¿JUNTOS O SEPARADOS?
La Tecla
Redacción
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Serga.NET
Exintendente de la Primera sección denunciado ante la Justicia por venta irregular de tierras
Alejandro Federico, quien fuera alcalde de Suipacha, es acusado por una anómala cesión de terrenos en pleno proceso electoral del 2023. La presentación fue realizada al Departamento Judicial de Mercedes.
El exintendente de Suipacha, Alejandro Federico (Juntos por el Cambio), fue denunciado ante la Justicia por su sucesor Juan Mancini (Unión por la Patria) y estalló la controversia en la Primera sección electoral. En la presentación se lo acusa por una cesión de terrenos en zona industrial de la cual se habrían registrado una serie de irregularidades.
En julio de 2023 el gobierno local de Federico había elevado un proyecto de ordenanza mediante el cual se propiciaba la venta de terrenos ubicados en la zona industrial mixta. No obstante, según consta en la acusación, se habría violado legislación vigente y se difundieron obras como realizadas que no existen. Además, se indicó que hubo sobreventa “a precio vil o irrisorio de 11 terrenos a 24 compradores diferentes”.
Desde la Municipalidad explicaron que se daba cuenta de la división en 11 lotes con servicio de energía eléctrica, con plano visado por la oficina de Catastro Municipal y firmado por la entonces secretaria de Obras Públicas. No obstante, esas parcelas fueron vendidas a 24 personas.
Además, sostuvieron que, en los boletos de compraventa emitidos, la comuna vendió los lotes ofreciendo provisión de energía eléctrica, pero en los hechos tal provisión no existe, no está presupuestada y tampoco cuenta con ejecución financiera. Al no figurar restricciones en los planos, estos servicios aparecen como existentes en los mismos, aprobados oportunamente por el Concejo Deliberante y ARBA para la subdivisión.
Además, se ofreció a los compradores la posibilidad de adquirir el terreno a un diez por ciento de un valor fijado y en cuotas mediante una tasación realizada por un tasador privado y no un ente oficial, como el Banco Provincia, tal cual lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El detalle que remarcaron en la denuncia es que la multiplicación de compradores de esos 11 lotes se dio luego de las elecciones PASO de agosto de 2023, donde Mancini se impuso y ya se encaminada para hacerse cargo del municipio.
“De los boletos de compraventa adjuntos, no se han encontrado fundamentos jurídicos y/o empíricos que justifiquen por qué, en algunos casos, se vendieron porcentajes de parcelas y, en otros, unidades funcionales. Esto genera derechos y obligaciones diferentes para las partes adquirentes, incluyendo la posibilidad de que los requisitos de zonificación impidan el uso específico para el desarrollo de los proyectos productivos”, se afirmó en la denuncia presentada en los Tribunales mercedinos.
“Lo que llama poderosamente la atención es que, mientras que el Intendente Municipal y la Secretaría de Obras Públicas establecían una nueva ordenanza de zonificación (2022) que, como también indica la ley provincial, indica que los lotes en esta zona debían ser de un mínimo de 2.000 M2, el Intendente Municipal y la Secretaría de Producción ofrecía terrenos de 1.100 M2 primero y de 700 M2 después en el apuro post paso 2023”, indicaron desde el Ejecutivo local.
En esa línea, manifestaron que “resulta irrisorio que ni el intendente ni la Secretaria de Gobierno y Control de Gestión hayan recabado en esta incompatibilidad expresa entre lo que hicieron dos áreas municipales, lo que agranda la sospecha de que lo hecho fue en pleno conocimiento y frente al apuro electoral”.
“Es escandaloso lo mal que hicieron las cosas. En la campaña del 2015 el exintendente tenía como propuesta el desarrollo de ese sector industrial. Tardó siete años en empezarlo y con un resultado pésimo, negligente y que compromete seriamente al Estado Municipal. Hacerlo bien era más fácil, no se entiende desde la buena fe y el bien común lo que hicieron. Desde que asumimos la gestión lidiamos con diferentes juicios de vecinos contra la municipalidad por sucesos entre el 2016 y 2023, que representan un perjuicio al Estado local, y como es sabido recibimos una municipalidad a la que no le sobra nada. Este despropósito, intencional o por ineptitud, representa erogaciones imposibles de afrontar y/o nuevas demandas contra la municipalidad”, añadieron desde el gobierno municipal actual.
Los delitos por los que se acusa a Alejandro Federico
La denuncia contra el exintendente de Suipacha es por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), cohecho (art. 256 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP).
La denuncia está sindicada en la Unidad Fiscal N° 1 y la causa está comienza a avanzar para determinar qué sucedió realmente con esta situación en la que hay 24 compradores para 11 lotes en el sector industrial, que ninguno de ellos puede escriturar y demás problemas administrativos que se investigan.
La denuncia completa presentada ante tribunales de Mercedes
En julio de 2023 el gobierno local de Federico había elevado un proyecto de ordenanza mediante el cual se propiciaba la venta de terrenos ubicados en la zona industrial mixta. No obstante, según consta en la acusación, se habría violado legislación vigente y se difundieron obras como realizadas que no existen. Además, se indicó que hubo sobreventa “a precio vil o irrisorio de 11 terrenos a 24 compradores diferentes”.
Desde la Municipalidad explicaron que se daba cuenta de la división en 11 lotes con servicio de energía eléctrica, con plano visado por la oficina de Catastro Municipal y firmado por la entonces secretaria de Obras Públicas. No obstante, esas parcelas fueron vendidas a 24 personas.
Además, sostuvieron que, en los boletos de compraventa emitidos, la comuna vendió los lotes ofreciendo provisión de energía eléctrica, pero en los hechos tal provisión no existe, no está presupuestada y tampoco cuenta con ejecución financiera. Al no figurar restricciones en los planos, estos servicios aparecen como existentes en los mismos, aprobados oportunamente por el Concejo Deliberante y ARBA para la subdivisión.
Además, se ofreció a los compradores la posibilidad de adquirir el terreno a un diez por ciento de un valor fijado y en cuotas mediante una tasación realizada por un tasador privado y no un ente oficial, como el Banco Provincia, tal cual lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El detalle que remarcaron en la denuncia es que la multiplicación de compradores de esos 11 lotes se dio luego de las elecciones PASO de agosto de 2023, donde Mancini se impuso y ya se encaminada para hacerse cargo del municipio.
“De los boletos de compraventa adjuntos, no se han encontrado fundamentos jurídicos y/o empíricos que justifiquen por qué, en algunos casos, se vendieron porcentajes de parcelas y, en otros, unidades funcionales. Esto genera derechos y obligaciones diferentes para las partes adquirentes, incluyendo la posibilidad de que los requisitos de zonificación impidan el uso específico para el desarrollo de los proyectos productivos”, se afirmó en la denuncia presentada en los Tribunales mercedinos.
“Lo que llama poderosamente la atención es que, mientras que el Intendente Municipal y la Secretaría de Obras Públicas establecían una nueva ordenanza de zonificación (2022) que, como también indica la ley provincial, indica que los lotes en esta zona debían ser de un mínimo de 2.000 M2, el Intendente Municipal y la Secretaría de Producción ofrecía terrenos de 1.100 M2 primero y de 700 M2 después en el apuro post paso 2023”, indicaron desde el Ejecutivo local.
En esa línea, manifestaron que “resulta irrisorio que ni el intendente ni la Secretaria de Gobierno y Control de Gestión hayan recabado en esta incompatibilidad expresa entre lo que hicieron dos áreas municipales, lo que agranda la sospecha de que lo hecho fue en pleno conocimiento y frente al apuro electoral”.
“Es escandaloso lo mal que hicieron las cosas. En la campaña del 2015 el exintendente tenía como propuesta el desarrollo de ese sector industrial. Tardó siete años en empezarlo y con un resultado pésimo, negligente y que compromete seriamente al Estado Municipal. Hacerlo bien era más fácil, no se entiende desde la buena fe y el bien común lo que hicieron. Desde que asumimos la gestión lidiamos con diferentes juicios de vecinos contra la municipalidad por sucesos entre el 2016 y 2023, que representan un perjuicio al Estado local, y como es sabido recibimos una municipalidad a la que no le sobra nada. Este despropósito, intencional o por ineptitud, representa erogaciones imposibles de afrontar y/o nuevas demandas contra la municipalidad”, añadieron desde el gobierno municipal actual.
Los delitos por los que se acusa a Alejandro Federico
La denuncia contra el exintendente de Suipacha es por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), cohecho (art. 256 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP).
La denuncia está sindicada en la Unidad Fiscal N° 1 y la causa está comienza a avanzar para determinar qué sucedió realmente con esta situación en la que hay 24 compradores para 11 lotes en el sector industrial, que ninguno de ellos puede escriturar y demás problemas administrativos que se investigan.
La denuncia completa presentada ante tribunales de Mercedes