El suspendido integrante del Tribunal N° 4 de La Feliz fue acusado por el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el gremio de los judiciales. También señalaron que el magistrado tuvo "reacciones violentas y alusiones de tipo sexual" hacia trabajadoras del juzgado.

Comenzó el Jury a un juez marplatense por maltrato y acoso laboral

En el anexo del Senado bonaerense comenzó a desarrollarse el Jury que se le sigue al juez Mariano Riva, integrante del Tribunal N° 4 de Mar del Plata, quien fuera denunciado por acoso laboral, maltrato y acoso sexual a empleadas del tribunal.

La denuncia fue realizada oportunamente por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, y por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El tribunal, presidido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, está integrado por los diputados Diego Garciarena (UCR), Germán Di Cesare (Fuerza Patria), Maite Alvado (Fuerza Patria), Martín Endere (PRO) y Ricardo Lisalde, de Fuerza Patria.
En tanto, por parte de los profesionales del derecho lo integran los abogados Rodríguez Basalo, Horacio Vero, Roberto Mateo, Ricardo Morello y Carlos Valdez.

En febrero de 2024 la Corte bonaerense dispuso aplicar un “licenciamiento compulsivo” de dos integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, Mariano Riva y Alejandro Lerena, denunciados por ejercer violencia sistemática contra trabajadoras de la dependencia.

Mariano Riva, suspendido juez de Mar del Plata.

En noviembre de ese mismo año el Gobierno provincial le aceptó la renuncia por jubilación a Lerena, mientras que en noviembre de 2025 el Jurado de Enjuiciamiento aceptó la acusación contra Riva para someterlo a enjuiciamiento. Además, formalizó la suspensión de su cargo -pese a que ya se encontraba apartado a instancias de la Corte- lo que en este caso también implicó, según detallaron desde la AJB, el embargo del 40% de su salario mientras dure el proceso.

Para decidir si Riva es destituido o absuelto y restablecido en su cargo el tribunal evaluará la denuncia contra el magistrado por realizar “cambios de lugar de trabajo como castigo, críticas injuriosas y descalificaciones, obstaculización de licencias y traslados, intromisión en la vida privada, reacciones violentas y sumarios arbitrarios, alusiones sexuales, prohibición de recurrir al sindicato y sobrecarga laboral injustificada”.

“Estas prácticas, prolongadas en el tiempo, configuran una modalidad de violencia sistemática laboral y de género, así como también un irregular funcionamiento de la administración de Justicia, originado en el deficiente y abusivo ejercicio de las facultades de dirección y organización que le fueron atribuidas con el cargo de juez”, expresaron desde el gremio que nuclea a los judiciales.

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