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La Ejecución Presupuestaria de Javier Milei en los primeros ochos meses de gobierno
El CEPA realizó un estudio sobre la Administración del gobierno nacional y relevó cuales son las áreas que más se vieron afectadas.
El reciente análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante los primeros ocho meses de 2024 revela un panorama preocupante. En comparación con el mismo periodo del año 2023, la ejecución real del presupuesto muestra una caída del 30%, lo que representa un ajuste considerable del gasto público, impactando áreas sensibles como la salud, educación, ciencia, seguridad social, y obra pública.
Entre los puntos más destacados del informe, sobresale el considerable aumento del 245% en términos reales para la Secretaría de Inteligencia del Estado, la cual ha ejecutado 102 mil millones de pesos en lo que va del año. Este incremento contrasta fuertemente con los recortes observados en otras áreas de la administración.
Al analizar la ejecución presupuestaria por función, se observa una gran incidencia de la Seguridad Social sobre el total, ya que insumió más el 50% del total del gasto. En segundo lugar, también es significativa la incidencia de los Servicios de Deuda Pública, que ocuparon más del 14% del gasto total. Luego se ubican otras funciones con incidencias menores, como Energía con el 9%, Educación y Cultura (5%), Promoción Social (4%), Salud con el 4%, Transporte (3%); y el resto de las aperturas con una incidencia menor al 3% de la ejecución total.
El sector de la salud ha sufrido un ajuste notable, con reducciones en la Superintendencia de Servicios de Salud (-45%), ANMAT (-17%), hospitales nacionales, el Instituto Nacional del Cáncer (-9%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-14%).
En el ámbito científico, los recortes son igualmente severos, afectando a organismos clave como el CONICET, CONAE, CONEAU y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que podría comprometer el desarrollo futuro del país en términos de investigación y tecnología.
El Conicet fue una de los primeros apuntados por el gobierno nacional y compromete a futuro de la ciencia y tecnología.
Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), responsable de las jubilaciones y pensiones, enfrenta una caída del 21% en su presupuesto, mientras que el INAES ha visto un recorte del 70%, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del 41%.
El ajuste también afecta de manera crítica a los programas de desarrollo social, que han visto caídas drásticas en su ejecución. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo ha sufrido un recorte del 79%, mientras que el Plan Nacional de Primera Infancia se ha reducido en un 75%, y los Comedores Comunitarios han experimentado un ajuste superior al 85%. Estos recortes ponen en riesgo la continuidad de políticas que buscan atender las necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la población.
Las jubilaciones y pensiones cayeron un 21% según el informe elaborado por el CEPA.
El sector productivo también ha sido duramente golpeado, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca registrando un recorte del 94%, y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo un ajuste del 89%. Organismos como el INTA e INTI, esenciales para el desarrollo agrario e industrial del país, también ven afectadas sus partidas.
Las fuerzas de seguridad federales, tales como la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, han experimentado recortes que van del 19% al 26%, mientras que las Fuerzas Armadas también ven disminuidas sus partidas, con caídas que van del 14% al 19%.
Las Fuerzas Federales, la Gendarmería y Prefectura tuvieron recortes que oscilaron entre 19 y 26%.
El informe de CEPA también señala que muchos programas de impacto social están prácticamente paralizados. En salud, los programas para el acceso a medicamentos y la atención sanitaria en el territorio muestran caídas del 40% al 97%. Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles también han sufrido recortes que van del 71% al 81%, lo que agrava la crisis sanitaria.
En términos de infraestructura, la obra pública está prácticamente detenida, con recortes del 100% en programas como el Apoyo a Infraestructura en Municipios y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
El informe de CEPA