En el último recambio de jefes comunales en diciembre del 2023 hubo varios casos donde quienes ganaron realizaron denuncias a sus antecesores por temas de gestión. Cómo están esas causas
Compartir
Es habitual que las nuevas autoridades que asumen en algún cargo importante como intendente, gobernador o presidente, le echen la culpa a la anterior administración por mal manejo de fondos o por la ya tradicional “pesada herencia”.
Esta situación se vivió en varios municipios durante el recambio de autoridades tras la última contienda electoral, ya que varios jefes comunales se vieron obligados a denunciar a sus antecesores por el estado en el que se encontraron tras asumir al frente de las comunas. La mayoría de los casos se vieron a principio de año, donde se destacan los casos ocurridos en distritos como La Plata, Puán, Veinticinco de Mayo y Dolores, ya que los intendentes entrantes se vieron obligados a presentar demandas judiciales contra sus competidores por diversas causas como irregularidades en obra pública y el mal estado de las arcas municipales.
También se conocieron sentencias en otras causas contra exintendentes del interior bonaerense, como el caso de Jorge Fernández (Lincoln) y Cristian Popovich (General Madariaga). Y hay alcaldes actuales denunciados.
DOLORES Etchevarren contra las cuerdas
Tras cuatro mandatos al frente de la comuna, el exintendente de Dolores, Camilo Etchevarren, se retiró de las funciones con un total de tres denuncias penales en su contra. Una de ellas fue realizada por el actual jefe comunal del distrito de la Quinta sección, Juan Pablo García, en la fiscalía de Dolores, debido a una licitación para la compra de material para asfaltar una calle que ya estaba pavimentada, con una erogación de $14.280.000. El decreto para realizar dicha compra “carecía de firmas”. También incluyeron en la causa la compra de 21 mil toneladas de polvo de piedra que nunca se habrían utilizado, aproximadamente 380 cuadras de calles de tierra.
Según se pudo saber por fuentes judiciales, la Fiscalía de Dolores solicitó documentación a la empresa y emitió dos órdenes de presentación para la firma VULTER: una en Sevigné y otra en Capital Federal. La sorpresa es que en el domicilio de Capital Federal la policía se encontró con un bazar.
En los primeros días del mes de octubre se solicitó a la empresa “presentar todo tipo de documentación relacionada con las licitaciones obtenidas -en carácter de proveedor- del municipio de la localidad de Dolores, Pcia. de Buenos Aires, relacionadas con la compra de piedra para estabilizado y mejorado de calles durante los años 2022 y 2023”.
Por otro lado, se iniciaron a VULTER S.A dos “ordenes de presentación como lo posibilita la ley”, para evitar lo que podría ser otra medida más gravosa. Esa instancia se realizó en los dos domicilios que dice tener la empresa, con la sorpresa de que en uno de ellos la Policía Federal Argentina se encontró con una tienda de bazares, "en los cuales vendemos distintos tipos de productos que tienen que ver con la cocina y elementos gastronómicos", según aseguró la propia comerciante.
Esta denuncia contra el exintendente PRO se suma a dos realizadas anteriormente: una fue hecha durante el mes de diciembre por presuntos faltantes de bienes patrimoniales en el área de Juventud por 4 millones de pesos. La tercera demanda fue en abril de este año, por el caso de un ex funcionario que habría truchado un decreto para seguir cobrando un sueldo municipal.
GENERAL MADARIAGA Popovich condenado pero no irá preso
El exintendente de General Madariaga entre el 2009 y 2015, Cristian Popovich, se declaró culpable en una causa por la contratación de empresas fantasmas para hacer el traslado de polvo de piedra (130 traslados según la investigación realizada) desde Madariaga hasta Chapadmalal y Cerro Dominico, viajes que finalmente eran realizados con un camión municipal. La causa fue iniciada en 2016 por el actual intendente Carlos Santoro y quedó en la UFI Descentralizada Nº 8 local.
Los cargos que afrontó Popovich fueron los de desvío de fondos y asociación ilícita. Sin embargo, el denunciante manifestó su descontento ya que el ex jefe comunal no cumplirá condena: “La Justicia lenta no es justicia y menos cuando es garante de impunidad", aseguró el alcalde radical.
ARRECIFES Denuncias a Olaeta por la obra pública
El exintendente de Arrecifes, Javier Olaeta, fue denunciado por su antecesor, Daniel Bolinaga, porque la municipalidad de perdió un juicio que le hizo el Ministerio de Justicia de la Nación por un aporte no reintegrable que nunca se rindió. Bolinaga presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires debido a que la comuna recibió dinero para la compra de maquinaria que nunca habría adquirido. Hasta el momento, no hay avances en el tratamiento de la demanda. A su vez, Olaeta quedó involucrado en un escándalo por corrupción en la obra pública de su distrito antes de dejar la intendencia, y un contratista radicó una denuncia en su contra por mal manejo de fondos. La causa está en la Fiscalía 13 de San Nicolás.
MAS CASOS
Otros jefes comunales que deben dar explicaciones a la Justicia
En tiempos donde la judicialización de la política es moneda corriente, hay otro nutrido grupo de intendentes y exintendentes que se vieron envueltos en diversas causas judiciales. Uno de ellos fue el exalcalde de Pinamar, Martín Yeza, por el uso indebido de 50 tarjetas Alimentar. A su vez, el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, enfrenta un litigio judicial por una causa de abuso sexual que realizó su exsecretaria.
Otro caso resonante es el del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que en septiembre de este año recibió una nueva denuncia penal por malversación de fondos y lavado de dinero por ser socio de una distribuidora que oficiaba también como proveedora del municipio.
Existe otra causa reciente, como la revocación del sobreseimiento al exintendente de General Belgrano, Jorge “Piru” Eijo, por supuesta defraudación al no invertir fondos públicos que recibió por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas para realizar tareas vinculadas al suministro de agua potable. Había sido sobreseído, pero la Sala IV de la Cámara de Casación revocó la decisión por el voto unánime de los letrados Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky. Hay otros exintendentes como Marcos Fernández (Monte Hermoso), Nicolás Ducoté (Pilar), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino) que también sufrieron presentaciones judiciales en su contra.
LA PLATA Garro denunciado tras una auditoría
Se trató de uno de los traspasos de mando más complicados en todo el territorio bonaerense tras la última elección. No solamente por el resultado electoral ajustado (el peronismo ganó por 646 votos), sino también por la denuncia que realizó la gestión de Julio Alak (UP) contra Julio Garro (PRO) por detectar una gran cantidad de irregularidades a la hora de realizar una auditoría a la planta municipal, de la cual se tardó más de tres meses en conocerse los resultados.
La denuncia realizada por el intendente peronista ingresó en la UFI 16 de Juan Cruz Condomí, y acusa al exsubsecretario de Deportes de diversas inconsistencias en la contratación de empleados municipales y otras aristas, como el pago de sueldos a personas detenidas por homicidios, abusos o robos, también a cientos de trabajadores que no tenían su legajo en condiciones, incluso a agentes que habían presentado su renuncia y hasta a una persona fallecida. Para la actual gestión, en los ocho años de Garro ingresaron más de 6.000 trabajadores municipales.
LINCOLN Una condena que llegó ocho años tarde
Ni bien asumió el actual intendente de Lincoln, Salvador Serenal, realizó una denuncia penal contra su antecesor, Jorge Fernández, por asociación ilícita y defraudación a la administración pública en 58 oportunidades. Fernández fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con los jueces Carlos A. Natiello y Mario E. Kohen, ratificó la culpabilidad de Jorge Abel Fernández, Walter Daniel Fernández y Marcelo Roberto Porto y dejó fehacientemente acreditado que los encausados perpetraron hechos de defraudación a la administración pública por usar documentación falsa.
PUAN Escándalo entre dos alcaldes de JxC
La pequeña localidad de Puán se vio envuelta en un verdadero escándalo tras el triunfo de Diego Reyes en la intendencia local. Le ganó la PASO al ex intendente Facundo Castelli y rápidamente lo denunció por una presunta malversación de fondos de las arcas comunales, debido a la transferencia de unos 83 millones de pesos a su propio partido, Frente Vecinal, dinero que debía utilizarse para el pago de salarios del personal municipal.
Tras conocerse esta situación el intendente abandonó la ciudad que gobernó durante tres períodos y publicó una carta pidiendo perdón por redes sociales, acusando sobrellevar un problema de salud mental, razón por la cual no participó del traspaso de mando.
La causa quedó en el Juzgado de Garantías 2 de Bahía Blanca y el jefe comunal solicitó una ayuda del gobierno de la Provincia para efectuar el pago de salarios a la planta municipal en los primeros meses del año, ya que las cuentas municipales estaban en rojo.
VEINTICINCO DE MAYO Ralinqueo deberá dar explicaciones
En otro traspaso de mando complicado. El intendente de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, denunció en la UFI N° 2 de Mercedes al ex jefe comunal, Hernán Ralinqueo, y a otros 20 funcionaros municipales, por malversación de fondos.
A su vez, se los acusa de otros delitos como “Daños en documentos informáticos, Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Lavado de Activos y Evasión”.
Entre otros, quedaron involucrados en la causa el ex secretario de Gobierno y Producción, Nicolás Lorenzo; el ex Secretario de Coordinación General, Octavio Pavia; el ex Secretario de Obras Públicas, Pablo Maldonado y la ex Secretaria de Hacienda, Marta Ticera. La denuncia detalla que “se entregaron a empresas, cooperativas de trabajo y clubes, subsidios, contrataciones y pensiones superiores a lo correspondiente y fuera de los cánones normales y legales”.
La respuesta de Ralinqueo
Esta denuncia es una más de las incoherentes de Ramiro Egüen, quien se la pasó los últimos años acusando al Gobierno Municipal y a quien se cruzara sin sentido ni argumentos. Comenzó con una denuncia contra el Sindicato de Trabajadores Municipales que en marzo de este año la Justicia determinó la falta de mérito.
En 2023 Egüen cerró su campaña a Intendente con una denuncia de mafia judicial, policial, política, periodística. Intentó ensuciar a muchísimos actores de la Comunidad de 25 de Mayo sin presentar ningún tipo de pruebas. Al Fiscal Pablo Merola, a Pedro Illanes, al Ayudante Fiscal Carlos Brunelli.
Ahora denuncia a la Liga Veinticinqueña de Fútbol, a los clubes Plaza España, Alumni, Juventud Unida y Argentinos; a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pedernales, a las cooperadoras de las Escuela 39 y 20 de Norberto de la Riestra, de la Escuela 28 Paraje Solache, Escuela 5 de Pedernales; a la Comisión Directiva del Centro Tradicionalista Esperanza Criolla, Ombú y Fortín; a la Mutual Prado Italiano; a la Sociedad Pro Fomento de Valdés, al Club de Fomento y Pesca Laguna Mulitas; a la Agrupación Veinticinqueña de Vehículos Clásicos.
Egüen denuncia a todo el mundo, cree que los vecinos y las vecinas que participan, que se involucran en la Comunidad, gestionan y reciben un subsidio del Estado Municipal son corruptos.
También lo hizo con las empresas y cooperativas como Bruno Construcciones y Fahey Group que cumplieron trabajos en los últimos años y ahora, durante su gestión, volvieron a ser contratados porque claramente hacían bien su tarea, de manera absolutamente legal.
Lo que aún queda por definirse es la denuncia por la interrupción del normal traspaso de la administración cuando por la fuerza y bajo amedrentamiento el Director de Protección Ciudadana, policía Diego Piano; la Secretaria de Gobierno Mercedes Squillaci ; el secretario de Hacienda, Sergio Mansilla impidieron que ingresen las autoridades de ley al Palacio Municipal y los retuvieron contra su voluntad. Esta denuncia está a la espera de resolución en la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial Mercedes y podría impactar en la legalidad de los actos del Gobierno de Egüen.
MAIPU Rappallini cada vez más complicado
Si bien está en uso de licencia, el intendente de Maipú, Matías Rappallini, se encuentra contra las cuerdas tras la denuncia en su contra por la retención de documentos para que vecinos puedan votar en las elecciones del 2019, donde el dirigente del radicalismo se impuso por escasos 50 votos. La investigación cuenta con un total de 13 imputados y el alcalde radical fue procesado por el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.
La causa fue iniciada el 27 de octubre del 2019, cuando vecinos denunciaron que habían entregado su DNI a personas vinculadas a la Municipalidad a cambio de dinero, elementos para la construcción, alimentos, o bajo la promesa de que iban a obtener programas estatales.
CAMPANA Abella complicado por el automovilismo
Pese a encontrarse en funciones, el intendente de Campana, Sebastián Abella, quedó envuelto en una problemática por presunta existencia de empresas que figuran como proveedores del municipio y también patrocinan el auto que utiliza el jefe comunal para correr en el Turismo Carretera, pasión del alcalde, ya que se desempeña como corredor desde el año 1998.
La denuncia fue presentada por el bloque de concejales de Unión por la Patria y quedó a manos del fiscal Alejandro Irigoyen en la Unidad Fiscal y Judicial 1 de Zárate-Campana. Meses después , el jefe comunal del PRO solicitó un pedido de licencia al Concejo y a cargo de la intendencia quedó su hermana, Elisa Abella, pero rápidamente volvió al sillón municipal.
