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Como ya es conocido en el ambiente parlamentario, en el artículo 2 inciso B de la Ley 26.857 de ética pública, todos los miembros del Congreso, tanto diputados como senadores, tienen la obligación de presentar periódicamente sus declaraciones juradas de patrimonio, que a la vez deben aparecer disponibles de manera pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción.
Dicha información también es exigida por las autoridades de ambas cámaras, en la que los legisladores tienen que reflejar la totalidad de sus bienes, ingresos, depósitos y gastos. En el caso de los ingresantes, se establece que tienen un plazo de 30 días para hacer sus debidas presentaciones; y para los que se encuentran en ejercicio, se estableció que el plazo de alta para las actualizaciones vence el 31 de julio para lo que fue el ejercicio 2023.
Con las elecciones del año pasado, hubo un recambio en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz de 10 diputados, sobre los 20 que las representan, por lo que en el relevamiento que realizó La Tecla Patagonia aparecen ocho nuevas declaraciones patrimoniales, ya que de los nuevos miembros de la Cámara Baja, dos todavía no comunicaron públicamente sus ingresos y bienes.
Vale aclarar que en las síntesis patrimoniales mostradas a continuación, se refleja el total de cada diputado nacional según los importes que aparecen listados en las declaraciones, cuyos montos se basan en valores fiscales, que distan bastante de los precios actuales y reales del mercado.
