13 de mayo de 2026
COMPLICADOS
Universidades ahogadas: el Gobierno recorta fondos y agrava el conflicto educativo
La reducción presupuestaria supera los $78 mil millones y afecta desde el plan de alfabetización hasta el funcionamiento de las casas de estudio nacionales.
El ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el sistema educativo ya supera los $78.000 millones y golpea de lleno a las universidades nacionales, la infraestructura escolar, los programas de alfabetización y los salarios docentes. La poda presupuestaria, impulsada bajo el argumento del equilibrio fiscal, se da en medio de una creciente conflictividad con el sector universitario y tras una nueva Marcha Federal Universitaria que reunió a cientos de miles de personas en Plaza de Mayo.
Según datos difundidos por ASAP, la Secretaría de Educación sufrió un recorte neto de $78.711 millones, equivalente al 1,2% de su presupuesto vigente. Entre las áreas más afectadas aparece el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones, mientras que Infraestructura y Equipamiento sufrió una reducción de $21.687 millones, lo que representa una caída del 46,6% de sus fondos. También fueron recortados el Fondo de Compensación Salarial Docente (-$8.930 millones), las políticas socioeducativas (-$6.650 millones) y distintos programas vinculados a formación docente, evaluación educativa y desarrollo tecnológico.
En paralelo, el sistema universitario también quedó alcanzado por el ajuste. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) sufrió una reducción presupuestaria y, además, el Gobierno aplicó una quita de $48.000 millones a la partida de asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de Educación, afectando indirectamente el financiamiento universitario. Entre las universidades alcanzadas aparecen instituciones como las de La Plata, Avellaneda y San Martín.
El recorte se produce en un contexto de fuerte deterioro presupuestario para las casas de estudio. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el presupuesto universitario cayó 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025 y que, tomando el presupuesto vigente para 2026, la reducción acumulada ya alcanza el 41,6% respecto de 2023. El trabajo sostiene que, de haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y luego frenada por el Ejecutivo, el presupuesto habría recuperado prácticamente los niveles previos al ajuste.
El informe también expone el deterioro salarial de docentes y no docentes universitarios. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el salario real cayó un 34,2%, con el mayor derrumbe concentrado en los primeros meses de gestión libertaria. Según el relevamiento, gran parte de los cargos universitarios ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza y, en muchos casos, incluso debajo de la línea de indigencia.
Los datos muestran que la Canasta Básica Total para un hogar tipo ya supera los $1,4 millones, mientras que la mayoría de los salarios docentes no alcanza ese umbral. Solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y algunos cargos jerárquicos no docentes logran superar la línea de pobreza. El resto de los escalafones quedó rezagado frente a la inflación acumulada.
El documento además cuestiona el proyecto impulsado por el Gobierno para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras la norma sancionada por el Congreso contemplaba una recomposición salarial cercana al 44%, la propuesta oficial prevé aumentos escalonados del 12,3%, cifra que incluso quedaría por debajo de la inflación proyectada para este año.
En ese marco se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria. Organizaciones estudiantiles, docentes, no docentes y autoridades universitarias colmaron Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro presupuestario del sector. Durante el acto central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical Universitario acusaron al Gobierno de incumplir una ley votada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras.
“El Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmaron en un duro comunicado. Además, advirtieron que los salarios universitarios atraviesan “su nivel más bajo de los últimos 23 años” y denunciaron que la pérdida salarial está destruyendo las obras sociales, el sistema de salud y los haberes jubilatorios del sector.
La movilización tuvo réplicas en distintos puntos del país y una fuerte participación de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Mientras tanto, desde la Casa Rosada intentaron deslegitimar la protesta al definirla como “una marcha opositora” y volvieron a insistir con auditorías sobre las universidades, pese a que esos controles ya se realizan periódicamente.