El vencimiento de una concesión en el Puerto de Quequén encendió la polémica entre la Provincia y entidades agrarias. Un tironeo por la rentabilidad y una licitación con los días contados
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El fin de la concesión de la Terminal Quequén S.A., que tiene a su cargo el elevador de granos del puerto homónimo, encendió una nueva grieta que tiene como protagonistas al Gobierno bonaerense y a las entidades agropecuarias, que están representadas en esa firma. La polémica, que lleva a un cruce de desmentidas y críticas entre las partes, es por las condiciones esbozadas en la nueva licitación.
Si el tango Volver se reeditara esta vez la nueva letra sería con “30 años no es nada”. Ese es el plazo que transcurrió desde que nació la concesión privada hasta su vencimiento en 2022, tras lo cual se realizó una prórroga que tiene fecha de caducidad en noviembre de este año. Con los días contados, la Provincia decidió abrir el llamado para un nuevo contrato y evitar más demoras. Sin embargo, el procedimiento y los condicionamientos sobre los que avanzaría la gestión de Axel Kicillof quedaron en el centro de la discusión.
El Gobierno bonaerense, con el objetivo de mejorar el acceso de los productores rurales a la infraestructura exportadora del Puerto de Quequén, promueve la aplicación de una “reserva de carga” de un 30% para que exporten pequeños productores. Esto detonó una campaña de rechazo por parte de los operadores privados.
Desde las Sociedades Rurales del Sudeste alertaron sobre el avance del Gobierno y deslizaron que “no queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el Gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una Junta Provincial de Granos: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.
Fuentes consultadas del Ministerio de la Producción reafirmaron los dichos de Kicillof sobre la reserva de carga y enfatizaron que “la intención no es crear ninguna empresa estatal ni nada por el estilo, sino simplemente permitirle a los pequeños productores poder usar el elevador del puerto, ya que hoy está utilizado habitualmente por las grandes empresas, lo que obliga a los pequeños a venderles a un precio menor del que podrían obtener”. Esta iniciativa fue refutada desde la conducción de la propia Terminal por José Martins, quien afirmó que “los productores no exportan sino que le venden a un exportador que es quien comercializa, con lo cual ningún productor puede exportar” (ver recuadro).
Por otra parte, las entidades del agro cuestionaron que la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una licitación exprés, en referencia al tiempo que resta para que finalice la prórroga y los plazos legales y burocráticos para realizar un proceso licitatorio. En este sentido, también se alertó que los tiempos podrían afectar la operatoria portuaria en la comercialización de granos, que necesita varios meses de programación y en coincidencia con la época de cosecha. Sin embargo, desde el Consorcio portuario buscaron llevar calma respecto a los tiempos y expresaron que “vamos a tratar, a través del diálogo y del trabajo del directorio, encontrar alguna salida”.
El escenario de conflicto está planteado entre las partes. En consecuencia se abre una nueva grieta, que tiene como protagonista al Puerto de Quequén con el millonario negocio en la exportación de granos.
Jimena López - Consorcio de Gestión de Puerto Quequén El dilema de los porcentajes
La presidenta del Consorcio del Puerto Quequén, Jimena López, dijo que "el paquete accionario está conformado por varios grupos agroexportadores y un porcentaje lo tienen entidades intermedias porque así lo planteaba el primer pliego".
Sobre la nueva licitación dijo que "se avanzó en un trabajo que no prosperó y este año cuando asumo la presidencia, Axel Kicillof me pide armar un pliego de licitación donde una de las características y por las que se generó este ruido es la reserva del 30% para la elevación de los pequeños productores. Pero hay una realidad que las entidades intermedias no explican y es que las cámaras y dichas entidades tienen una silla en el directorio, y el pliego se eleva desde Provincia. Ese pliego se puso a consideración para comenzar a trabajar, luego hay un proceso de votación que necesita mayorías agravadas. Las entidades intermedias discuten también por la posibilidad de perder también ese 15% que reciben de utilidades, que son sus ganancias. Entonces hay algo más por lo que están peleando, y no es solamente ese 30% que propone el Gobernador, sino sus propias ganancias”.
Eugenio Cardenau - presidente de la Sociedad Rural “Estamos en desacuerdo que la Provincia tenga que meterse”
El presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenau, dio su punto de vista respecto a la polémica generada por la propuesta del Gobierno sobre la renovación de la Terminal en el Puerto de Quequén. Al respecto, indicó que “los directores del Consorcio enviaron un pliego de licitación y nosotros analizamos el planteo de la Provincia, que quiere reservarse un 30 por ciento de la elevación de granos para poder comercializar. En realidad, no se especifica de qué manera o modalidad, pero se pide que quede esa reserva en caso que se quiera comercializar en algún momento. Ahí surgen dos problemas, por un lado la licitación en sí, que nos parece correcta, pero al utilizar el término exprés, nos referimos a que la empresa que maneja el elevador va a dejar de operar y vemos que los tiempos son acotados para llevar adelante dicha licitación”. En esta línea explicó que “es difícil continuar con una operatoria normal en estas condiciones”.
Cardenau también señaló: “Estamos en desacuerdo en que la Provincia tenga que meterse en el comercio de granos, porque no hay ninguna necesidad y nunca ningún sector relacionado con el sector agropecuario solicitó algo similar. Nos parece que no es incumbencia del Gobierno provincial tener que meterse en el comercio de granos”.
Respecto al planteo del Poder Ejecutivo acerca de que la medida busca defender a los pequeños productores, el dirigente rural necochense enfatizó que “en caso de que un productor quiera exportar, la posibilidad está y esto está previsto en la elevación y es lo que actualmente se hace. Nosotros como productores tenemos problemas con los precios y los costos, pero no vemos que sea la Provincia quien tiene que resolverlo. El comercio está en manos privadas y así debe seguir, ese posicionamiento sería entorpecer el mercado si cada gobierno provincial decide meterse en el comercio de granos. Sería contraproducente para las actividades del puerto".
José Martins “Los están asesorando mal, porque los productores no exportan”
El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, integrante de la Terminal Quequén, José Martins, aseguró que "la concesión de la Terminal Quequén finaliza en noviembre de este año y si no nos dan una prórroga vamos a tener que dejar de ofrecer servicios no más allá de septiembre, porque no podemos correr el riesgo de que algún barco se atrase, porque vamos a tener que devolver la mercadería. Por eso hemos girado notas al Consorcio de Gestión para que se expida. Entendemos que va haber un llamado a licitación y todos estamos de acuerdo, pero eso lleva un periodo largo entre que se confecciona, se hace el llamado y se adjudica, no va a ser en un mes. Ninguna licitación por forma puede llegar a ser exprés porque hay un cronograma y hay plazos que cumplir”.
Martins agregó: “Al no tener respuesta oficial a todas las notas que enviamos cada uno interpreta como mejor le parece, pero la realidad es que no sabemos si va a haber concesión o no y eso va a traer un perjuicio, porque en la exportación de granos el programa de barcos se hace con muchos meses de antelación. Entonces, si hoy viene un exportador no le podemos brindar el servicio porque no tenemos certezas y van a ir a otra terminal. Si esto se demora y dentro de 20 o 30 días no nos dan una prórroga vamos a perder parte de la campaña”.
Respecto a la posibilidad de continuidad de la operatoria y las inversiones que realizan, dijo que “en Bahía Blanca tienen el mismo servicio a través del Consorcio de Gestión. Allí todas las concesiones que se fueron venciendo se renovaron vía inversiones de infraestructura. Con ese modelo le ofrecimos a Quequén invertir 25 millones de dólares y nunca tuvimos respuesta”. Sobre la intervención del Gobierno, aseveró que “esto también forma parte de las pocas respuestas que hay. La presidenta del Consorcio comentó en un reportaje que la gobernación quería reservar un 30% de la capacidad del elevador para futuras exportaciones. Luego Axel Kicillof dijo que la Provincia quería retener ese porcentaje para dárselo a los pequeños productores, pero hay alguien que los está asesorando mal, porque los productores no exportan, sino que le venden a un exportador que es quien comercializa, con lo cual ningún productor puede exportar”.
