La política demora la sanción de una norma que unifique criterios respecto de la aplicación de fitosanitarios. Mientras tanto, cada municipio tiene su propia ordenanza. Un tema fuera de agenda.

La sanción de una ley que regule el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es una deuda de la política bonaerense, que viene demorando los acuerdos que permitan unificar criterios.

Días atrás, el municipio de 9 de Julio, comandado por María José Gentile (PRO), promulgó el proyecto aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante para establecer normas respecto de la aplicación de fitosanitarios (zona de exclusión de 200 metros para aplicación terrestre y 2.000 para la fumigación aérea).

Es el último de una serie de distritos que dictan sus normas para cubrir la ausencia de parámetros a nivel provincial. Los motivos de esta procrastinación de la política son variados: desde el temor a enfrentarse a poderosos grupos ambientalistas hasta un temor similar a ponerse en la vereda de enfrente de grandes grupos empresarios vinculados al negocio de la siembra.

La primera teoría fue avalada por Pablo Ginestet, Secretario de Carbap, quien aseguró que “en el legislativo todos buscan evadir el debate porque nadie quiere ir a chocar con causas que parecen políticamente correctas. Nadie quiere pelearse con los verdes, como llaman a los ambientalistas. Y si la sociedad no reclama una ley, evito el debate y que se arreglen los municipios. Tal vez, en un futuro, el tema explote.

La influencia de las grandes multinacionales de agroquímicos y de los cultivos es un leit motiv para la izquierda. Así, el diputado trotskista Guillermo Kane sostuvo que “sobre los Concejos Deliberantes pesa muy fuerte el lobby económico, por eso es muy importante que Provincia o Nación intervengan, porque se está afectando a la salud. Dejarlo a nivel local es quedar en manos de los pools de siembra, que están interesados en su productividad, no en la sustentabilidad del desarrollo. Y la ley vigente tampoco marca zonas ni distancias, por lo que cada municipio tiene libertad para ponerlas donde les parezca”.

Mientras la política evade el debate y la sanción de una ley provincial, el Ejecutivo prorroga de manera automática y periódica la famosa Resolución 2018-246 del gobierno de María Eugenia Vidal. La misma congeló la entrada en vigencia de la ley votada en la Legislatura y rechazada por ambientalistas, por no establecer distancias de seguridad para las fumigaciones y limitar las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo al horario escolar.

Tras el rechazo, la propia exgobernadora decidió suspenderla por un año en febrero de 2019 y crear un equipo interdisciplinario para confeccionar un protocolo, modificando la distancia de fumigación en escuelas. Además, pidió a los productores abstenerse de realizar pulverizaciones de fitosanitarios cerca de dichos establecimientos.

La ausencia de una normativa unificada a nivel provincial impulsó a los municipios a elaborar ordenanzas para regular la aplicación de estos productos, con San Antonio de Areco y Bolívar como puntas de lanza de esta deriva municipalista.

En medio de esta ambigua situación, se suceden denuncias de contaminación, reclamos por problemas de salud en barrios y localidades y medidas cautelares de la Justicia, que patea el problema hacia adelante hasta tener un marco legal al que ajustar sus fallos.

VOZ OFICIAL
Un observatorio bonaerense para reunir información con municipios

En 2020, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, impulsó la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), con el objetivo de reunir, desarrollar y aportar información científico-técnica sobre el uso y la aplicación de agroquímicos, como también de sus efectos, para ser utilizada en el desarrollo de políticas públicas específicas.

Desde la cartera bonaerense aseguraron que “se ha generado un diálogo con varios municipios, en algunos casos asesorándolos con la actualización de normativas que ya quedaron anticuadas”. Al respecto, puntualizaron casos recientes como Baradero, 9 de Julio, Chivilcoy o Campana, expresando que “en algunas intendencias se dieron charlas, especialmente cuando había situaciones complicadas”.

“En este tiempo se llamó a todos los sectores para aportar y reunir toda la información sobre las ordenanzas de los municipios”, dijeron desde la cartera. Y sostuvieron que “se está finalizando el trabajo de recopilación para crear un mapa de escuelas rurales y apiarios”.

LUCIANO BUGALLO (COALICIÓN CÍVICA)
"Tenemos un gran desastre en la Provincia con el ordenamiento"

El diputado y productor rural Luciano Bugallo (Coalición Cívica) aseguró que “hasta el momento no se avanzó nada, cero movimiento. En su momento intentamos hacer un plenario abierto convocando a las entidades, con las comisiones de Asuntos Agrarios y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero fue imposible. Hoy la presidencia de la comisión de Ambiente la tiene Micaela Olivetto (Unión por la Patria) y ellos no van a hacer nada por fuera de lo que diga el ministerio”.

El legislador “lilito” añadió: “Ellos reconocen que tenemos un desastre en la Provincia con el tema de ordenamiento. De los 135 municipios tenés unos 80 con ordenanzas distintas, donde cada uno pone distancias diferentes. Unos tienen restricciones y otros no. Unos tienen zona de exclusión de 1.095 metros como Pergamino, por un amparo judicial, lo cual es una locura porque dejan cerrado el INTA, el colegio técnico y un montón de semilleros donde están los ingenieros más capacitados del país. No pueden hacer ni siquiera los ensayos técnicos para después ver qué semillas sacan”.

Bugallo refirió que “nosotros queremos reformar la ley de aplicaciones, que es clara, y los que quieren mayor restricción no dicen que la ley no habla de distancias, y en Argentina todo lo que no está prohibido está permitido. Después, los municipios empiezan a avanzar en cuestiones que no les competen, porque no pueden legislar sobre lo que es provincial, eso lo tiene que hacer la Legislatura”.

GUILLERMO KANE (FIT)
“Pareciera que hay un consenso a favor del uso de agrotóxicos”

El diputado Guillermo Kane, del Frente de Izquierda, aseguró que “el problema es gravísimo. Cada tanto surge algún registro, como tuvimos en el norte de la provincia, de glifosato en sangre de chicos en edad escolar, o en la orina. El tema toma proporciones de escándalo por las enfermedades respiratorias, el cáncer y otras vinculadas al exceso de agrotóxicos”.

El legislador trotskista, autor de un proyecto de ley, contó que “lo trabajamos junto a organizaciones ambientales, de asambleas de comunidades de toda la provincia, pero la verdad es que en la Legislatura no encontramos ningún ámbito para discutirlo. Yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y ahí ni mi proyecto, ni otro que se relacione con estos problemas, han sido discutidos nunca”.

Kane sostuvo que “nuestro reclamo expresa la preocupación de la gente, de la organización de los Pueblos Fumigados, estebleciendo una progresividad en la eliminación de las fumigaciones. Sacándola inmediatamente de todas las zonas pobladas, de los cursos de agua, de la cercanía a las escuelas, y a pozos de agua, pero yendo progresivamente a eliminar el uso de agrotóxicos. Es viable, sólo habría que disponer recursos y una orientación de la producción para que tome esa vía”.

Y agregó: “El peronismo no es partidario de avanzar en una restricción de los agrotóxicos, no han habilitado ni promovido su tratamiento. Y los bloques ligados a lo que fue Cambiemos y los libertarios, mucho menos. Pareciera que en la Legislatura hay un consenso a favor del uso de agrotóxicos y de transgénicos”.

PABLO GINESTET (CARBAP)
El perjuicio económico para los productores afectados, la clave

El Secretario de Carbap, Pablo Ginestet, explicó que “lo que hizo el Gobierno provincial fue crear un observatorio. Ahí se recopilaron todos los trabajos que había, algunos con más y otros con menos rigurosidad científica, sobre agroquímicos. Y luego se emitieron una serie de recomendaciones, muy generales todas, pero no hubo un avance más allá de eso”.

El dirigente ruralista aclaró que “no fuimos convocados para estar adentro del observatorio, pero sí charlamos y debatimos sobre las conclusiones. Desde el Gobierno han trabajado en algún municipio que tenía problemas con su ordenanza. El último caso fue el de Pehuajó, muy conflictivo, que tenía una cautelar que no se podía fumigar a 300 metros de la zona urbana y 300 más de amortiguamiento en zona urbana o lagunas”. Además, señaló que “queremos ver qué va a pasar con aquellos productores que quedan en el área urbana, quién va a hacerse cargo de compensar toda la pérdida de ingresos que van a tener, quién le va a pagar el daño económico”.

Ginestet explicó que “la ciencia dice que cero y cien metros es lo mismo, no hay peligro si las cosas se hacen bien. Si las cosas se hacen mal, y lo hago a 2.000 metros, es lo mismo, porque la contaminación o la afectación de la salud va a ocurrir igual. Lo de las distancias, si las cosas están bien hechas, no tiene sentido”. Finalmente, respaldó que “el criterio sea el mismo, que .se fumigue fuera del horario escolar, o el fin de semana, a tal cantidad de metros, con productos de banda verde. Criterios iguales para todos.

SEGURIDAD
Proponen controlar envases de productos

La diputada Viviana Dirolli, del bloque Acuerdo Ciudadano UCR-GEN, presentó un proyecto de ley para regular la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios. Según consignó la legisladora, el iniciativa establece las reglas y los mecanismos administrativos y judiciales para garantizar el manejo adecuado de los envases vacíos de fitosanitarios en el ámbito provincial.

“Las sustancias químicas tóxicas o peligrosas utilizadas en la producción agropecuaria y sus residuos son altamente contaminantes para la salud y el ambiente, incluyendo el aire, el agua y el suelo”, señaló.

Además, propone establecer mecanismos que permitan la trazabilidad de los envases vacíos que contuvieron productos fitosanitarios, evitando su uso como materia prima para envases o utensilios.

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