12 de noviembre de 2023
MINERIA
Comunidades mapuches de Río Negro buscan frenar el avance de la megaminería
El gobierno provincial cedió permisos de exploración a una empresa minera australiana, y la comunidad mapuche reclama por el incumplimiento de la instancia de consulta previa a las comunidades que habitan la zona. La Tecla Patagonia dialogó con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, y con Teresa Hube, defensora oficial de la causa
Nuevamente la Patagonia es protagonista en conflictos territoriales, en esta oportunidad la Comunidad Mapuche de Río Negro intenta evitar el avance de la mega minería en los territorios que habitan.
El centro del conflicto es algo que se replica en varias provincias argentinas, y tiene que ver con que existe en un artículo dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que las comunidades originarias tienen el derecho a gozar de una Consulta Previa, Libre e Informada sobre el uso de sus tierras, la cual debe mediar por un proceso de diálogo no condicionado. Este convenio tiene alcance supralegal en Argentina, es decir está por encima de todas las ordenanzas, leyes o decretos, cualquiera sea el órgano que las imparta. A pesar de esto, no se lleva adelante el proceso de consulta previa en muchos casos vigentes, por lo que los conflictos territoriales entre las comunidades originarias y los gobiernos provinciales y empresas privadas no cese en la Patagonia hace varios años.
En este caso, el gobierno de la provincia le cedió a la empresa minera australiana Ivael Mining, la cual declara domicilio en la capital de San Juan, ubicación destacada entre los distritos mineros del país, y se constituyó en agosto de 2019 para la extracción de minerales metalíferos no ferrosos, más de 50.000 hectáreas ubicadas entre Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, las cuales serían usadas, en primera instancia, para realizar exploraciones en búsqueda de oro, plata, y un segundo pedido para buscar litio. Ante esto, la comunidad reclama ante la justicia que se lleve adelante el proceso de consulta, por lo cual el Juzgado Multifueros de El Bolsón falla para que se prohíba cualquier tipo de exploración, o actividad de la industria en la zona, hasta en tanto se haga efectiva la consulta.
El fallo fue revocado posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia, con el argumento de que la resolución era contradictoria, haciendo alusión a que se habían aceptado los estudios ambientales previos, pero aun así se paralizaban las exploraciones. En cuanto a la consulta previa, el STJ considero que la misma es “prematura” porque todavía no hay autorizaciones mineras otorgadas, sino que son instancias de pedido de exploración.
Los jueces que integran el tribunal que tomó esta decisión, Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Barotto y Liliana Piccinini, argumentan no tener certezas de si las tierras que habitan los pueblos originarios se corresponden con las zonas que abarcan los permisos.
La Tecla Patagonia dialogó con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche en Río Negro, quien dejó en claro que la comunidad no permitirá el ingreso de las empresas al territorio y que cerraran las tranqueras para impedir el avance de las maquinas, por tiempo indeterminado. Además, mostró su desacuerdo, y el de toda la comunidad, con respecto a las “políticas extractivistas del gobierno provincial, es el adn de todos los gobiernos, esto pasa también en Jujuy, en otras provincias y en toda Latinoamérica”.
En este sentido, consultado por las respuestas por parte del gobierno, Carriqueo señala que desde el Ejecutivo no hay respuestas concretas sobre la consulta, sino que se están llevando adelante “protocolos de acercamiento comunitarios” pero que no se adecuan a la normativa del Convenio 169, y no son una consulta previa. Además, sostiene que “el gobierno tiene que saber si hay consentimiento o no, y para esto tiene que desarrollar la Consulta Previa, Libre e Informada, que, por supuesto ya no es previa, y tampoco es libre porque hay mucha coerción, en otras comunidades las empresas buscan convencer y separar a las comunidades con un mecanismo muy cruel” sentenció Carriqueo.
El referente mapuche también remarca que hubo cuatro amicus curiae en defensa de la postura de la comunidad, entre los que estaban la Defensoría General de la Nación, la iglesia a través del Proclade, el CELS y una entidad de profesional de tejidos indígenas de Viedma, ante la Cámara de Minería.
En lo que respecta a los papeles y al registro de propiedades, Carriqueo aseguró que la comunidad mapuche Mariano Solo cuenta con los papeles que constatan que ese territorio les pertenece, y que Ancalao obtuvo un decreto en el gobierno de Roca que acreditaba que las tierras, y que después fueron reconocidos en dos momentos más, uno previo dictadura y otro post.
La abogada defensora, Teresa Hube, también diálogo con LTP y comentaba en primer lugar que las 50.000 hectáreas son el número total de la suma de peticiones que hizo la empresa, están distribuidas en diferentes espacios dentro de la provincia, por eso hay más de una comunidad mapuche afectada, y Hube patrocina a la comunidad Ancalao.
El reclamo de la comunidad, según comenta la defensora, inicia en búsqueda de una respuesta de por qué el gobierno no consultó previamente a las comunidades.
Ante esto, se presentó un amparo ambiental que "da un procedimiento corto y especial para estas situaciones, se inició en El Bolsón porque ahí está la comunidad Ancalao, pero hay otras comunidades afectadas" señaló Hube, y agrego que ante el amparo "la provincia no dijo nada, en la audiencia dijeron nosotros cumplimos con la ley y hacemos lo que la ley dice".
En cuanto al proceder de las comunidades, la defensora destacó que "las comunidades tienen una forma de comunicarse y de tomar decisiones que debe ser respetada, ellos trabajan con mucha horizontalidad y esta forma puede llevar tiempo, y requiere de una labor por parte del gobierno".
Desde la defensa, en conjunto con la comunidad, se le ofreció "que esto genere un método de consulta, un protocolo, nos ofrecemos a qué juntos trabajemos en ese protocolo" pero deja en claro que nunca se avanzó en este aspecto.
En cuestiones legales, en primer término, se hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo todas las actividades y "después el STJ lo hecho para atrás".
La sentencia definitiva dice que "el juez no logro establecer la correlación entre las acordadas que dicen las empresas mineras que quieren explotar y la superficie que las comunidades dicen que están. Entonces como no está probada esas acordadas no pueden resolver, entonces rechazan el amparo" relata Hube.
Actualmente hay presentado un recurso extraordinario, ya que consideran que "el juez no solo tenía a mano las coordenadas, sino que tenía croquis hechos a mano alzada". El recurso ya pasó a defensoría general para que lo sostenga, y después tiene que dictaminar el STJ, si "hace lugar para que la Corte entienda la cuestión o no nos hace lugar, de no darnos lugar podríamos ir en forma directa a la Corte" expresó la defensora, por lo cual el estado actual de la causa está a la espera de que se dicte una resolución sobre el recurso presentado.
Por parte del gobierno, las respuestas se remiten a lo judicial y aseguran haber cumplido con los pasos legales para el otorgamiento de tierras. Además, sostienen también que se tratan de permisos exploratorios, por lo cual es una primera instancia previa a lo que son los proyectos. Y en cuanto a la empresa australiana, la misma no se encuentra haciendo exploraciones en este momento debido a que las comunidades han cerrado las tranqueras prohibiendo el paso de las maquinarias hacia el territorio.