28 de marzo de 2026
JUDICIALES
Adorni bajo la lupa: el fiscal activó una batería de medidas para investigar su patrimonio
La Justicia avanzó con múltiples pedidos de información sobre bienes, ingresos, sociedades y viajes del jefe de Gabinete en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una extensa serie de medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución económica del funcionario y de su entorno familiar, en una causa que analiza un supuesto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento fue presentado ante el juez Ariel Lijo luego de que la magistrada María Servini se excusara y remitiera otro expediente vinculado al incremento patrimonial del ex vocero presidencial. Aunque todavía no existe imputación formal, el movimiento del fiscal refleja dudas sobre la consistencia entre los ingresos declarados públicamente por Adorni y el crecimiento de su patrimonio.
Uno de los focos principales de la investigación apunta a una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Pollicita solicitó al Registro de la Propiedad bonaerense que informe la titularidad, antecedentes dominiales, gravámenes y cualquier restricción vinculada al lote 380 del emprendimiento, así como otros posibles inmuebles a nombre del funcionario, su esposa Bettina Julieta Angeletti y familiares cercanos.
Además, pidió verificar si existen propiedades registradas en la Ciudad de Buenos Aires y reclamó información a la administración del barrio privado sobre quién figura como responsable del pago de expensas y cuotas sociales.
Según datos inmobiliarios públicos incorporados a la causa, las viviendas en ese country rondan valores promedio cercanos a los 150 mil dólares, con costos adicionales de ingreso millonarios.
El fiscal también requirió a los registros automotores detalles sobre todos los vehículos vinculados al matrimonio, incluyendo marcas, modelos, fechas de adquisición y eventuales autorizaciones de manejo. En su declaración jurada, Adorni consignó un Renault Captur modelo 2019 y un Jeep Compass comprado en 2024.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la exdiputada libertaria Marcela Pagano, quien cuestionó el incremento patrimonial del funcionario. En ese contexto, la fiscalía busca analizar supuestos préstamos familiares declarados por Adorni, entre ellos obligaciones económicas con su madre y con una pariente de avanzada edad.
Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción copia completa —incluidos anexos reservados— de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. El objetivo es determinar si la propiedad del country fue incluida en la sección confidencial, teniendo en cuenta cambios previos en la Ley de Ética Pública que eliminaron la obligación de informar bienes del cónyuge en la parte pública.
Otro eje clave apunta a los ingresos oficiales del funcionario. El fiscal solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, toda la documentación administrativa vinculada con su desempeño en la función pública: designaciones, cambios de funciones, expedientes internos y el detalle mensual de haberes, viáticos, adicionales y compensaciones percibidas.
El paquete de medidas también incluye pedidos a la Inspección General de Justicia y organismos provinciales para conocer si Adorni, su esposa o familiares participaron en sociedades comerciales desde 2022 hasta la actualidad, incluyendo cargos de administración o beneficios finales.
Por ahora, la causa se encuentra en una fase inicial de recolección de pruebas. Sin imputación formal, la estrategia de Pollicita apunta a reconstruir integralmente la situación patrimonial de Adorni antes de definir los próximos pasos procesales.