El gobierno nacional paralizó proyectos del programa “Argentina Hace” y revisa el destino de los fondos. Los intendentes pugnan por la continuidad de las iniciativas, con avance disímil o sin arrancar.

La frase cayó como un baldazo de agua fría sobre la humanidad de los intendentes: “Terminan las obras en 120 días o devuelven la plata”. El protagonista fue, aseguran, el mismísimo ministro de Economía, Luis Caputo, tras la resolución que estipula caminos para resolver la cuestión de la obra pública, paralizada desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

En ella se lee: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios como alternativas en caso de incumplimientos o irregularidades, en concreto referida al programa “Argentina Hace”, creado por la gestión de Alberto Fernández en 2020, y que estuvo bajo la órbita de su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder quedaban pendientes 951 obras de este plan, con un monto no ejecutado de $598.522 millones.

La mecánica implicaba un acuerdo firmado entre Nación y municipios, por el que el Ejecutivo financiaba las obras (aseguran que son, en su mayoría, de menor complejidad) y las comunas se encargaban de la licitación y de los proyectos para llevarlas adelante. Además, el Gobierno nacional especifica que podría retirar el financiamiento “transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo”, quedando sin efecto el
programa.

Tras el sacudón que produjo la noticia, que ponía en duda la transparencia en el manejo de los fondos entregados a los jefes comunales, desde el Ejecutivo hablaron de realizar auditorías para observar caso por caso qué sucedió con los trabajos proyectados. Y aclararon que si no se detectan incumplimientos o irregularidades, el ministerio de Economía podría tomar la decisión de analizar la viabilidad de que el municipio (o la provincia, en otros casos) asuma el costo económica de la obra sin apoyo de Nación.

Pero, ¿cuál es el origen del dinero destinado a “Argentina Hace”? Por ley, hay fondos directamente afectados a la obra pública, que se nutren del SISVIAL (Sistema Vial Integrado), además del Fondo Hídrico y el 30% del Impuesto País. Ese porcentaje lo estableció la gestión Fernández, destinando el 65% de ese 30 por ciento a obras de infraestructura económica. Pero la actual administración, a través del decreto 193 de este año, determinó que a la infraestructura económica debía destinarse el 95% del 30% del Impuesto País. No obstante, el dinero sigue sin aparecer, las partidas no se ejecutan y con esa plata en caja Milei puede jactarse de tener “equilibrio fiscal” y déficit 0.

Desde el primero de enero hasta el 18 de junio, la Secretaría de Obras Públicas recibió 863.128 millones de pesos solamente por el Impuesto País, mientras que por el SISVIAL y el Fondo Hídrico deben adherirse otros 220.000 millones de pesos. Es decir, en el primer semestre el organismo a cargo de las obras juntó más de un billón de pesos, de los cuales solamente ha ejecutado 8.823 millones; lo que representa un 1% de los fondos que percibió por el impuesto País (menos del 1% si se tiene en cuenta el total de lo recibido).

Un dato relevante es que, en lo que va del año, “la Secretaría de Obras Públicas, comandada por Luis Giovine, recibió el mismo dinero que tuvo como presupuesto en 2023 el desaparecido ministerio de Obras Públicas de la Nación”, aseguran desde la oposición.

Un repaso por las obras paralizadas o sin iniciar permite observar que no sólo comprende iniciativas de “baja intensidad” (Caputo habló de la construcción de un baño en algún cementerio como ejemplo de ello), sino también grandes emprendimientos como la construcción del Natatorio y Polideportivo Malvinas Argentinas de Almirante Brown, con un presupuesto de más de 1.300 millones de pesos; o las obras del Camping Municipal de Avellaneda, también en el Conurbano, con un estimado que supera los mil doscientos millones.

Desde la oposición ven un intento de desprestigiar a las administraciones peronistas, y señalan que si las obras no se continuaron fue porque la nueva administración dejó de girar el dinero. “Luego de aprobado el proyecto y adjudicado te giraban el 30% del dinero y el resto se iba enviando contra presentación de certificados de obra. Las empresas no siguieron porque el discurso de la motosierra era que la obra pública se cortaba. Fueron ellos los responsables de esto”, señalan.

FERNANDO GRAY - ESTEBAN ECHEVERRIA
“Quisiéramos una auditoría para que vean la calidad de los trabajos”

El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Unión por la Patria) consideró que “hay información contradictoria sobre el tema de la obra pública. Se han generado más dudas que certezas, por eso estamos a la espera primero de que conformen todos los organismos; y luego que tomen una determinación con respecto al destino de las obras”.

El intendente peronista se refirió al programa “Argentina Hace”, señalando que “quisiéramos que se haga una auditoría para que vean la calidad de los trabajos. Nosotros tenemos nuestras propias auditorías, de universidades nacionales. Sería importante mostrar el avance de las obras Incluso hay algunas que están financiadas con créditos internacionales, que ya están otorgados, que si no se ejecutan los vamos a perder o vamos a tener que pagar una penalidad”.

En cuanto a la mecánica y la sospecha oficial de que pudo haber desvío de fondos, Gray aclaró que “Nación te manda un certificado y la empresa va con el certificado y se le paga por esa etapa de la obra. Es una doble certificación, del municipio y de Nación. Además ellos tienen acceso a la información, lo pueden ver, además de que es difícil evadir las normas porque son obras de alta visibilidad”. Y finalizó señalando: “Yo creo que ellos (el Gobierno nacional) tienen un serio problema de ejecución, de gestión, y buscan distraer con estas cuestiones”.

En cuanto al resto de obras, aseguró que “tenemos distintos tipos de obras y en distintos estadios de ejecución”, destacando la iniciada para llevar agua potable a varios municipios del Conurbano como Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Ezeiza, a cargo de Aysa. “Hace 10 años que venimos trabajando, es una obra enorme, estructural, de la que se hizo la primera etapa y ahora necesitamos terminarla para que miles de familias tengan agua potable”, concluyó.

FRANCISCO RECOULAT - TRENQUE LAUQUEN
“Teníamos convenios con obras por iniciar y quedaron pendientes”

El alcalde de Trenque Lauquen, el radical Francisco Recoulat, aseguró que “el freno de la obra pública nacional en los distritos obviamente tiene un efecto marcado, son menos recursos que llegan, son menos fuentes de trabajo que se generan y son menos insumos que venden los comercios”.

Además, consideró que “en Trenque Lauquen se dio la particularidad de que teníamos varios convenios firmados con Nación con obras próximas a iniciar y que quedaron pendientes de ejecución, entre ellas un jardín de infantes, un edificio nuevo para un Instituto de Formación Docente, una planta potabilizadora de agua y la construcción de 56 viviendas”.

En cuanto al futuro de las iniciativas, sostuvo que “el gobierno nacional está finalizando el relevamiento de obras públicas que quedaron sin terminar en distintos lugares del país y tomando medidas respecto a obras que quedaron próximas a finalizar. En la medida que el Gobierno logre bajar la inflación tiene que considerar la reactivación de la obra pública, al menos en forma paulatina, y considerar importante también la presencia del Estado en áreas estratégicas”.

JAVIER MARTINEZ - PERGAMINO
Reclamo por la “escasez” de obras y preocupación por las rutas

El intendente de Pergamino, Javier Martínez (PRO), aseguró que “con Katopodis solo recibimos para hacer una obra para el módulo de discapacidad del natatorio municipal”, y se quejó de que “no nos dieron casi nada”. Además, mostró su preocupación porque las actuales autoridades no dan respuesta al reclamo de obras necesarias como la reparación de la ruta 188, que pasa por ese distrito, San Nicolás, Junín y otras localidades.

Por su parte, su par de Zárate, Marcelo Matzkin, aseguró que “es inviable que un municipio pueda terminar obras comprometidas por Nación, donde solamente somos un intermediario para la licitación y ejecución. Es imposible devolver la plata de algo que no se hizo, es inviable”.

Al respecto, el alcalde zarateño explicó que “si se trabaja contra certificado de obras, está pagada al proveedor con fondos de Nación, y el municipio no puede devolver dinero por un avance de obra ya realizado y por una decisión que tomó Nación de no continuarla, es ilógico. Si vos me decís que transfirieron plata y esa plata no se usó, está bien. Si se giró contra certificado se pagó el municipio no tiene por qué devolver nada”.

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