La ONG Nuevo Ambiente pidió frenar el tendido de cañerías en el camino costero y advirtió sobre el avance de ocupaciones y construcciones en zonas protegidas. Marcelo Martínez cuestionó la ausencia estatal: “Ahora ya no hay ningún tipo de control”.

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La ONG Nuevo Ambiente encendió una nueva alarma ambiental en la región al denunciar obras de ABSA dentro de sectores protegidos de la Reserva Natural de Punta Lara y reclamar la intervención urgente a Provincial. La presentación formal exige la paralización de los trabajos de tendido de cañerías sobre la vera del camino costero, en una zona considerada de alta sensibilidad ecológica.

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Según la organización, la empresa avanza con la instalación de caños de gran dimensión “sin contar con los Estudios de Impacto Ambiental exigidos” por la Ley Integral del Ambiente bonaerense y por la normativa que protege las reservas naturales provinciales. Además, el planteo apunta directamente contra la falta de controles estatales y expone un conflicto de fondo: la expansión de asentamientos irregulares dentro del área protegida.

En diálogo con el programa Desconfiados, Marcelo Martínez, integrante de Nuevo Ambiente, cuestionó que el Estado avance con infraestructura para abastecer sectores ocupados ilegalmente. “Están instalando cañerías de gran volumen para suministrar agua en el camino costero que limita y que es sobre territorio de la Reserva Natural”, sostuvo. Y agregó: “¿Cómo vamos a suministrar mayor infraestructura a asentamientos y ocupaciones civiles que están usurpando la Reserva Natural de Punta Lara?”.

Martínez aseguró que actualmente existen entre “30 y 40 viviendas” instaladas sobre la vera del Camino Costanero, pasando el arroyo Las Cañas y el arroyo Villaliza. “Hace unos ocho años se comenzó a trabajar para evitar que siguieran avanzando las usurpaciones, pero ahora ya no hay ningún tipo de control y esto sigue avanzando. Hay que poner un freno”, advirtió.

El referente ambiental también vinculó esas ocupaciones con distintos incendios forestales registrados en la zona durante los últimos años. “Se produjeron tres incendios forestales y nacieron en las mismas personas. No sabemos si fueron intencionales o no, pero hay una irregularidad que es la usurpación”, afirmó.

Consultado sobre el impacto ambiental de la obra de ABSA, Martínez señaló: “Esto está produciendo cambios importantes en la isla. Tiene que ver con desmontes, modificaciones del paisaje y obras que no cumplen con las requisitorias establecidas en la ley provincial”, sostuvo.

Además, recordó que tanto la Isla Santiago como la Isla Paulino se encuentran protegidas por la figura de “paisaje protegido” establecida por ley provincial. “Eso no significa que puedan hacer negocios inmobiliarios como están haciendo, construyendo sin ningún tipo de plan de manejo ambiental”, denunció. Según indicó, la Justicia ya le había exigido al municipio la elaboración de ese plan, pero “los plazos vencieron hace más de seis meses”.

La presentación de Nuevo Ambiente invoca el artículo 5 de la Ley 11.723, que obliga al Estado provincial y a los municipios a fiscalizar cualquier actividad capaz de afectar el ambiente. Mientras tanto, ABSA no respondió las consultas realizadas sobre la obra, que forma parte del acueducto que conecta la planta potabilizadora Donato Gerardi con la cisterna ubicada en diagonal 74 de Punta Lara.

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