El Parlamento bonaerense es el principal dique contra la agenda libertaria. Los proyectos en Diputados y el Senado que son la barrera de contención ante una ola de desregulación y disminución del Estado.

Si bien el 2025 fue el año en el que La Libertad Avanza se consolidó como uno de los partidos que controla el tablero político en Argentina, durante todo el año la Legislatura bonaerense le marcó la cancha y se consolidó como un muro político para las políticas libertarias impulsadas por Javier Milei. Con más de 150 proyectos presentados en el 2025, lejos de acompañar la agenda de desregulación económica, reducción del gasto y desmantelamiento del entramado regulatorio estatal, el Poder Legislativo provincial se planta antagónicamente: una avalancha de proyectos provenientes del Ejecutivo bonaerense, el peronismo, la izquierda e incluso sectores del radicalismo exhiben una tendencia clara hacia la expansión del Estado, la mayor intervención en mercados y la ampliación de derechos y obligaciones que chocan frontalmente con el ideario libertario.

Los proyectos que se acumulan en comisiones son elocuentes. Desde nuevas reservas naturales, observatorios, comités y fondos especiales, hasta regulaciones de precios, sistemas de información social, cambios en currículas educativas, ampliación de prestaciones de salud, controles sobre la actividad privada, marcos regulatorios tecnológicos y obligaciones en telecomunicaciones o energía. De esta manera, la Legislatura reproduce una matriz política en donde el Estado es el rector de los bonaerenses. Incluso aparecen iniciativas que hieren directamente la filosofía liberal, como expropiaciones, mayores atribuciones de control estatal o la creación de nuevos entes burocráticos.

En términos políticos, la oposición bonaerense al mileísmo no se expresa sólo en discursos: se materializa en leyes, programas y marcos normativos que consolidan un
ecosistema hostil a cualquier intento de reducción estatal. Por ejemplo, mientras que la gestión libertaria recorta sistemáticamente a los jubilados, desde la UCR buscan crear un marco de defensa para los adultos mayores con una Unidad Sanitaria o un Observatorio específicamente para el
sector.

Así, la Legislatura bonaerense funciona como un dique de contención estructural ante la ola libertaria. En un territorio clave por su tamaño y peso político, el contraste es nítido: Buenos Aires es trinchera ante la avanzada libertaria.

Petroleras en la mira en PBA

Una diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, impulsa un proyecto de ley que obliga a las petroleras y a los estacioneros a informar sus cambios en los precios con 72 horas de anticipación, generó revuelo en la Legislatura bonaerense. Pese al rechazo de la petrolera argentina YPF y de otras cámaras y federaciones, la comisión de Servicios Públicos de Diputados ya aprobó por mayoría la iniciativa.

El incumplimiento de la ley por parte de las petroleras, según prevé el proyecto, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, podrá aplicarse, además, la suspensión temporaria de la habilitación comercial. En tanto, en el caso de incumplimiento por parte de las estaciones de servicio, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre cien 100 y 500 litros de nafta súper.

“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios”, dijo la diputada Rasquetti.

El peronismo se planta y pone un freno a la libre portación de armas

El reciente anuncio del Gobierno nacional, que habilita mediante resolución el acceso de civiles a fusiles semiautomáticos bajo el argumento de “ampliar libertades”, volvió a tensar la discusión pública sobre seguridad. Leonardo Moreno (Unión por la Patria), diálogo con La Tecla y advirtió que la medida no sólo es riesgosa, sino directamente incompatible con cualquier política seria de prevención del delito.

Moreno expuso lo que organizaciones especializadas en desarme vienen alertando: armar a la sociedad no reduce la violencia, la amplifica. El legislador planteó escenarios concretos, “jóvenes de 18 años con armas de guerra, agresores con denuncias activas de violencia de género accediendo a pistolas en sus hogares”, para mostrar el costado oscuro de una política que el Gobierno vende como “libertad”.

Leonardo Moreno, diputado de UxP.

Frente a esta expansión del acceso civil a armamento de alto poder, Moreno presentó un proyecto para frenar la libre comercialización de armas de asalto, crear un índice de riesgo que permita detectar tempranamente situaciones de violencia y “reactivar el plan de desarme voluntario, una política estatal que durante años demostró eficacia y salvó vidas”.

La mirada bonaerense contrasta de lleno con la lógica nacional. Para el mileísmo, más armas implican más libertad; para el peronismo provincial, más armas implican más muertes. Mientras el Gobierno nacional facilita fusiles, en la Provincia se busca reforzar el control y la prevención. En el fondo, se enfrentan dos concepciones opuestas de seguridad: la del individuo armado y aislado, y la de una comunidad protegida por el Estado.

En medio de la avanzada mileista, la UCR se planta por los jubilados

En la Legislatura bonaerense, el radicalismo, desde el bloque UCR + Cambio Federal, viene consolidando una identidad propia: una agenda centrada en la defensa de los jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, que se ubica en las antípodas de las políticas de ajuste y desregulación impulsadas por el Gobierno.

Lejos de acompañar la retracción del Estado promovida por Javier Milei, los proyectos presentados por la bancada radical bonaerense apuntan a fortalecer la
protección social, ampliar derechos y crear nuevas herramientas públicas de acompañamiento. La modificación de la Ley 10.592, para que las certificaciones de discapacidad permanentes no caduquen, elimina trámites burocráticos y refuerza la continuidad de derechos, en un contexto donde la gestión libertaria hizo fuertes recortes. Con la firma de Emiliano Balbín, una serie de proyectos buscan la creación de la figura del Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores, para dotar a este sector de una representación específica frente al Estado, garantizando monitoreo, control y respuesta institucional ante abusos o vulneraciones. Además, el paquete radical se completa con iniciativas estructurales: la creación de la Unidad Sanitaria para Adultos Mayores (USAM), el Registro Único de Asistentes y un Observatorio Provincial de Adultos Mayores, todos organismos destinados a ordenar, supervisar y mejorar las políticas de cuidado.

Son propuestas que parten de una premisa opuesta a la visión libertaria: las personas mayores requieren más asistencia y un Estado presente que este para respaldarlos ante una necesidad.

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