El Ejecutivo congeló la entrada en vigor de la ley sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal “desde el 8 de enero y por el término de 210 días”. El Ministerio de Desarrollo Agrario no termina de unificar regulaciones y la Legislatura no avanza con una normativa provincial.

La Provincia volvió a prorrogar la suspensión de la ley que regula agroquímicos

El Gobierno provincial volvió a prorrogar, desde el 8 de enero y por el término de 210 días, la Resolución 2018-246 del gobierno de María Eugenia Vidal, que congeló la entrada en vigencia de la ley votada en la Legislatura y rechazada por ambientalistas, por no establecer distancias de seguridad para las fumigaciones y limitar las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo al horario escolar.

Tras el rechazo, la propia exgobernadora decidió suspenderla por un año en febrero de 2019 y crear un equipo interdisciplinario para confeccionar un protocolo, modificando la distancia de fumigación en escuelas. Además, pidió a los productores abstenerse de realizar pulverizaciones de fitosanitarios cerca de dichos establecimientos.

Como informó La Tecla.info, La ausencia de una normativa unificada a nivel provincial impulsó a los municipios a elaborar ordenanzas para regular la aplicación de estos productos, con San Antonio de Areco y Bolívar como puntas de lanza de esta deriva municipalista.

A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumenta que “se mantuvo dicha prórroga teniendo en cuenta para ello, en la última oportunidad, la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”, que ha “recopilado conclusiones que han permitido durante este tiempo compartir criterios y evaluar acciones a seguir para generar políticas públicas referidas a la sustentabilidad del sector y la mitigación de impactos al ambiente, la salud y los alimentos”.

Dicho observatorio fue creado en 2020 a iniciativa del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, con el objetivo de reunir, desarrollar y aportar información científico-técnica sobre el uso y la aplicación de agroquímicos, como también de sus efectos, para ser utilizada en el desarrollo de políticas públicas específicas.

Desde la cartera bonaerense aseguraron que “se ha generado un diálogo con varios municipios, en algunos casos asesorándolos con la actualización de normativas que ya quedaron anticuadas”. Al respecto, puntualizaron casos recientes como Baradero, 9 de Julio, Chivilcoy o Campana, expresando que “en algunas intendencias se dieron charlas, especialmente cuando había situaciones complicadas”.

Además, el decreto refiere a que “se continua trabajando en diferentes adecuaciones como resultado de compartir en un ambiente voluntario de uso varios aspectos, que involucran, entre otros aquí ya mencionados, al sistema de gestión integral de la receta agronómica digital a través de la incorporación al sistema digital del remito y el Acta de Condiciones Técnicas de trabajo, la verificación de las máquinas de aplicación, dando continuidad a la realización nuevas jornadas participativas de debate en torno a la eficiencia de las nuevas tecnologías”.

Por otra parte, recuerdo que “ha tomado estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de Ley tendiente a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de gestión, aplicación y uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”.

En 2020, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, impulsó la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), con el objetivo de reunir, desarrollar y aportar información científico-técnica sobre el uso y la aplicación de agroquímicos, como también de sus efectos, para ser utilizada en el desarrollo de políticas públicas específicas.

Desde la cartera bonaerense aseguraron que “se ha generado un diálogo con varios municipios, en algunos casos asesorándolos con la actualización de normativas que ya quedaron anticuadas”. Al respecto, puntualizaron casos recientes como Baradero, 9 de Julio, Chivilcoy o Campana, expresando que “en algunas intendencias se dieron charlas, especialmente cuando había situaciones complicadas”.

Tras conocerse la disposición, la diputada Silvina Vaccarezza, del blouqe UCR + Cambio Federal, sostuvo que “la prórroga que determinó el Poder Ejecutivo no hace más que exponer la necesidad de discutir una ley que determine la aplicación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. La ausencia de legislación al respecto tal como sucede actualmente, genera una disparidad de ordenanzas que entorpecen el trabajo del productor.

“Es por eso que es fundamental poder dar tratamiento al proyecto de Ley 2764/24-25, de mi autoría, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de gestión, aplicación y uso de productos fitosanitarios, y que tomó estado parlamentario el 25 de septiembre pasado”, refirió la legisladora oriunda de Alberti, quien aseguró que “se necesita de un debate sincero de todos los espacios, en busca de avanzar en una ley que salga del diálogo y el consenso”.

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