Un juez de Mercedes dispuso que el municipio de Marcos Paz establezca una prohibición de 1000 metros para la aplicación de estos productos. Por su lado, en Pehuajó, una cautelar suspendió las pulverizaciones a 300 metros de la ciudad.

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Un nuevo fallo en la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa la discusión respecto a la utilización de agroquímicos para fumigar los campos.

Esta vez, el juez de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Mercedes, Marcelo Giacoia, ordenó avanzar con la restricción luego de que un grupo de habitantes de ese partido denunciaran que el agua que utilizaban para consumo tenía altos niveles de arsénico y presencia de residuos de 17 agroquímicos.

El agua era retirada de “suelos de escuelas y predios rurales que funcionan como centros de producción de alimentos agroecológicos, los que son alcanzados por las fumigaciones, los que bajo exposición crónica representan un riesgo de daño grave para la salud, aún a muy bajas dosis”. La causa se caratuló como “Rodríguez, Ana María Lucía y otros c/ Aguas Bonaerenses SA y otros s/Amparo”.

El 23 de octubre pasado, tras una denuncia de un particular, un fallo judicial exigió que el municipio bonaerense de Marcos Paz cree una zona de exclusión de 1000 metros de distancia para cualquier tipo de aplicación de fitosanitarios, sea pulverización o fumigación, teniendo en cuenta el casco urbano, las viviendas y escuelas rurales, los pozos de agua de red y los emprendimientos agroecológicos.

A su vez, el juez federal del partido de Pehuajó, Héctor Heim, dispuso la implementación de una zona de exclusión de 300 metros para la aplicación de agroquímicos en ese distrito, además de una distancia similar como efecto de amortiguamiento.

El magistrado lo decidió tras una audiencia a la que asistieron Javier González y Cintia Bongianino, padres de Clara, una niña de la localidad de Francisco Madero que habría sufrido problemas de salud por la aplicación de fitosanitarios en un campo vecino. señaló La Nación.

Por otra parte, el juez exhortó al Concejo de Deliberante de esa ciudad a que “arbitre los medios necesarios tendientes a dictar la normativa regulatoria de aplicación terrestre de agroquímicos alrededor de los centros urbanos y los correspondientes organismos de control, en un plazo no mayor a los noventa días”.

La respuesta de Casafe

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), sobre fitosanitarios encontrados, señaló que “no se puede medir el riesgo porque en el fallo no se detalla la concentración de fitosanitarios, sino que para medir riesgo es indispensable conocer la cantidad de principio activo”.

“La simple presencia de una sustancia no implica un riesgo. En el fallo se aplica el principio precautorio que es tomar recaudos ante el desconocimiento. Es decir, cuando la ciencia no puede dar evidencia sobre algo es posible aplicar este principio. Es importante conocer las concentraciones encontradas para analizar el caso, compararlas con los valores límites establecidos por la OMS y así realizar la evaluación de riesgo si corresponde”, enfatizaron.

Por último, sobre las distancias, remarcaron que “por el desarrollo territorial de nuestro país, restringir distancias de manera discrecional sería contraproducente”. “En el proyecto de ley de la Red BPA se trabaja con el concepto de zonas sensibles o de amortiguamiento donde se pueden realizar aplicaciones de fitosanitarios controladas por un profesional. Estas zonas propician un equilibrio entre la producción, el cuidado del ambiente y las personas. A diferencia de las zonas de exclusión, donde no se permite la aplicación de ningún fitosanitario, dando lugar al desarrollo de insectos, malezas, enfermedades y basurales, producto del abandono”, aseguraron.

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