Luego de dejar afuera a AUBASA para una importante concesión, ahora el gobierno libertario habilitó a varias provincias para cobrar peajes en rutas nacionales, pero no a Buenos Aires.

Nueva mojada de oreja de Milei a Kicillof con las rutas nacionales

En medio de la polémica por haber dado de baja a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) de la licitación para un importante corredor vial entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Ezeiza, el gobierno de Javier Milei volvió a desairar al de Axel Kicillof en el mismo campo: autorizó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales, pero no a Buenos Aires, que lo viene reclamando.

A través de un decreto, el Presidente habilitó a las provincias de Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe a concesionar tramos de diversas arterias de jurisdicción nacional, de manera “temporal y revocable”, mediante el sistema de obra pública por peaje.

Esta delegación no implica la transferencia del control de los tramos de ruta referidos ni el traspaso de la jurisdicción federal a las provincias afectadas, y supone la obligación de llamar a licitación en un plazo de un año.

También se establece que los fondos procedentes del cobro de peajes sólo podrán ser destinados a obras en los tramos concesionados, y no redirigidos a otros usos.

La exclusión de la provincia de Buenos Aires debe leerse en clave política, ya que Kicillof expresó repetidamente su intención de hacerse cargo de la Autopista Presidente Perón, ante la falta de mantenimiento por parte de la Nación, en el contexto de un parate de la obra pública durante el primer tramo del gobierno libertario.

Además, el antecedente de la exclusión de AUBASA, por la que la Provincia reclamará formalmente, va directamente en contra de la idea de Kicillof de tomar el control de corredores nacionales para poder operarlos y mantenerlos.

Rechazo sindical
Denuncian que el decreto viola el “espíritu” del sistema vial

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) rechazó, por su parte, el decreto de Milei, argumentando que encubre una “precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)”.

La decisión “altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58”, que pone a la DNV como “organismo rector del sistema troncal, [que] debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario”.

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