Luego de la compra millonaria realizada por Educación a principios de mes, desde el bloque opositor presentaron un pedido de informe para determinar si hubo sobreprecios.

Desde el PRO presionan al Gobierno por presuntos sobreprecios en la compra de ventiladores

A principios de marzo, la cartera comandada por Alberto Sileoni adquirió 3740 ventiladores para hacerle frente a la ola de calor por un valor total de $149.600.000.

De acuerdo a lo explicitado en el documento oficial de la Dirección General de Cultura y Educación el precio por unidad, según se desprende de la planilla oficial, es de 40 mil pesos.

Sin embargo, una rápida búsqueda por diversas páginas web muestra que aparatos similares (marca Protalia de pared, de 20 pulgadas con aspas metálicas), se puede conseguir a un precio de entre 20 y 30 mil pesos.

Obviamente, una compra de semejante envergadura obligaría a una cotización menor para las arcas del Estado.

En ese marco, la senadora PRO Lorena Petrovich presentó un pedido de informe para determinar si hubo sobreprecios en la compra de los artefactos.

En el proyecto dirigido al Poder Ejecutivo, Petrovich solicitó que se brinden detalles “pormenorizados” de cómo fue el proceso de compra de ventiladores y que se remitan al Senado las copias de los pliegos que regularon la selección del oferente y establecieron las pautas de evaluación de las ofertas.

En relación a esto, también requirió que se informe el “precio de venta al consumidor” de los ventiladores que tenían las tres empresas de electrodomésticos con mayores ventas en la provincia de Buenos Aires a la fecha de elección del oferente, es decir, previo al 3 de marzo.

En otro orden, la quilmeña puso bajo la lupa el criterio de asignación por parte de Educación, al destacar que sólo 69 de los 135 distritos recibieron ventiladores y dos tercios de esos territorios son administrados por intendentes del Frente de Todos.

“Resulta a todas luces necesario aclarar cuál ha sido el basamento de tal determinación a fin de ejercer el debido control ante la posible utilización de recursos públicos con sesgo partidario”, señaló Petrovich.

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