2 de enero de 2026
"DURO GOLPE"
Alerta democrática: temores por la concentración de poder la nueva SIDE de Milei
La reestructuración del sistema de inteligencia por decreto reaviva viejos fantasmas del espionaje interno. Especialistas y dirigentes advierten por la concentración de poder, la pérdida de controles civiles y el avance de la vigilancia estatal sobre la política y la sociedad.

La reestructuración del sistema de inteligencia que dispuso Javier Milei mediante el DNU 941/25 reabre una de las discusiones más sensibles de la democracia argentina. En pleno receso parlamentario, el Ejecutivo modificó por decreto cerca de 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, alterando equilibrios institucionales que habían sido construidos tras décadas de consensos básicos.
Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición de las “amenazas” o “riesgos” para la seguridad nacional. El decreto amplía de forma ambigua ese concepto e incluye, en los hechos, a activistas, opositores políticos y periodistas, habilitando prácticas de espionaje interno que la legislación vigente buscaba desterrar tras la experiencia autoritaria.
En esa misma línea, el DNU otorga a la SIDE una discrecionalidad inédita bajo la figura de la “preservación de métodos y fuentes”. Sin límites claros ni controles efectivos, esta cláusula funciona como una carta blanca para que los agentes de inteligencia operen por fuera del marco legal, amparados en la noción genérica de seguridad nacional.
La opacidad es otro de los ejes centrales de la reforma. Al declarar encubiertas la totalidad de las actividades de inteligencia, el decreto debilita los mecanismos de transparencia y elimina, en la práctica, el control sobre los fondos reservados. El sistema se convierte así en una caja negra de recursos públicos, inaccesible al escrutinio ciudadano.
El rol del Congreso aparece severamente recortado. El DNU elimina instancias de control civil sobre la inteligencia militar y le otorga mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto, rompiendo el principio de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que fue un pilar del consenso democrático desde 1983.
A esto se suma la creación de un nuevo esquema de vigilancia digital. El Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, concentrará la recolección y el procesamiento de información digital para el Sistema de Inteligencia Nacional, ampliando las capacidades de monitoreo sobre la población.
En un análisis de la reforma, el diputado socialista Esteban Paulón advirtió que representa un "duro golpe" para la democracia y agregó: "El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad".
En la misma línea, el Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI) aseguró: "todos espiados. todos sospechosos. el dnu 941/25 de milei es un retroceso intolerable y de nulidad absoluta".
Tal como advierten los especialistas, lejos de una modernización técnica, la reforma plantea un cambio de paradigma. El énfasis ya no está puesto en la protección frente a amenazas externas, sino en el control interno y la acumulación de poder discrecional en manos del Ejecutivo, con débiles contrapesos institucionales. Por eso, los detractores de esta reforma sostienen que el debate trasciende lo jurídico y se instala en el corazón del sistema democrático.