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La Tecla
Redacción
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Saltan la grieta para cortar el call center del delito en las cárceles bonaerenses
La senadora massista Malena Galmarini y el diputado libertario Oscar Libermann presentaron iniciativas para restringir el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias de la Provincia.
La posibilidad de que los reclusos en cárceles bonaerenses cuenten con la posibilidad de tener libre acceso a teléfonos celulares unión a libertarios y peronistas detrás de la idea de terminar con esta práctica.
La senadora del Frente Renovador Malena Galmarini presentó un proyecto para prohibir celulares en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones desde prisión.
El objetivo de la iniciativa de la legisladora de Fuerza Patria es frenar las estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde unidades penitenciarias.
La propuesta plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.
El proyecto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.Basta de celulares en las cárceles. No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo.
Necesitamos prohibir los celulares e inhibir las señales en los penales bonaerenses. pic.twitter.com/z4PxfgU0rW
— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 13, 2026
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la senadora.
En ese sentido, Galmarini remarcó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. “No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, señalaron desde el equipo de la legisladora.
El proyecto también prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.
Libertarios, en línea
En el mismo sentido el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó el proyecto de “ley Rodrigo”, una normativa que apunta a prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y que cuenta con el apoyo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
La iniciativa lleva el nombre de “ley Rodrigo” en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica.
El legislador libertario propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.
Asimismo, modifica el inciso 5 del artículo 0 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense para establecer que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno. El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, en caso de que no se garantice ninguna de estas cuestiones, la autoridad penitenciaria podrá solicitar al juez competente la restricción o interrupción de las comunicaciones personales o telefónicas. La medida deberá tener un plazo “determinado y razonable” que podrá ser prorrogado fundamente, el cual cesará a la par que se resuelva la acción o el evento que motivó la prohibición.
Además, el proyecto prevé la instalación de sistemas de inhibición de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los pabellones de internos, e incita al Servicio Penitenciario a promover medidas de control permanentes, como requisas periódicas de celdas, controles tecnológicos para detectar celulares y acciones preventivas para evitar el ingreso de elementos prohibidos.
Además de Liberman, el proyecto lleva la firma de los libertarios Agustín Romo, Héctor Gay, Carla Pannelli, Fernanda Coitinho, Luis Ontiveros, Nahuel Sotelo, Francisco Adorni, Gastón Abonjo, Pablo Morillo, Ramón Vera Chávez, Silvina Vitale, Analia Corvino, Maximiliano Bondarenko y Geraldine Calvella.
También inscribieron sus propuestas sobre el tama el senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, y la ex diputada radical Nazarena Mesías.
Basta de celulares en las cárceles. No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo.
Necesitamos prohibir los celulares e inhibir las señales en los penales bonaerenses. pic.twitter.com/z4PxfgU0rW