La caída de la recaudación junto a una demanda creciente de gremios, intendentes, proveedores y otros sectores, meten al Gobernador en un lodazal y le proponen un reto de difícil salida. Números que impactan.
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“La Provincia es el territorio de la Nación”, decía Felipe Solá para graficar por qué cualquier suceso en el suelo bonaerense tendría efectos nacionales y viceversa. Si la economía está estancada el primer impacto se sentirá indefectiblemente en la provincia de Buenos Aires, y tiene secuelas en el Gobierno y en las administraciones municipales.
El panorama económico en el país es complicado, con un aumento del malestar social y caídas en las encuestas de imagen. La inflación y el desempleo son las preocupaciones principales, y la retracción de la actividad económica se siente en todos los sectores. Pero la situación no afecta solamente la percepción sobre Javier Milei, sino que también derrama en el malestar hacia el gobierno provincial y las conducciones municipales. En ese marco, Axel Kicillof apunta permanentemente sus críticas al Estado Nacional, mientras sobre su gestión empiezan a recaer cada vez más demandas que no encuentran respuesta y lo meten en un lodazal difícil de despegarse. Pero al Gobernador también la cabe el sayo de ser el responsable de una gestión que demanda ingenio y capacidad de resolución para cumplir con las demandas. Por caso, frente a la crisis, la Provincia no ha dejado de ampliar su planta de empleados.
La deuda bonaerense es significativa, y la administración trata de manejar la situación con recursos limitados, enfrentando recortes en transferencias y una recaudación propia que tuvo un espejismo en el primer trimestre pero anticipa una merma indefectible en lo inmediato. La incertidumbre persiste, y no se vislumbran mejoras a corto plazo. En paralelo, sube el malestar de los intendentes, incluso en la propia tropa del MDF, donde aseveran: “Los problemas los sabemos todos, pero la plata no aparece”.
Similar es la situación de los proveedores, con atrasos significativos en los pagos que en muchos casos llevan a la paralización efectiva de obras o servicios. Los empleados públicos están cada vez más inquietos por la retracción salarial frente a los índices de inflación, con una preocupante advertencia por parte de la fuerza de seguridad. Además, se hace cada vez más difícil cubrir con políticas provinciales programas y funciones que la Nación da de baja, y cuya demanda se traslada a municipios y organismos bonaerenses.
Respecto a esto último, la interna oficialista también mete la cola. La Cámpora ha sostenido, desde el inicio de la gestión libertaria, que el Gobierno provincial no debía asumir el compromiso de cubrir aquello que Nación dejara de lado y que Kicillof tenía que exponer permanentemente el abandono de diferentes sectores por parte de Milei. Dicen en la Orga que eso ha quitado recursos a Buenos Aires sin un rédito político. Desde el Ejecutivo provincial se defienden: “No se puede dejar a la gente varada, eso no es peronismo”. Además, esas demandas también llegan a la propia puerta de la casa de los intendentes: “No podemos dejar a la gente sin el remedio para la diabetes o el cáncer”.
Frente a los reclamos de los jefes comunales, en calle 6 aseveran que “hay permanentes reuniones con los municipios y atendemos no sólo cuestiones financieras sino también técnicas para hacer gestiones más eficientes”. Mientras, apuestan a calmar los reclamos de los alcaldes con la implementación, a partir de este mes, del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Desde los distritos, principalmente de la oposición, hacen hincapié, además, en los atrasos en el pago de prestaciones de IOMA, que en algunos casos tienen un fuerte impacto sobre el presupuesto municipal.
En este marco, el ajuste parece inevitable. Desde los ministerios se reconoce que el responsable del área económica, Pablo López, “bajó los techos presupuestarios del gasto”. Esa reducción para cada cartera ronda el 30% de lo estimado en la Ley de Leyes. En Economía relativizan la reducción y sostienen que “el Presupuesto que se aprueba por ley es una proyección sobre la cual, permanentemente, se van definiendo pautas en base a lo que ingresa”. También aducen que es prematuro para adelantar conclusiones sobre la ejecución presupuestaria del año en curso, y que se trabaja con todos los ministerios para llevar adelante un presupuesto “posible”. Una de las metas es concluir 2026 con un déficit primario similar al del año pasado. Si bien todavía no se ha publicado la ejecución final de 2025, ese déficit estaría por debajo del 3 %.
La reducción en los primeros meses del techo presupuestario más la deuda acumulada desde el año pasado preocupa a los proveedores. Empresas que trabajan mayoritariamente con la obra pública y la Cámara de la Construcción muestran preocupación frente a un escenario que ya ha llevado a discontinuar trabajos. “La manta es cada vez más corta, hay poca plata y la rueda se empieza a trabar”, subrayan en el sector. También es dable decir que los proveedores son conscientes de la situación y, aunque reconocen que la cadena de pagos nunca se cortó del todo, destacan que dependencias que antes pagaban a 40 o 45 días ahora lo están haciendo a 60 o más.
Nadie debiera sorprenderse del panorama actual si se tiene en cuenta que la primera frase del primer artículo de la Ley de Presupuesto señala: “Declárese en estado de emergencia la situación Económica de la Provincia y los Municipios de Buenos Aires”. Ese anticipo se vislumbra apocalíptico si las señales de los primeros meses son de atrasos en los pagos, paritarias ajustadísimas, asistencia restringida a las comunas y una recaudación afectada desde todos los ángulos.
“En los últimos meses hay un pronunciado deterioro de la situación económica, con caída en el consumo, destrucción de empresas y de empleo y nada hace prever que esto mejorará. Más allá de la cuestión fiscal, lo que preocupa es la situación económica real”, sostuvo un ministro. Pero todo eso impacta en lo fiscal. Aseveran en el Ejecutivo que la caída en términos reales de la recaudación en lo que va del año es aproximadamente del 8 %, precisamente lo que se retrajo en el primer trimestre la coparticipación nacional.
Como se dijo anteriormente, el leve ascenso de la recaudación provincial es considerado por las propias autoridades como “un número sucio”, porque refleja situaciones comparativas disímiles entre 2025 -cuando se retrasó el pago de los impuestos patrimoniales y no hubo Ley Impositiva- y 2026, cuando los patrimoniales comenzaron a percibirse antes. Por eso en Economía hacen hincapié en que esos tributos mermarán con el correr de los meses (entre otras cosas porque hubo contribuyentes que recurrieron a la liquidación anual), y se muestran preocupados por la retracción mostrada por Ingresos Brutos en el primer trimestre, siendo el impuesto de más impacto sobre la recaudación.
En Provincia, para minimizar el aumento de recaudación en términos reales entre 2024 y 2025, aseguran que 2024 estuvo en el piso histórico y que la leve recuperación del año pasado hay que tomarla con pinzas y en base a esa consideración del año anterior. Entonces, toman como referencia 2023, y en el comparativo sí hay una caída estrepitosa en términos reales. “Aunque en 2025 la recaudación sea 3 % superior a la del 24, no compensó y no hubo tal recuperación económica. En términos de actividad económica como de recaudación quedamos debajo de 2023”, aseguran cerca de Kicillof.
También se habla de un cambio de composición de la estructura económica que repercute en el fisco. Frente a la retracción del comercio, la construcción y la industria han ganado protagonismo actividades primarias, sobre todo del complejo minero-petrolero, precisamente sectores sin gran peso en la economía bonaerense. Ese cambio de composición también impacta en el empleo: el 50% de la masa laboral de la Argentina está ocupada por comercio, construcción e industria, le siguen los servicios y por último la producción primaria.
“La provincia de Buenos Aires perdió unos $80.000 millones respecto a 2025 y más de $200.000 millones respecto del promedio histórico. La caída respecto del promedio 2019-2023 roza el 15% para los recursos coparticipables de las 24 jurisdicciones” posteó en la red social X el ministro Pablo López. Los reclamos por más recursos nacionales son constantes por parte de la administración bonaerense, y Kicillof empuja a que otros sectores de la política, intendentes de distintas extracciones y hasta los empresarios que trabajan con el gobierno lo apoyen en el reclamo.
Recuperar los 16 billones de pesos que se dejaron de enviar desde Nación por fuera de la coparticipación aparece como una utopía, más cuando el diálogo entre la Casa Rosada y calle 6 es prácticamente nulo. Apenas alcanza para conseguir autorizaciones para endeudamientos, atadas exclusivamente al pago de vencimientos e intereses de deuda. Las presentaciones constantes ante la Corte por recuperar parte de esos fondos (se han realizado 8 amparos en ese sentido) no han tenido aún ninguna respuesta favorable, pese a que en Provincia son optimistas de lograr el visto bueno en algunos de esos reclamos. “Nos deben medio presupuesto”, se quejan en el entorno del Gobernador.
“El año empezó mal en términos de actividad económica y no vemos perspectivas de mejora“ se desalentó un funcionario, para quien será un 2026 a sobrellevar con mucho esfuerzo y obligará a readecuar la gestión. En el medio, desde todos los sectores vinculados a la Provincia se acrecientan las demandas y crece el malestar. Axel Kicillof encara una futura campaña presidencial desde un pantano complejo que le propone la economía, precisamente su metié, donde ya no alcanza con repetir constantemente el destrato que recibe por parte del presidente de la Nación. El desafío para el Gobernador es inmenso y se acrecienta a medida que las cuentas se vuelven cada vez más difíciles.
La conflictividad en PBA en aumento y sin respuestas concretas
Desde la elección de 2025 los conflictos no se detuvieron, sino que se recrudecieron y se registraron al menos 510 casos en todo el país. Del total, el 67,1% estuvo ligado a la Industria (principalmente sector textil, alimenticio, automotriz y metalúrgica y siderúrgica), seguido de comercio (14,3%), servicios (11,9%), construcción (3,8%) y sector primario (2,9%).
Mayores problemas: despidos (35,2%), crisis (20,5%), cierre (21,9%), suspensiones (9%), riesgo de cierre de empresas (5,7%), retiros voluntarios (2,9%), quiebra (1,9%), condiciones de trabajo y reducción de jornada (1%) y plantas paralizadas y ventas (0,5%). Los conflictos se dieron principalmente en pymes (39,5%) y conglomerados extranjeros (29,5%), mientras que las empresas grandes contabilizaron el 18,6% de los casos, los grupos económicos 6,7% y las empresas estatales el 5,7%. El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69%).
Se registraron conflictos en las 24 provincias argentinas (23 provincias + CABA). Sin embargo, la mayor cantidad de casos fue registrada en Buenos Aires (17,6%) La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%) Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%).
En cuanto al sector público, en los municipios estallaron conflictos en Villa Gesell, La Plata y Bahía Blanca. Todos vinculados al área de servicios y con resultados diferentes en cada distrito. A nivel provincial, los estatales mantienen su reclamo como así también los judiciales y docentes. En general son demandas salariales, de pase a planta permanente y de mejoras laborales en general.
Lo que no deja de preocupar en el Gobierno es la reacción de los efectivos de la policía bonaerense que, al igual que los trabajadores estatales, se encuentran descontentos con los aumentos salariales. De hecho, se lo hicieron saber al propio Axel Kicillof en un acto de graduación de agentes en la Escuela Vucetich con insultos al Gobernador propinados por los familiares de los uniformados.
Finalmente, los casi mil despidos de la planta de San Fernando de FATE es el conflicto insignia que repercute en los tres niveles del Estado. Sin respuestas de Nación, desde el SUTNA buscan acompañamiento de la Provincia mientras el impacto en el municipio se siente cada vez más, con familias que no logran sostener sus principales necesidades.
Las cifras de la recaudación con la nueva Ley Impositiva
Los primeros datos fiscales de 2026 muestran un escenario complejo para las finanzas de la Provincia. Según cifras oficiales, durante el primer trimestre del año se registró una caída en los recursos que recibe el Estado provincial, con una baja marcada en los fondos provenientes de la Nación y señales de enfriamiento en la principal fuente de ingresos propios.
De acuerdo con esas estimaciones, los Recursos de Origen Nacional cayeron 8% en términos reales, mientras que los Recursos de Origen Provincial registraron un crecimiento de 2%. Sin embargo, dentro de estos últimos se destaca la pérdida de 2,5% en Ingresos Brutos, el principal impuesto de la provincia y el que mayor peso tiene dentro de la recaudación anual. Esto vislumbra un panorama desalentador hacia delante.
El leve crecimiento que muestran los recursos está condicionado por un efecto calendario. Según explicaron fuentes del Gobierno, los impuestos patrimoniales vencieron este año entre febrero y marzo, mientras que en 2025 lo hicieron entre marzo y abril debido a que no se aprobó la Ley Impositiva. Esa diferencia altera la comparación interanual de los primeros meses.
Por ese motivo, el aumento registrado en los impuestos patrimoniales resulta parcialmente engañoso. Aun considerando ese efecto, la caída de los recursos tributarios totales durante el primer trimestre se estima en torno al 4%, mientras que si se descuenta el impacto del calendario de vencimientos la contracción podría alcanzar el 6%.
Un análisis elaborado por el exlegislador bonaerense Marcelo Daletto, sobre el comportamiento de los ingresos provinciales en el arranque del año, señala que la recaudación tributaria propia mostró una fuerte performance durante el primer bimestre de 2026, impulsada principalmente por los impuestos patrimoniales.
Hasta febrero, la Provincia acumuló $2,63 billones en recaudación propia, con incrementos significativos en algunos tributos. El Inmobiliario creció 351% en términos reales, mientras que el Automotor registró una suba de 49%. En conjunto, la recaudación propia mostró una variación nominal de 40,7% respecto al primer bimestre de 2025, ubicándose 6% por encima de la inflación. Coincide en la excepcionalidad del período respecto a que el año pasado no había Ley Impositiva.
En paralelo, los ingresos tributarios nacionales acumulados hasta febrero alcanzaron los $2,61 billones. Aunque en términos nominales estas transferencias mostraron un aumento de 24,4% interanual, al ajustar las cifras por inflación se observa una caída real de 6,3%.
Según el análisis, parte de esta baja se explica por la alta base de comparación de enero y febrero de 2025, lo que provocó que las variaciones interanuales registradas en los primeros meses de 2026 quedaran por debajo de la inflación y derivaran en una caída en términos reales dentro del acumulado.
Una deuda que se acumula y expectativas por un bono en análisis
No hay datos oficiales, pero las estimaciones de distintas fuentes aseguran que la deuda de la Provincia con proveedores asciende a más de un billón y medio de pesos, siendo el área de Infraestructura la más afectada, con un estimado de 450.000 millones, seguida por Salud, Justicia y Desarrollo de la Comunidad, que en todos los casos rondan entre 250.000 y 350.000 millones.
En el caso de la obra pública, los empresarios aseveran que el atraso, sobre todo de la deuda acumulada del año pasado, hace que empiecen a paralizarse trabajos. Para colmo, el contexto internacional lleva a que los contratos vigentes comiencen a estar al límite del cumplimiento. Por caso, aseguran que el aumento del petróleo hizo subir 45 % el precio del asfalto en la última semana.
En ese marco, proveedores comentaron a La Tecla que “se había hablado de un bono para mayo, para proveedores chicos y medianos, pero no tenemos confirmación de que se vaya a implementar”. Desde le Gobierno dijeron que están analizando alternativas, sin confirmar ni desestimar que efectivamente el próximo mes se anuncie el pago mediante bonos.
“Estamos evaluando. Son herramientas que hemos usado en diferentes momentos de la gestión para abordar situaciones de diferente tipo, puntuales”, aseguró una alta fuente del Ejecutivo. “La situación es compleja y nos vamos adecuando a las distintas realidades; estamos trabajando con los proveedores todo lo que podemos”, agregó, y recordó que “cuando nosotros llegamos a la Provincia había una deuda inmensa con proveedores”.
Hay especulaciones de que el Banco Provincia no podría afrontar la cobertura de esos bonos si es que todos los acreedores deciden canjearlos rápido. En el Ejecutivo desmienten que esto puede suceder y, por el contrario, aseguran que la entidad crediticia tiene la solvencia necesaria. Desde el gobierno de Daniel Scioli, los canjes de bonos sostuvieron siempre la misma quita: 3 %, lo que hace que rápidamente buscan ser canjeados.
Los propios proveedores resaltan que la Provincia emitió un bono para grandes prestadores del ministerio de Salud en diciembre y hay expectativas de que ahora se extienda a los demás ministerios. Salud es la que más retraso tiene. Contribuyen la complejidad de un sistema hospitalario con distintos tiempos administrativos y mucha burocracia entre la prestación y el pago.
“Hay expectativas de que pueda avanzarse en alguna solución porque el gobierno de Milei autorizó el endeudamiento” se entusiasmó un proveedor. Sin embargo, desde Provincia dejan bien claro que el nuevo endeudamiento es para cumplir con los vencimientos. El dinero para los prestadores deberá salir de rentas generales o, en su defecto, de bonos de cancelación.
La caída de los recursos nacionales presiona sobre el empleo público
La caída de los recursos que reciben las provincias comenzó a impactar en la dinámica laboral del sector público y Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones donde la tensión se mantiene en algunos sectores del Estado. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la retracción de ingresos públicos está vinculada al aumento de la conflictividad laboral en las administraciones provinciales.
Los Recursos de Origen Nacional (RON) descendieron 3,8% interanual en marzo, mientras que la Coparticipación retrocedió 7,0%. Se trata del tercer mes consecutivo de baja y el primer trimestre de 2026 cerró con una caída promedio de 6,1% en los recursos de origen nacional y de 8,0% en la coparticipación.
A este escenario se suma una merma en la recaudación propia de las provincias. Desde el inicio de la gestión de Milei los recursos de origen provincial registraron una disminución real promedio de 7,3%.
Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires unos 16 billones de pesos en transferencias no automáticas más la paralización de la obra pública. Si se suma la pérdida por recaudación producto de las políticas económicas, se agregan 7 billones y la cifra llega a 23 billones. Por ese motivo, desde el Gobierno le piden a proveedores, instituciones y dirigentes políticos que se sumen al reclamo de devolución de fondos.
En la Provincia el estudio identifica cuatro áreas principales de conflictividad laboral en el sector estatal: educación, salud, empleo público y Poder Judicial. Mientras que educación y salud alcanzaron acuerdos paritarios recientes que replican los incrementos otorgados al resto de los estatales, los conflictos continúan abiertos entre trabajadores de la administración pública y judiciales. En estos casos, los reclamos se concentran en mejoras salariales de emergencia y en el pase a planta permanente de empleados temporarios.
El nuevo endeudamiento será para pagar compromisos de deuda
Con la autorización por parte del Gobierno nacional para endeudarse por un billón de pesos, la Provincia puso en marcha un esquema de financiamiento en dos etapas que combina un programa de endeudamiento con emisión de bonos en el mercado local, en pesos o dólares, a tasa fija o variable, con plazos de hasta 48 meses. También habilita distintas formas de colocación, desde licitaciones públicas hasta colocaciones directas o mecanismos de bookbuilding.
La semana pasada se emitió un bono por hasta $232.338 millones, con vencimiento en marzo de 2028. Es la primera ejecución del programa. El Gobierno consolida una estrategia de financiamiento basada en el mercado local, que sigue receptivo, en un contexto de restricciones externas. No se descarta que en los próximos días vuelva a salir al mercado con otro bono.
Si bien una porción del dinero irá al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, el destino principal de la nueva deuda será para cubrir vencimientos. Incluso, desde el Gobierno Nacional han advertido que sólo le autorizarán endeudamientos para cumplir con obligaciones de deuda. “Es deuda para pagar deuda”, reafirman en el Ejecutivo.
La administración bonaerense tenía dos grandes vencimientos en moneda extranjera por unos 424 millones de dólares: uno el 1 de marzo, que ya cumplió, y otro el 1 de septiembre, para lo cual podría volver a recurrir a un permiso de Nación para alcanzar la meta de endeudamiento aprobada por la Legislatura. Mientras tanto, hay obligaciones en pesos que vencen prácticamente todos los meses. En ese sentido, la reciente emisión servirá para cubrir vencimientos en abril y mayo que rondan en ambos casos entre los 150 y 200 mil millones de pesos.
El panorama complejo que afrontan las administraciones provinciales
La caída de la actividad económica repercute en todos los ámbitos y la baja en la recaudación impacta en Nación, provincias y municipios. Estos últimos son, a la larga, los más afectados. El reclamo de los alcaldes, que sufren pérdidas de coparticipación y de recaudación de tasas, es que la Provincia cumpla con atrasos de organismos como IOMA, y además busque alternativas para ayudarlos con recursos discrecionales.
Son conscientes en el Ejecutivo de la situación, y aseguran que se buscan las mejores opciones para asistir a las comunas, pero mientras tanto los intendentes deberán arreglárselas con lo que les llegue de coparticipación, recauden por sus tasas y reciban del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El Gobierno transfirió una parte de la primera cuota: $13.010 millones a los 135 municipios repartidos por CUD. Es el 8% del primer tramo de endeudamiento aprobado. Quedan entregar este mes 37.000 millones más.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir”, aseveró un miembro del gabinete, quien dejó en claro que por ahora es la única asistencia extra prevista. Claro que siempre están los Adelantos del Tesoro Provincial (ATP) para aquellas situaciones acuciantes y excepcionales.
Respecto al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, el Gobierno bonaerense cedió al reclamo de los jefes comunales, y el 30 % que debía estar destinado a infraestructura, hábitat y servicios públicos podrá ser de libre disponibilidad. Este cambio necesita un remiendo en la ley que deberá tratarse en la Legislatura, y están las condiciones dadas para que avance. De este modo, los intendentes podrán utilizar el total de lo que les llegue por el fondo para gastos corrientes. Muchos anticiparon que cubrirán parte de la masa salarial y otros adelantaron que lo guardarán para pagar el medio aguinaldo de sus trabajadores.
Mientras tanto, los jefes comunales también esperan que la Corte Suprema otorgue a la Provincia fallos favorables en cuanto a los reclamos por fondos que ha dejado de enviar y corresponden por ley. Kicillof les prometió que una parte de lo que se recupere va a coparticiparse con las comunas.
