“Otra caja que desaparece” fueron las palabras del titular de la Vocería Presidencial para dar inicio a la nueva cruzada del Gobierno, en este caso contra las cooperativas. Los avisos de suspensión son una realidad y el temor crece en el sector. Funcionarios, intendentes y cooperativistas hablan al respecto.

Por Ezequiel Movilio y Simón Reyna

Previo al inicio del fin de semana largo por Semana Santa, el titular de la Vocería Presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, hizo un anuncio que disparó las alarmas de todo un sector. El mundo cooperativo iba a entrar en revisión en búsqueda de depurar el listado “por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos” y “falta de documentación asamblearia y estados contables”.

A traves del Ministerio de Capital Humano y de las Resoluciones INAES Nros. 5586/12 y 5588/12, el Gobierno comenzo con las tareas de suspención de matriculas a lo largo de todo el territorio nacional. Al día de hoy, más de 9.000 cooperativas fueron suspendidas y otras 7.000 fueron ultimadas a presentar la documentación en los próximos días para poder seguir funcionando.

Mediante estas resoluciónes las entidades suspendidas que aún no hayan completado el registro en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y adeuden documentación contarán con 10 días hábiles “para ejercer su derecho de defensa, siendo condición esencial acreditar haber efectuado la Actualización Nacional de Datos y presentado la documentación adeudada”. Por su parte, las organizaciones que tengan toda su documentación presentada y no se hayan registrado en el sistema deberán hacerlo “en el término de 45 días”, se explica en la resolución que adjunta cuatro listados con las más de 9000 entidades suspendidas por la medida.

En el mismo sentido la resolución 878/2024 también publicada en el Boletín Oficial insta a otras 7000 mutuales y cooperativas para que en los próximos 30 días presenten los documentos adeudados o se procederá “a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública”.

De acuerdo al padron publicado en el INAES, en la provincia de Buenos Aires existen 2412 cooperativas vigentes registradas del 2020 al 2022 que podrían encontrarse en la mira. Desde las entidades que agrupan a las cooperativas advierten por el impacto de esta medida, en todo el territorio bonaerense miles de puesto de trabajo se encuentran vinculados al cooperativismo.

En dialogo con La Tecla, un ex integrante de Coninagro y una persona que proviene del “riñon del cooperativismo” detalló la concepción desde la cual el Gobierno avanza contra las cooperativas y la finalidad de este avasallamiento.

“Primero la gestión de Milei avanza contra las cooperativas desde una concepcion como si fuesen planes sociales, pero sí hay que distinguir que hubo en el INAE un desmanejo político partidario, que fue una atrocidad. Lo viví. No me lo contaron”, explica. Además, agrega que: “Hubo en su momento una ola de carpetas de instituciones que no eran cooperativas y que aparecieron en forma repentina que había que aprobar de manera urgente. Entonces fui con las autoridades correspondientes y les plantee la situación, había instituciones que no eran cooperativas y no había marco juridico”.

A su vez, señala que esto hace a un “problema estructural de nuestro país, es un pendulo” ocasionado por el “desmanejo de unos politicos, funcionarios y dirigentes de cooperativas”. Entonces, es ente contexto que las cooperativas han quedado “desacretidadas, erroneamente juzgadas y castigadas” por el embate de la gestión actual.

“Caemos en el otro extremo, en que las medidas que se van a tomar son en detrimento de un sistema solidario de productores, industrias, pymes muy importante. Una “depuración” como dijeron los funcionarios del Gobierno había que hacerla, el tema es que conjuntamente, redirigirlas y devolverlas a su esencia, el tema es que buscan limpiar a todo un sector y se llevan por delante miles de puestos de trabajo.

Por otro lado, un funcionario del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires especificó los pormenores detrás de las suspenciones envíadas por el Gobierno. “El INAE es un organismo de control y fiscalización, le intime a las entidades a cumplimentar con documentación. Es todo un proceso hasta llegar a la suspensión, no es que se dan de baja automaticamente. El INAE manda una notificación a partir de una resolución del directorio diciendo que tales entidades tienen que cumplimentar".

"Las entidades demuestran o no voluntad de presentar documentación y pueden eventualmente pedir notas de prórroga, hay un proceso administrativo y varias instancias antes de que se den de bajas las matrículas, es todo un proceso administrativo”, indicó.

Sin embargo, desde las intendencias observan con precaución el avance contra las cooperativas debido al rol que estas ocupan en la comunidad.

El intendente Carmen de Areco, Ivan Villagrán, evidencia la importancia de las cooperativas al señalar que estas representan el 10% del PBI del país y, al mismo tiempo, que “no es viable dejar sin efecto el rol” de estas. “Tenemos, además de la cooperativa electrica y del sepelio, cooperativas que creamos o acompañamos en el proceso a fin de regularizar situaciones o actividades económicas de servicios, sobre todo en cuanto a servicios de corte de pasto y de limpieza. También hay una cooperativa Láctea, Virgen del Carmen, que es una productora de leche local, que ya cuenta con las máquinas ensachetadoras y empaquetadoras, pausterizadoras y cuenta con el personal capacitado, solamente falta un trámite en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia para que salga a la cancha”.

En tanto, Villagrán encuentra que estas medidas se suman al resto de las politicas economicas llevadas a cabo por la gestión libertaria. “Tanto la cantidad de despidos, la suba de las tarifas, la quita de subsidios al transporte, la quita de subsidios o incentivos docentes, todo eso hace que se vulnere el bienestar y el poder adquisitivo de la gente”.

En ese sentido el alcalde de Carmen de Areco cree “que va a ser una batalla constante, va a haber que estar rápido de reflejo para poder responder, porque son tantas las cosas que hace que lo que genera atrás del shock es una inmovilización, es una falta de reacción rápida, ya tenés otro tema que te está instalando y siempre en perjuicio de la gente, de los trabajadores, de los jubilados, de los docentes, de todos, lamentablemente de todos”, culminó Villagrán.

Por otro lado, el presidente de Policoop, Pablo Escudero, indicó que lo resulto por el INAES es “arbitrario” respecto a los plazos y las formalidades con las que lanzaron estos avisos de suspensión. “Nosotros somos 30 asociados en Policoop y también tenemos GESTA que es una cooperativa de gestión de economía social en Tres Arroyos que ayuda a formar cooperativas relativamente chicas, entonces el INAES antes te permitía hasta dos balances atrasados y ahora de repente hay que presentar todo en orden en un plazo de 15 días, lo veo complicado porque es mucho”, apuntó Escudero.

“Después hay más cooperativas (en Tres Arroyos), hay cooperativas editoriales, apícolas, agrarias, un montón de cooperativas y vienen peleándola como todo, como todo negocio”, remarcó.

Escudero afirma que el Gobierno debería “medir a todos con la misma vara”. “Hay un montón de sociedades anonimas que se forman para estafar gente y la cabeza y el costo empresarial lo pagan los empleados. Entonces que sea justo para todos, que vayan puntualmente a las cooperativas que tengan irregularidades y que presenten sus papeles”, sentenció.

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