONOMICA

Planes, inflación y dólar: el Gobierno busca acomodar todos los frentes pensando en 2023

En el Ministerio de Economía definen los detalles del DNU para transformar planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal; mientras que en la Casa Rosada resaltan el clima de "una nueva etapa" en la administración. Además, se enfocarán en acuerdos de precios para contener la inflación. Qué pasará con el dólar.

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Tras la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía con amplias facultades en el aparato financiero y productivo del país, quedó claro que el objetivo del Frente de Todos está enfocado en lo que pueda pasar dentro de 365 días, cuando haya que definir el nuevo rumbo del país por los próximos cuatro años.

Logicamente, todo lo que suceda en el día a día en la rutina política, económica y social del país, será lo que configure el camino de cara a una nueva elección. Es que el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa para tome las riendas de la maquinaria política, es la muestra de todo lo que se juega el peronismo en los próximos meses.

La tarea no es sencilla: una inflación sin registro en los últimos 20 años, escasas reservas en el Central, y una presión social contenida gracias al tejido de asistencia pública que se construyó en las últmas dos décadas.

En ese sentido, el Gobierno renovado buscará dar respuesta a la crisis económica multicausal que atraviesa.

Gobierno piensa en un DNU para convertir planes en trabajo formal

Según informó este domingo el medio Ámbito, el Gobierno nacional tiene listo un decreto de necesidad y urgencia para avanzar en la reconversión de los planes sociales en fuentes formales de trabajo. De acuerdo al borrador al que tuvo acceso el medio, los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio.

El programa “Puente al Empleo” se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica a la medida. De acuerdo al decreto, el trabajador mantiene de manera temporal por 1 año la estabilidad del plan social. Cumplido ese plazo, debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios que implica la cobertura legal del mercado laboral (indemnización futura).

Este programa permitiría además avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales.

Al presentar sus primeras medidas al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría. El reordenamiento de los planes sociales dará esta semana un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.

La meta es que el “Puente al Empleo” permita sumar a la economía formal unos 200.000 trabajadores que hoy funcionan en el marco de la llamada “economía social”.

En base a datos de la estructura de empleo de la Argentina, según la cantidad de trabajadores que ocupan las empresas, el programa apunta a incorporar al trabajo formal en empleadores cuyas plantas laborales sean de hasta 100 trabajadores, un universo que abarca nada menos que el 98% de las empresas que emplean gente en la Argentina, según precisa –con cifras a mayo pasado- el Boletín de Seguridad Social.

Qué pasará con las auditorías

Además de impular el “Puente Empleo”, Massa apoya la iniciativa del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de Auditorías y Controles sobre el funcionamiento y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en especial en la provincia de Buenos Aires, mediante el relevamiento de la situación social, laboral y productiva de las llamadas “unidades de gestión”. La voz de orden es que a los beneficiarios que no cumplan con sus obligaciones se les quitará el plan.

La inflación es una de las principales preocupaciones; pero no la única

En la Rosada esperan semanas de mayor tranquilidad pese al dato de inflación que se conoció el jueves de 7,4 por ciento en julio, una cifra récord después de 20 años. Está claro que ese número no pertenece a la gestión del flamante ministro y auguran una disminución gradual para los próximos meses.

Lo cierto es que la mala noticia buscaron compensarla con un aumento a las jubilados de 15,53 por ciento y un refuerzo de 7.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre, que llevará a la mínima a 50.353 pesos.

Los gremios piden más diálogo

La CGT le viene demostrando a la dirigencia política que, a pesar de las diferencias internas, sostiene el concepto de unidad. Y no desde el espíritu corporativista, sino de instinto de supervivencia. "Sabemos que enfrente están Milei, Espert, Patricia Bullrich, Macri y varios más con la reforma laboral, previsional y de salud en la mano para aplicar apenas asuman. Por eso debemos seguir apoyando y bancando a este Gobierno", señaló a iProfesional un referente gremial.

Sin embargo, según deslizó el medio Iprofesional, muchos se quejan de la falta de comunicación de Massa. "Hubo algún llamado, pero a esta altura esperábamos por lo menos una reunión de la mesa chica de la CGT", se quejó el dirigente, que recordó: "El ex ministro (de Economía) Martín Guzmán vino a Azopardo a explicar el acuerdo con el FMI". Y añadió: "Después hizo un desastre, pero tuvo una actitud política que hoy no vemos".

Acuerdo por salarios y precios, una idea que nunca funcionó

Los aumentos de precios profundizan la caída del poder adquisitivo del salario dado que los incrementos de los ingresos no alcanzan a los de los precios de los artículos de primera necesidad.

En las últimas décadas, nuestro país siempre recurrió a este tipo de acuerdos desde diferentes versiones: como el congelamiento hasta los clásicos cronogramas de aumentos acordados. Sin embargo, el resultado siempre llevó al camino del proceso inflacionario similar al que existía o más grave.

En sus primeros días como secretario de Comercio, Matías Tombolini, tuvo una serie de reuniones, especialmente después de que se conoció el dato del Indec.

En entrevistas periodísticas dijo que comprende el impacto que tienen los aumentos en la calidad de vida de los consumidores y planteó un mensaje de confianza a futuro a partir de la «hoja de ruta» que traza el ministro de Economía, Sergio Massa.

En esa línea, admitió que «la preocupación por la inflación es máxima» y se permitió expresiones populares, pero poco ortodoxas, como cuando declaró a una radio que está «recaliente» con los aumentos de los precios de la indumentaria. El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, fue otro de los funcionarios que paseó por los medios con esa doble estrategia de comprensión y proyección.

A la hora de la política, en el entorno de Tombolini creen que la posibilidad de bajar los precios dependerá de lo que puedan hacer tanto Massa como las facciones restantes del Frente de Todos con el déficit fiscal, el superávit comercial, el acuerdo con el FMI, las reservas y otros temas, para encaminar un horizonte macroeconómico que definen como condición sine qua non para que las medidas micro tenga el impacto que esperan.

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