26 de marzo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Reforma Ley de Glaciares: la primera audiencia dejó denuncias y un fuerte rechazo
Más de 105.000 personas se anotaron para exponer, pero apenas el 1% podrá hacerlo de manera oral. La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados, con un fuerte operativo de seguridad y reclamos de la oposición por la restrictiva participación ciudadana
Se anotaron más de 105.000 personas para exponer, pero menos del 1% podrá hacerlo de manera oral. La jornada estuvo marcada por denuncias de lobby, críticas al formato restrictivo y un fuerte operativo de seguridad.
Este miércoles se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la primera de las dos audiencias públicas sobre el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, impulsado por gobernadores de provincias cordilleranas con el objetivo de facilitar la actividad minera en zonas periglaciares.Aunque se inscribieron alrededor de 105.000 interesados, solo unas 360 personas fueron habilitadas para exponer oralmente (presencialmente este miércoles y de forma virtual el jueves).
El resto deberá limitarse a enviar videos o escritos. Diputados de la oposición impugnaron el formato definido por el oficialismo de La Libertad Avanza, al considerar que no cumple con los requisitos básicos de participación ciudadana.El debate se desarrolló en medio de un estricto dispositivo de seguridad, con vallados perimetrales y controles reforzados en el Anexo C del Congreso, ante la gran cantidad de inscriptos y la presencia de manifestantes en las inmediaciones.
Las exposiciones en contra de la reforma fueron ampliamente mayoritarias. El abogado ambientalista Enrique Viale denunció la influencia de multinacionales mineras detrás del proyecto, mencionando a Vicuña, Barrick Gold y Glencore. En particular, alertó sobre el proyecto Vicuña en San Juan, que según sus datos consumiría 174 millones de litros de agua por día.Viale también anunció que presentarán una denuncia contra la senadora Flavia Royón (representante del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz) por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública y cohecho, al acusarla de vinculación con la minera Río Tinto a través de una consultora.
Por su parte, Marta Maffei, exdiputada y autora de la actual Ley de Glaciares, calificó el proyecto como “regresivo” respecto de las leyes y tratados vigentes. Señaló que, según un relevamiento de la Universidad de Zúrich, en Argentina hay 53 emprendimientos contaminantes ubicados por encima de glaciares.
Maffei advirtió que la reforma viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental. Con la modificación propuesta, serían las provincias las que determinen qué zonas tienen relevancia hídrica, lo que podría generar conflictos interjurisdiccionales por el uso del agua.
“Este proyecto tiene una fachada de federalismo, pero en realidad permite que cada provincia haga lo que quiera con los glaciares. El agua es un recurso interjurisdiccional: no puede ser administrada solo por la provincia donde está el glaciar, dejando río abajo a otras regiones en situación de sequía”, expresó
Las únicas exposiciones a favor de la reforma provinieron de funcionarios del gobierno de San Juan. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno, defendieron la necesidad de la minería para la provincia.“San Juan es una provincia montañosa y desértica. Solo el 3% de su territorio corresponde a oasis donde vive la población y se desarrolla la agricultura.
Nadie está más comprometido que nosotros con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería es una actividad ineludible”, sostuvo Fernández.