4 de marzo de 2026
REVISTA QUé
La Corte revive la causa por lavado contra Jorge Macri por un departamento en Miami
El máximo tribunal anuló el sobreseimiento por la compra de un departamento en Miami y ordenó revisar la investigación que había sido cerrada por la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el sobreseimiento del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa que investiga presunto lavado de activos vinculado a la compra de un departamento en Miami, y ordenó que el expediente vuelva a ser revisado por la justicia.
El máximo tribunal consideró que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había cerrado el caso, no analizó adecuadamente los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y utilizó fundamentos “dogmáticos” para rechazar el recurso presentado por los fiscales.
La investigación se originó a partir de la compra en abril de 2011 de un departamento en el edificio Icon Brickell de Miami por USD 402.963 a través de la sociedad Icon Unit 1704 LLC, creada poco antes por Jorge Macri y Florencia De Nardi.
Según la información presentada ante la AFIP, la operación se financió mediante dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por USD 219.000 y otro de la firma uruguaya Fawsley S.A. por USD 184.000.
Sin embargo, los fiscales sostuvieron que el segundo préstamo podría haber sido simulado, lo que abriría sospechas sobre el origen real del dinero utilizado para la compra. Entre los indicios señalados se mencionaron la falta de garantías reales, la ausencia de pagos documentados de la deuda y la intervención de sociedades offshore vinculadas al entorno familiar del dirigente.
Además, el inmueble fue vendido menos de un año después por USD 502.630, un 25% más que su valor de compra, lo que según los investigadores podría haber generado una ganancia que ayudara a blanquear fondos.
El fallo de la Corte remarcó que existían elementos relevantes señalados por la fiscalía que no fueron tratados adecuadamente por los tribunales inferiores, por lo que dispuso anular la decisión anterior y ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento con un análisis completo de esos planteos.
No obstante, el tribunal aclaró que esta decisión no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los imputados, sino que busca garantizar que la investigación sea evaluada con fundamentos adecuados.
La resolución tuvo una disidencia del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo que el recurso fiscal era inadmisible y que la investigación ya había acreditado el origen lícito de los fondos a partir de peritajes contables y documentación presentada en la causa.
Con esta decisión, la causa vuelve a quedar abierta y deberá ser analizada nuevamente por la justicia federal.