Con el impulso de Río Negro, desde el Ejecutivo nacional se elevó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar la producción de hidrógeno. El rol de los inversores y el problema territorial

La apuesta por una nueva Ley de Hidrógeno

Vía La Tecla Patagonia

El pasado 18 de mayo, en el marco del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023, que se realizó en Bariloche, la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció la elevación del proyecto de Ley de Hidrógeno al Congreso Nacional. La nueva iniciativa busca renovar una norma similar a la sancionada en 2006, cuya vigencia expiró hace dos años.

Entre los puntos principales de la propuesta, que formalmente recibió el nombre de proyecto de Ley de Promoción del Hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero e ingresó en la Cámara de Diputados a finales del mes pasado, se establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y que tendrá una duración de 30 años. Asimismo, habrá una serie de beneficios fiscales para quienes quieran invertir, como una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, acreditación y/o devolución anticipada al Impuesto al Valor Agregado, una extensión del plazo para computar los quebrantos y la deducción de la carga financiera del pasivo financiero. Además, se permite una liberación del 50% al acceso del mercado de divisas para exportaciones relacionadas con la producción de hidrógeno.

En el texto también se instruye la creación de un Fondo de Afectación Específica para financiar proyectos de equipamiento y de proveedores de bienes de alto contenido tecnológico relacionados al tema. Otro punto insta a la conformación de la Agencia Nacional del Hidrógeno (ANHIDRO), que tiene como responsabilidad primaria asesorar en materia técnica y regulatoria a la autoridad de aplicación.

La normativización de la producción de hidrógeno ha sido un tema de especial interés para la región patagónica, principalmente para Río Negro, que espera potenciar a Argentina en el mercado de las energías renovables a un mediano plazo, con la puesta en marcha de un anticipadísimo proyecto, proveniente de la empresa australiana Fortescue, para generación de hidrógeno verde, cuya inversión inicial alcanzaría los 8,4 mil millones de dólares y tendría como meta llegar a una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales de H2 para el 2050.

Días previos al anuncio de presentación del proyecto de ley se rumoreaba que la firma del país oceánico había puesto en duda su despliegue en territorio nacional para enfocar su trabajo en Brasil. No obstante, la compañía ratificó sus intenciones de instalarse en Argentina, con la condición de celeridad para la sanción y reglamentación de un marco normativo.

En abril de 2022, Río Negro ya había allanado el terreno para la llegada de Fortescue. En ese momento, la Legislatura local aprobó la declaración de interés público provincial del proyecto de la empresa australiana para la región. De ese modo se dio luz verde para el emplazamiento de una planta de hidrógeno verde y una zona Franca en Sierra Grande, para lo que se contempla la concesión de unas 625.000 hectáreas de terrenos fiscales.

Más allá de las expectativas que se puedan tener en cuanto a la puesta de producción masiva de hidrógeno verde en la Patagonia, todavía quedan un par de problemáticas a resolver que involucran el uso de la tierra y que tiene como protagonistas a los productores ganaderos y a la comunidad mapuche.

Los primeros vienen advirtiendo desde hace un tiempo para que la transición energética, que representa la instalación de parques eólicos, no afecte de manera negativa su actividad con el vaciamiento de los campos.

En cuanto al pueblo mapuche, recientemente se insistió para acelerar el proceso de consulta previa, libre e informada con respecto a la población indígena, ya que varios lugares donde está planeado llevar a cabo los proyectos tienen un reclamo territorial.

ING. Juan Carlos Bolcich (Especialista en hidrógeno)
“El espíritu del proyecto de ley es positivo, hay que avanzar rápido”

En diálogo con La Tecla Patagonia, el doctor en física Juan Carlos Bolcich consideró sobre los avances para lograr un marco normativo de producción de hidrógeno que “esperemos optimizar todo esto, para alcanzar un equilibrio entre los inversores que puedan tener disponibilidad de sus recursos, porque en las primeras etapas se debe importar bastante, y después, para los costos y amortizaciones, también es necesario contar con moneda extranjera”.

Sobre esa línea, el académico aseguró que “Argentina tiene asumido un compromiso para la mejora del ambiente, no solo para nosotros, sino también exportando hidrógeno verde a donde vayan surgiendo los mercados. Esto ya está empezando, no es inmediato, pero hay que prepararse con esfuerzo, estructura, producción”. Y agregó: “Yo creo que si se dan las condiciones es porque los mercados están progresando. Incluso hay potencial para un mercado nacional de sustitución de importaciones que avanzaría a medida de que el hidrógeno verde se haga más económico”.

Puntualmente, en cuanto al proyecto de Ley de Hidrógeno, Bolcich comentó que “la ley es muy razonable, hay pequeños ajustes, pero si queremos la ley perfecta no vamos a llegar nunca. Ojalá que sea tratada rápidamente, pase al recinto y

se pueda discutir para que se apruebe. Obviamente, después viene la reglamentación, la cual entiendo que esta vez va a ser rápida; y después hay otros aspectos regulatorios, porque el hidrógeno involucra a varias tecnologías en particular, por cuestiones de seguridad.

Orlando Carriqueo (Referente Mapuche)
“La lucha contra el cambio climático implica discusiones más profundas”

En intercambio con La Tecla Patagonia, el werkén de la comunidad mapuche afirmó que “el cuestionamiento es que ese proyecto se impulsa sin la consulta libre, previa e informada a las comunidades, que es un proceso en el cual los estados, tanto nacional como provincial, están obligados a realizar, porque el área donde se quiere desarrollar está protegida”. En tal sentido, Carriqueo remarcó “que tiene que haber un proceso de consulta amplio, porque la cesión de 625.000 hectáreas a la empresa australiana implica, fundamentalmente, desconocer el derecho indígena”.

El representante de la comunidad indígena dijo además: “Quiero dejar en claro que lo que nosotros estamos planteando es discutir profundamente los alcances del proyecto y cuáles son los reales beneficios para la sociedad. Y creo que en ese sentido no va a haber muchos beneficios”; y cuestionó la duración de los puestos de trabajo prometidos por Fortescue.

Sobre esa línea reflexionó: “Creo que hay una necesidad de discusión social profunda. No alcanza con discutir solamente con el Gobierno, porque si no parece que nosotros nos estamos oponiendo al trabajo, pero la verdad es que el discurso del progreso como tal ha sido siempre un mecanismo para poder llevar adelante procesos que dejan por fuera cualquier beneficio para las comunidades; solo quedan en pérdidas territoriales, dificultades para llevar adelante el modo de vida, que también es un derecho internacional, nacional y garantizado”.

Por último, Carriqueo explicó que “nosotros tenemos un organismo de cogestión con el Estado provincial que se llama CODECI y está bajo la órbita de la coordinadora; también es la parte que aplica la Ley Integral Indígena en la provincia de Río Negro y entendemos que tiene que ser parte de ese proceso”.

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