21 de febrero de 2024
SAN PEDRO
Arcor vs. un municipio peronista: la empresa denunció al intendente y varios funcionarios por "abuso de autoridad"
Luego de que desde la municipalidad tomaran la decisión de entregar las llaves de viviendas que se encuentran en un litigio, la empresa, que había donado los terrenos, avanzo judicialmente. Desde la empresa denunciaron al municipio por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.
La semana pasada, preadjudicatorios de 84 viviendas, que resultaron sorteados hace casi un año, se autoconvocaron para custodiar las casas, ante las amenazas de usurpación y el robo de distintos elementos.
Por su parte, el Municipio de San Pedro, distrito comandado por Cecilio Salazar, les permitió hacerlo, permitiéndoles el ingreso al predio y entregándoles las llaves. Como emisario del Ejecutivo local, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, se reunió con ellos dentro del predio y en una improvisada asamblea les informó que para avanzar en la entrega de las viviendas restaba hablar con el Gobierno provincial.
Conflicto con Arcor
Las 84 viviendas se encuentran atravesadas por un litigio tras el reclamo de la empresa Arcor, que sostiene que esas tierras fueron donadas para la relocalización de familias del Bajo Puerto y que el destino de esas viviendas no es el acordado.
Desde el Municipio sostienen que ese cargo con el que se donaron las tierras ya se cumplió y que por eso se tomó la decisión de hacer la preadjucación a través del mecanismo de sorteo.
Mientras se define quien tiene la razón, la justicia dicto una medida cautelar que declaro invalido dicho sorteo. Por lo que la preadjudicación quedó temporalmente suspendida, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Debido a esta serie de decisiones que tomo el gobierno local, Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza como presuntos autores delictivos de la posesión de las 84 viviendas.
El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscal María del Valle Viviani para que en la causa, caratulada "averiguación de ilícito", se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.
Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Cecilio Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.