18 de marzo de 2026
VUELTA AL DIALOGO
La Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de FATE: alcances
Será por 15 días, con la intención de forzar el diálogo entre la empresa y el sindicato SUTNA tras el vencimiento de la intervención nacional. Los trabajadores, que denuncian un "lockout patronal ilegal”, deberán suspender las medidas de fuerza y la empresa está obligada a reabrir las puertas y no tomar medidas.
La provincia de Buenos Aires intervino en el prolongado conflicto laboral de la fábrica de neumáticos FATE (San Fernando) y dictó una nueva conciliación obligatoria por 15 días, en un intento por congelar las medidas de fuerza y forzar el diálogo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la empresa.
La disposición encuadra el caso bajo la Ley 10.149 bonaerense y responde a la presentación del 17 de marzo del secretario general del gremio, Alejandro Crespo, quien denunció que ya se cumplía un mes desde el inicio de lo que el sindicato califica como un “lockout patronal ilegal” por parte de FATE, tras vencer la conciliación dictada por Nación.
Según el texto oficial, la medida busca preservar la paz social en medio de un conflicto de “extrema gravedad” que afecta a cerca de 920 trabajadores directos. Así, durante los próximos 15 días el SUTNA y los trabajadores deben suspender toda medida de acción directa (permanencias, paros o protestas).
Por su parte, la empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, queda intimada a abstenerse de cualquier conducta contraria a la buena fe negocial. Es decir, a no mantener el cierre de la planta ni medidas que impidan la reanudación productiva.
Ambas partes fueron notificadas bajo apercibimiento de multas (de acuerdo al Anexo II de la Ley 25.212), procedimientos por la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) y, en caso de inasistencia injustificada, conducción por la fuerza pública.
El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los trabajadores se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas, pese a acuerdos previos y conciliaciones obligatorias dictadas tanto por la Secretaría de Trabajo nacional como por la cartera bonaerense en febrero.
En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.
Además, el sindicato impulsó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar la producción de neumáticos pesados como actividad estratégica y permitir una intervención provincial transitoria.
Esta nueva conciliación provincial se superpone o complementa las instancias nacionales ya vencidas o prorrogadas, y prioriza “administrar el conflicto” para evitar desbordes mayores.
El texto exhorta a ambas partes a negociar con “la mejor predisposición” y contribuir a mejorar las relaciones laborales en la empresa.