En medio de un invierno muy crudo, el gobierno de Javier Milei busca derogar por decreto la ley que beneficia a casi toda la provincia con una tarifa reducida en el servicio de gas

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en medio de uno de los inviernos más crudos que ha vivido la provincia de Buenos Aires: el gobierno nacional se propone derogar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ley que incluye a la mayor parte de los municipios bonaerenses en la “zona fría”, y que establece una tarifa diferencial para el servicio de gas en esos distritos.

Se trata de la ley 27.637, sancionada en 2021 por el Congreso de la Nación, que amplía la “zona fría” en base a consideraciones climáticas. Hasta entonces, sólo el partido de Patagones estaba incluido en esa área, junto a las provincias patagónicas; con la nueva ley, se extendió a 95 de los 135 municipios que comprende el territorio bonaerense y también a otros distritos previamente no incluidos de las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe.

A partir de la sanción de la norma, más de 1,2 millones de hogares de la provincia de Buenos Aires quedaron comprendidos en el régimen de zona fría, con un subsidio del 30% del valor de la tarifa de gas en general, que trepa al 50% para los usuarios en situación de
vulnerabilidad, como los monotributistas sociales, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los jubilados y pensionados, las empleadas de casas particulares y los comedores comunitarios, entre otros.

Ahora, el gobierno de Javier Milei busca derogar esa norma y retrotraer la situación al régimen existente antes de su sanción, cuando sólo las provincias patagónicas, un par de distritos en Salta y el departamento de Malargüe, en Mendoza, formaban parte de la zona fría.

La ex diputada nacional Liliana Schwindt reaccionó ante la novedad con una publicación irónica en Instagram: “La casta finalmente somos los que vivimos en zona fría y que esta gente cree gozamos de privilegios y gastamos mucho. No es Patricia Bullrich que lleva unos cuantos años viviendo de la política, ni (Federico) Sturzeneger que sigue gozando de cargos o (Cristian) Ritondo. que desde 2002 ininterrupidamente ocupa cargos en el Estado. La casta es mi mamá y mi vecino trabajador”, posteó.

Schwindt, oriunda de Olavarría, es la autora de uno de los proyectos que se presentaron en el Congreso para ampliar la Zona Fría. La iniciativa se unificó con otras dos, redactadas respectivamente por el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y por el mendocino José Luis Ramón, y fue este proyecto unificado el que en 2021 se convirtió en ley. Es esta norma la que el gobierno quiere dar de baja.

El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, también lamentó la decisión del gobierno y llamó a “defender” el subsidio “entre todos”.

“En Salliqueló y en una amplia región del país, accedemos a un descuento del 30% y hasta el 50% en la tarifa de gas porque nos lo merecemos por el frío que hace. Este derecho, que conquistamos en 2021 con la Ley de Zona Fría, hoy está en peligro. Lo quieren eliminar por decreto. Mientras tanto, las tarifas ya aumentaron un 400% y muchísimas familias no pueden afrontar lo que se viene”, explicó Succurro.

“Lo digo como intendente y como vecino: es una injusticia total. Y necesitamos que todos tomemos conciencia. Tenemos que defender este beneficio entre todos”, exhortó el alcalde.
De los más de 1,2 millones de usuarios que perderían el subsidio, más de un quinto están en General Pueyrredon (con Mar del Plata como ciudad cabecera) y unos 120.000 están en Bahía Blanca, que ya sufrió el veto presidencial a la ley que creaba un fondo de emergencia para asistir al municipio tras la histórica inundación de marzo.

En el centro de la cuestión está el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se utiliza para compensar la rebaja en la tarifa de los usuarios de la zona fría a través de un recargo al resto de los usuarios. El gobierno argumenta que ese sistema de compensación le costará 300 millones de dólares este año al Estado argentino, pero los impulsores de la norma afirman que eso es mentira, ya que el fondo se autofinancia.

“El gobierno no es claro, tergiversa y miente”, dijo el abogado Carlos Rajoy, que impulsó la inclusión del Partido de la Costa, donde vive, en el régimen de zona fría y que es, además, referente local del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof. “El gobierno quiere apropiarse del Fondo Fiduciario, que es una caja de 100.000 millones de pesos. Seguramente porque necesita plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, apuntó.

La ofensiva de la Casa Rosada no se limita a dar de baja la ampliación de la Zona Fría sino que comprende también a otros subsidios al consumo de gas. El 25 de junio, la Secretaría de Energía dispuso el reempadronamiento obligatorio de todos los clubes de barrio para mantener el beneficio de que gozan desde 2022, y la semana pasada el gobierno desreguló el mercado del gas envasado, eliminando el tope al precio de las garrafas y dejando de garantizar su distribución.

En pie de guerra
“Aquí hay una gran operación para desvirtuar la realidad”

Alejandro Rodríguez es militante peronista, director del Instituto Consenso Federal y ex diputado nacional. El “Topo” Rodríguez (como lo llaman todos, incluso él mismo) es además el autor de uno de los tres proyectos que se presentaron en el Congreso para extender la zona fría y que se unificaron en el que finalmente fue sancionado.

Ante la perspectiva de que el gobierno nacional la derogue, y encima por decreto, reacciona con vehemencia: avisa que “no hay forma” de que Javier Milei pueda concretar ese “atropello”, avisa que recurrirá a la Justicia para voltear el decreto si llegan a firmarlo y acusa: “Este gobierno está manoteando la plata de todos los fondos fiduciarios sin pagar nada”.

En diálogo con La Tecla, el exlegislador hace hincapié en la opacidad con que la administración Milei anuncia su avance sobre este sistema. “Son mentiras que instalan en la prensa de manera anónima”, resalta. “Dicen que el sistema se desvirtuó, pero son ellos los que han montado una gran operación para desvirtuar la realidad. El Fondo Fiduciario tuvo superávit entre 2021 y 2023, Milei lo recibió con superávit cuando asumió y siguió teniendo superávit durante los tres primeros trimestres de 2024. Ahora dicen que tiene déficit. De una manera opaca, extraña diría.”

Rodríguez insiste en que la modificación que pretende el gobierno no pasará. “Es imposible, no hay forma de aprobarlo. Y si lo intentan, van a tener un problema, porque nosotros se lo vamos a frenar con un amparo”, anuncia.

Pablo Garate
“El gobierno nacional tiene muy poca sensibilidad”

Pablo Garate es uno de los intendentes que más impulsaron la ampliación del régimen de zona fría. Ocurre que, como muchos en la provincia de Buenos Aires, el distrito que él gobierna (Tres Arroyos) tiene características climáticas semejantes a las de la Patagonia, y la necesidad de calefacción es muy alta.

Por eso, en 2017 y basado en un análisis técnico, presentó en la Cámara de Diputados bonaerense (donde en ese entonces ocupaba una banca) un proyecto para incluir al distrito en el régimen especial.

“Creo que es un error sacarle la condición de zona fría a nuestra región”, asevera el jefe cmunal. “Las tarifas se van a multiplicar. Y no es que acá la gente derrocha, es por una cuestión climática, técnica”.

Sin embargo, Garate enfatiza que “el gobierno nacional tiene muy poca sensibilidad”.
El intendente aventura que la empresa provincial Buenos Aires Gas SA (BAGSA), que tiene el servicio en algunas localidades de su distrito y también del resto de la Provincia, podría mantener el subsidio aun cuando el gobierno nacional logre darlo de baja en forma general.
Pero el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, dice que no es factible. “Primero, porque el gobierno nacional nos está asfixiando cada vez más económicamente. Y segundo, porque BAGSA es una subdistribuidora que alcanza a apenas 70 localidades en la provincia”, remarca.

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