El Gobierno nacional avanza con el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia en la Provincia. Son dependencias a las que acuden personas en situación de vulnerabilidad y su desaparición haría colapsar aún más el sistema.

Ante empresarios, el presidente Javier Milei anunció que se vienen “50 mil despidos más” en el Estado, que se sumarían a los que se vienen sucediendo desde el 10 de diciembre a esta parte. Así, tal como ocurrió en el Correo Argentino, los CDR o las oficinas de ANSES, la medida implica el cierre de oficinas, el despido de cientos de trabajadores y un disparo al corazón territorial de una política pública que atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La tercera semana de mayo comenzó con una nueva caza de brujas por parte del Gobierno. En esta oportunidad,desde el Ministerio de Justicia de la Nación confirmaron el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, de los 97 en total, a causa de ser “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.

Bajo el lema “se cierra otra caja de la política”, la cartera que dirige Mariano CúneoLibarona expresó que estas dependencias estatales acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores “sin demostrar resultados y duplicando funciones”.

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— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 10, 2024

Al mismo tiempo, sostuvieron que todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia y a todas sus herramientas (el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos). Sin embargo, una coordinadora regional sostuvo que estas declaraciones expresan “el poco conocimiento que tienen del territorio y de la gente”.

De manera precisa, los CAJ asesoran, asisten y acompañan a las personas que enfrentan barreras y/o problemas para el ejercicio de sus derechos, o experimentan conflictos interpersonales y/o legales articulando con otros organismos públicos de los distintos niveles del Estado. A su vez, estos están distribuidos de manera estratégica en grandes conglomerados urbanos, en barrios populares, en zonas rurales con fuerte presencia de comunidades campesinas o en zonas con presencia mayoritariamente indígena.

Lo cierto es que este anuncio suma una nueva preocupación para la provincia de Buenos Aires que, en tanto, amenaza con impactar directamente en la gestión de Axel Kicillof. El cierre de los Centros de Acceso a la Justicia implicaría, inherentemente, que la población bonaerense vuelque sus reclamos y trámites a un colapsado Poder Judicial.

Si bien desde el Gobierno bonaerense han avanzado en la cobertura de vacantes, en marzo había alrededor de 700 cargos sin ocupar en todos los fueros, ya sea Penal, Civil y Comercial, Familia,Contencioso Administrativo y Laboral.Para que los jueces lleguen a sus sillas deben atravesar un minucioso proceso de selección. Primero los candidatos a integrar el POder Judicial son propuestos por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, para luego resolver la designación común acuerdo entre las partes en el Senado.A nivel nacional, desde enero de 2020 a octubre 2023, las consultas ciudadanas atendidas por los CAJ superan las 623 mil y casi 1.400.000 las gestiones que devinieron de esas consultas, con oficinas trabajando sin presupuesto y con salarios precarios. Por eso, no sorprende que debido a la densidad de la población bonaerense un tercio de las consultas se realicen en la Provincia, quien, nuevamente, sería la principal afectada por los recortes de Nación.

De esta forma, cerrados los 44 CAJ de la Provincia con todas sus dependencias, las miles de denuncias tramitadas por año en los centros no tendrían otro lugar al que ir más que a los juzgados, las fiscalías, las defensorías y los juzgados de paz de los municipios. Lo que, como sospechan sus trabajadores, augura atacar por dos flancos a la gestión del gobernador Axel Kicillof. Por un lado, el agolpamiento de miles de trámites que resolvían desde 2008 en otra dependencia y con una mayor celeridad. Y por otro lado, la desconexión física y la pérdida de la gratuidad de esos trámites, son un caldo de cultivo para que el descontento social ebullicione e impacte directamente en el delicado clima social de la provincia de Buenos Aires.

Descentralización y articulación

Sin dudas, uno de los conglomerados que sufrirá las severas consecuencias del desmantelamiento de los centros será el Gran Buenos Aires. Algunos municipios, como Almirante Brown,supieron anticiparse a la tormenta que seguirá al cierre de los CAJ.En articulación con el Ministerio Público De la Provincia, el distrito gobernado por Mariano Cascallares puso en funcionamiento un nuevo Polo Judicial, en la localidad de Rafael Calzada, lo que le permitía la población no quedar en un limbo con sus denuncias y trámites judiciales.

El establecimiento depende administrativamente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y su principal objetivo es descentralizar los trámites judiciales para así generar mayor eficacia y celeridad. Esto le da un respiro a un sistema judicial en situación “crítica”, como señaló oportunamente a La Tecla el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan MartinMena. En el lugar, además, funcionan Unidades Funcionales de Instrucción, de Defensa y un Juzgado de Garantías.“Gracias a la gestión del municipio y al trabajo articulado con el Ministerio Público de la Provincia, el nuevo Polo Judicial acercará la Justicia a los vecinos y vecinas”, explicaron en la comuna.

“El sistema judicial de la Provincia va a colapsar”

Jimena De Lara, coordinadora regional de la zona norte del Gran Buenos Aires, señaló que “todavía no hay mucha información y viene siendo así desde diciembre. Todo lo que nos enteramos es básicamente por comunicados en redes”, en relación a la falta de precisión del anuncio del Ministerio de Justicia.

“La mayor cantidad de Centros de Acceso a la Justicia están en la provincia de Buenos Aires, hay 39 para los 135 distritos, por los cuales pasan aproximadamente 200 mil expedientes al año, vinculados a diferentes cuestiones, como violencia, abuso sexual, cuota alimentaria o acceso a la salud”, indicó.

Al mismo tiempo, vale destacar que el número de CAJ en la Provincia es incierto. En el sitio oficial figuran 58 pero operativos, de acuerdo a los trabajadores, hay 44. Respecto al trabajo del CAJ, De Lara agregó: ”Es la única dependencia que tiene un trabajo integral, interdisciplinario e interinstitucional. Por ejemplo, para llevar una demanda por alimentos se tarda 18 meses, en los CAJ se resuelve gratis y en la mitad de tiempo. Esto evita al mismo tiempo que llegue a judicializarse”.

Respecto al impacto que esto tendría en el Poder Judicial bonaerense, afirmó: “El sistema judicial de la Provincia va a estar absolutamente colapsado, más de lo que está hoy, porque la gente no va a tener más que acudir a los juzgados o a los municipios”. Por último, advirtió que ”esto va a incrementar el descontento social de toda la población”.

“Es necesario generar los mecanismos de contención”

Bahía Blanca es el único distrito de la Sexta que posee un Centro de Acceso a la Justicia, en caso de cerrar, y que sólo quede una oficina en el AMBA (como se cree), significa dejar a más de 600 mil habitantes sin la cobertura ni el acceso al sistema judicial que ofrece el CAJ.

En diálogo con La Tecla, el intendente Federico Susbielles manifestó la importancia y las severas consecuencias que implicaría perder esta herramienta. “Nosotros creemos que es importante y lo planteamos. El Presidente llegó con una plataforma, con una idea y con un mandato que le dio la ciudadanía que está hoy ejecutando con su plan de gobierno, que claramente marca un ajuste muy muy importante del Estado. Y, como él anticipó, la estructura social de la Argentina cruje”, advirtió.

En la misma línea, aseguró: “Hay distintas problemáticas, ya sean de estabilidad laboral o de pobreza e indigencia. Y por supuesto eso exige mucho a los municipios. Lo que nos obliga a hacernos cargo con líneas propias en materia de hábitat y de asistencia alimentaria”.

A su vez, destacó que es necesario que el Estado nacional ejecute un plan para “generar los mecanismos de contención, de cuidado del empleo y que se incentive una reactivación económica que hoy, sin lugar a dudas, es urgente en la Argentina”.

Además, Susbielles remarcó que Nación inició las transferencias del Fondo Compensador del Transporte, lo que supone un gran alivio. Cabe destacar que Bahía Blanca tiene de las tarifas de transporte más altas del país.

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