17 de diciembre de 2025
DEFENSA AL CONSUMIDOR
Multa millonaria de la Provincia a Telecentro y DirecTV por trabas para dar de baja los servicios
Las sanciones alcanzan los $167 millones para cada empresa y obligan a garantizar la rescisión por los mismos canales de contratación, sin vueltas ni dilaciones, tras cientos de denuncias de usuarios bonaerenses.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con una sanción contundente contra las empresas de telecomunicaciones Telecentro y DirecTV, a las que multó con $167 millones a cada una por prácticas reiteradas que vulneraron los derechos de las y los consumidores. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, luego de constatar obstáculos sistemáticos para concretar la baja de los servicios.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, que detectó incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Entre las irregularidades más frecuentes aparecieron las dificultades para cancelar el servicio de manera presencial, telefónica o por mensajería instantánea, además de la falta de funcionamiento del denominado “Botón de Baja” en los sitios web oficiales.
Otro de los puntos observados fue la imposición de preavisos y el cobro de períodos completos aun cuando el usuario solicitaba la rescisión. Estas prácticas, según remarcaron las autoridades provinciales, terminan vaciando de contenido un derecho básico y colocan a las personas usuarias en una situación de clara desventaja frente a empresas de gran porte.
El volumen de reclamos fue clave para avanzar con la sanción. El organismo provincial tomó como base cerca de 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. En ese marco, Telecentro quedó señalada como una de las compañías más denunciadas por consumidores bonaerenses a lo largo del año.
Desde la cartera que conduce Augusto Costa subrayaron que se trató de una intervención de oficio ante conductas que se repetían en el tiempo. “En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos”, sostuvo el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, al fundamentar la decisión política de avanzar con las multas.
El relevamiento oficial también dio cuenta de maniobras como derivaciones infructuosas entre distintos canales de atención —web, WhatsApp y teléfono—, respuestas automáticas que redirigían a sistemas inoperantes y extensos tiempos de espera. A eso se sumó la detección de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, que impedían la baja del servicio en caso de existir deudas.
Para el gobierno bonaerense, este tipo de acciones configuran un trato vejatorio, ya que imponen cargas irrazonables y procedimientos dilatorios que hacen imposible el ejercicio efectivo de los derechos. La normativa vigente obliga a los proveedores a garantizar un trato digno y canales de atención eficaces, algo que, según la resolución, no ocurrió en estos casos.
Las empresas ya fueron notificadas de la sanción y cuentan con un plazo de 20 días para acreditar tanto el pago de la multa como las modificaciones exigidas, que incluyen asegurar la rescisión por el mismo medio utilizado para contratar. Desde la Provincia adelantaron que harán un seguimiento del cumplimiento, con el foco puesto en que las prácticas abusivas no se repitan.