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Lunes, 9 marzo 2026
Argentina
9 de marzo de 2026
10 AñOS DE HISTORIA

Juicios por jurado, balance y cifras

A una década de su implementación, el juicio por jurados en PBA sigue en etapa de revisión. Críticas desde el Fuero Penal y la Legislatura, que se suma al debate para reparar viejas falencias

Juicios por jurado, balance y cifrasJuicios por jurado, balance y cifrasJuicios por jurado, balance y cifrasJuicios por jurado, balance y cifras
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Los juicios por jurados en la Provincia de Buenos Aires cumplieron diez años desde su implementación y, para la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, representan mucho más que una herramienta procesal: son “un cambio de paradigma” y “un ideal de diálogo de nuestra democracia”. La experiencia, iniciada en marzo de 2015, consolidó un modelo que hoy forma parte estable del sistema penal bonaerense.

El primer debate, el disparo de largada, se realizó entre el 10 y el 12 de marzo de 2015 en el Departamento Judicial San Martín. En aquel caso, conocido como “B., G. A.”, el jurado absolvió a un hombre que había matado a su ex cuñado al considerar acreditada la legítima defensa en un contexto de violencia doméstica. Ese veredicto inaugural coronó la nueva era. La decisión final ya no recaería exclusivamente en jueces técnicos, sino en doce ciudadanos convocados a deliberar.

Juicios por jurado, balance y cifras

Sin embargo, cabe destacar que aún aquellos abogados que formaron parte de los primeros juicios en San Martín reconocen que, tras el largo camino recorrido, el sistema necesita ajustes. Uno de los principales reclamos es ampliar el alcance de los juicios por jurado a “todas las ramas de la justicia”. 

Desde entonces, el sistema se expandió y acumuló cientos de juicios en todo el territorio bonaerense. Según los datos consolidados de 2025, el 46% de los casos corresponde a delitos contra la integridad sexual y el 44% a delitos contra la vida, incluyendo homicidios y femicidios. La estadística confirma que el jurado interviene en los conflictos penales más graves y socialmente sensibles.

Juicios por jurado, balance y cifras

Meses atrás, durante el acto conmemorativo por la primera década, la vicepresidenta de la Corte, Hilda Kogan, destacó el valor democrático del modelo al integrar “personas de diferentes extracciones sociales, ideológicas o culturales”. Allí añadió que "el juicio por jurados no es sólo un modo de resolver los conflictos penales más graves de nuestra sociedad, sino que representa un ideal de diálogo de nuestra democracia". A su turno, el ministro Sergio Gabriel Torres afirmó que el sistema fortaleció la participación ciudadana y la legitimidad del servicio de justicia, asentado en el trabajo articulado del pueblo, el Ministerio Público y los jueces técnicos.

Al mismo tiempo, en estos diez años hubo juicios que se grabaron a fuego en la memoria de los bonaerenses. El femicidio de Ricardo Farré en 2017 culminó con una condena a prisión perpetua tras la culpabilidad dictada por un jurado popular. En Mar del Plata, el caso del Camping El Durazno terminó con un veredicto de no culpabilidad para tres jóvenes acusados de abuso, mientras que Jorge Mattar fue condenado a 12 años por el crimen de Leandro Villugrón en un incidente vial. En otro proceso de alto impacto, el policía Arcángel Bogado fue absuelto tras alegar legítima defensa frente a un intento de robo que culminó en la muerte del ladrón.

La performance del sistema no sólo se mide en números, sino en legitimidad. El juicio por jurados introdujo mayor oralidad, publicidad y deliberación colectiva en causas de fuerte impacto y sensibilidad social. Esto permitió que la presencia ciudadana en los veredictos atenuara críticas históricas sobre la distancia entre la Justicia y la comunidad.

En paralelo, la Legislatura bonaerense mantiene activo el debate sobre su perfeccionamiento. Provenientes de todo el arco político, existen proyectos para modificar puntos claves; por ejemplo, al artículo 388 bis del Código Procesal Penal, y ampliar la edad requerida para integrar jurados, así como iniciativas que declaran de interés programas de capacitación y publicaciones especializadas, incluso con perspectiva de género. 

Cabe recordar que en 2023 el Tribunal de Casación bonaerense anuló la sentencia emitida en un juicio por jurados contra una mujer acusada de homicidio. Los jueces destacaron que la acusación se realizó bajo sesgos de género y que se debía instruir a los jurados previamente. Lo que permite evidenciar las falencias actuales.

El balance hecho desde el corazón de la Justicia bonaerense es positivo. A sus ojos el sistema logró estabilidad operativa. Aquellos que mantienen una perspectiva crítica insisten en que el desafío es traspasar las barreras del fuero penal y profundizar este “cambio de paradigma”.

Valentín Miranda, diputado UCR 

-¿Cómo evalúa en estos 10 años el desempeño de los juicios por jurado? ¿Solo en 2025 hubo 100 juicios, este es un balance positivo?

-El balance es muy positivo. Es un sistema que ha permitido acercar al poder judicial con el ciudadano común, derrumbar mitos sobre el funcionamiento de la justicia y darle a la justicia bonaerense una mayor apertura. Es un método que busca generar participación popular en la resolución de conflictos judiciales.

En el Consejo de la Magistratura me toco participar de entrevistas con funcionarios judiciales y todos nos manifiestan que es una experiencia muy positiva tanto para ellos, como para los ciudadanos que participan como jurados. La Corte elaboro una guía interesante para jurados y los distintos tribunales de la Provincia se han comprometido en que este proceso vaya creciendo y desarrollándose de manera seria. 

Juicios por jurado, balance y cifras
Valentín Miranda, abogado y diputado provincial por el radicalismo.

-¿Crees que el sistema de juicio por jurados en PBA ha demostrado solidez institucional o identificas áreas que requieren ajustes? (por ejemplo, hay señalamientos de sesgo en cuestiones de género)

-Creo que para ser un sistema relativamente joven en cuanto a su tiempo de implementación el funcionamiento es bueno. Siempre hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a la selección de jurados, capacitación, infraestructura y logística en el desarrollo de los mismos y otros puntos, pero el balance es positivo. Otro punto que se puede profundizar es su vinculación con la educacion y la escuela, para generar una mayor preparación de chicos que el día de mañana pueden ser jurados. 

-¿Sería una ventaja ampliar la cobertura de los juicios por jurado a delitos civiles, como en EEUU?

Estamos en una etapa donde todavía no veo viable y necesario avanzar en la ampliación del juicio por jurados a delitos civiles. Si bien el proceso es muy virtuoso, todavía queda para mejorar, crecer y consolidar dentro de la materia penal que es donde actualmente intervienen los jurados. Además, el Poder Judicial debe antes ser dotado de una estructura financiera que le permita hacer frente a nuevos desafíos. En ese sentido, el bloque de la UCR venimos insistiendo con su Autarquia, y hace tiempo presentamos un proyecto de ley para implementarla. Por otra parte, existen hay que seguir profundizando el trabajo en la cobertura de vacantes,  infraestructura, agilización de los procesos, entre otros, que deben ser resueltos en forma previa, si queremos tener un servicio de justicia acorde a los tiempos actuales, donde se le requiere de una mayor eficiencia. Todo antes que avanzar en la ampliación de los juicios por jurados a la materia civil.

NUEVOS HORIZONTES
Un sistema que necesita ajustes 


Tras diez años de experiencia, el debate ya no es si el juicio por jurados funciona en la provincia de Buenos Aires. Funciona. Luego de una década de implementación en materia penal, el sistema se consolidó como un mecanismo estable, con cientos de condenas dictadas y miles de ciudadanos convocados a participar en decisiones trascendentes. Sin embargo, en la Provincia continúa limitado a delitos graves, ya que la Ley 14.543 lo regula exclusivamente en el ámbito penal. La discusión, ahora, es otra. A la luz de los casos de Chaco y Santa Fe, donde el jurado también interviene en causas civiles y comerciales, el esquema bonaerense podría ampliarse y traspasar la frontera penal, tal como lo prevé la Constitución Nacional al disponer su aplicación “en todos los ramos” del derecho.

La resistencia responde a factores estructurales. El principal es presupuestario: el universo civil es masivo y la ampliación implicaría una logística significativamente mayor. No obstante, superar esas barreras podría contribuir a dinamizar un fuero con altísimo volumen de causas pendientes de resolución y fortalecer su legitimidad democrática.


LEGISLATURA
En la mira: Diputados busca la perfección de los juicios por jurado


Los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires atraviesan una etapa de consolidación institucional, pero también de revisión normativa. Con un sistema que ya forma parte estable del proceso penal para delitos graves, el debate en la Cámara de Diputados de la Provincia apunta ahora a perfeccionar su funcionamiento y corregir posibles falencias. Uno de los proyectos en análisis propone modificar el artículo 388 bis del Código Procesal Penal (Ley 11.922) para reducir de 21 a 18 años la edad mínima para integrar un jurado. La iniciativa, impulsada por la exdiputada Viviana Andrea Dirolli (UCR), busca ampliar la base de participación ciudadana y adecuar el requisito etario a la mayoría de edad vigente para el ejercicio de derechos políticos. Sus defensores sostienen que incorporar jóvenes permitiría fortalecer la representatividad social del cuerpo de jurados y ampliar el compromiso cívico. 

En paralelo, otro proyecto pone el foco en una cuestión sensible: los sesgos de género en la deliberación y en las instrucciones que reciben los jurados. La diputada Lucía Iañez presentó una iniciativa para declarar de interés legislativo el libro “Instrucciones al jurado con perspectiva de géneros. Doctrina, jurisprudencia y textos de instrucciones”, con el objetivo de promover herramientas que garanticen decisiones libres de estereotipos y prejuicios. El planteo no es menor. En los últimos años, algunos fallos fueron cuestionados por posibles sesgos en la valoración de la prueba, especialmente en casos de violencia de género. De allí que la capacitación y la actualización de las instrucciones al jurado aparezcan como piezas clave para asegurar estándares de imparcialidad y equidad. 

El presente del sistema combina estabilidad operativa con demandas de ajuste fino. La discusión legislativa permite observar que el juicio por jurados dejó de ser una novedad y se convirtió en una política pública judicial en evolución que, más allá de los pasillos judiciales, ahora ha entrado en terreno de discusión legislativa.

ADRIAN RODRIGUEZ DIAZ - ABOGADO PENAL
Un sistema que funciona al límite y el “temor” a los cambios necesarios


El debate sobre ampliar el juicio por jurados a todas las ramas del derecho no es novedoso. Según el abogado penal y consultor jurídico Adrián Rodríguez, la posibilidad ya está prevista en la Constitución de 1853. Sin embargo, su implementación enfrenta resistencias estructurales y culturales. Rodríguez sostiene que existe “temor” al modelo acusatorio adversarial, ya que exige habilidades que no están plenamente incorporadas en la práctica profesional. “Litigar en un proceso oral implica preparar argumentos, debatir en audiencia y dominar técnicas distintas al tradicional expediente escrito. Hay que estudiar de nuevo muchas cosas”, resume, y eso supone toda una nueva actualización por parte de los abogados. 

En la provincia de Buenos Aires, donde el sistema penal celebró una década de juicios por jurados, la experiencia muestra avances, pero también límites. El propio Rodríguez participó en uno de los primeros juicios por jurados, en el Departamento Judicial San Martín, y plantea una crítica puntual: que la opción de recurrir al jurado sea hoy una facultad exclusiva del imputado en materia penal. A su entender, esa potestad debería extenderse a cualquier parte que lo solicite, incluso en procesos civiles, comerciales o laborales. No obstante, la ampliación enfrenta obstáculos prácticos. El alto nivel de litigiosidad, la falta de estructura en muchos juzgados y los costos operativos de organizar debates orales con jurados constituyen desafíos significativos. Incluso en el ámbito penal, la organización de los juicios demanda tiempo y recursos. 

Otro punto sensible es la cuestión de género en el armado de los jurados (6 varones y 6 mujeres), “en la práctica formal no pasa”, advierte Adrián Rodríguez.  “Hay un problema de corte procesal que hasta hoy no se ha resuelto y supone una reforma legislativa”, agrega.




 

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