5 de junio de 2026
CUESTION DE FONDOS
La torta que se corta con motosierra y un reclamo en todos los niveles
El ajuste sobre los envíos discrecionales impacta en las provincias y vuelve a poner en discusión el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios.
Las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias registraron en mayo una caída interanual real del 43,8%, profundizando el ajuste sobre los recursos que administra discrecionalmente el gobierno de Javier Milei. Aunque las transferencias automáticas vinculadas a la coparticipación crecieron un 8,3% en términos reales, el retroceso de los fondos discrecionales redujo la mejora total de los envíos al 6,4%.
Durante mayo, las 24 jurisdicciones recibieron $8,04 billones por coparticipación federal, leyes especiales y compensaciones, mientras que las transferencias no automáticas apenas alcanzaron los $160.265 millones. Entre estas últimas se incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos para cajas previsionales, comedores escolares y programas educativos. Por primera vez desde noviembre no se distribuyó ningún ATN, pese a que el fondo acumuló más de $128.000 millones.
La situación volvió a encender las críticas de los gobernadores por el reparto de recursos. En lo que va de 2026, sólo 13 provincias recibieron ATN, mientras que otras once quedaron excluidas, entre ellas la provincia de Buenos Aires. El distrito más poblado del país continúa reclamando una revisión del esquema de coparticipación nacional, bajo el argumento de que aporta cerca del 40% del Producto Bruto Interno y recibe una porción mucho menor de los fondos distribuidos.
El impacto también se siente puertas adentro de Buenos Aires. Intendentes oficialistas y opositores coinciden en advertir que los municipios enfrentan cada vez más obligaciones con menos recursos disponibles. Según un informe elaborado por especialistas cercanos al exlegislador Marcelo Daletto, 102 de los 135 municipios bonaerenses recibieron menos fondos por coparticipación en 2025 respecto de 2024, una tendencia que continuó durante los primeros meses de este año.
Los cuestionamientos apuntan además al sistema de distribución provincial, regido por la Ley 10.559 desde 1987. Varios jefes comunales sostienen que el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina cuánto recibe cada distrito, ya no refleja la realidad demográfica, económica y social de la provincia. En la Legislatura bonaerense existen proyectos para transparentar el cálculo del coeficiente y revisar los criterios de reparto.
En paralelo, crecen las propuestas para reformular de manera integral el esquema de financiamiento municipal. Desde distintos sectores políticos impulsan aumentar la participación de los municipios en la masa coparticipable, otorgar mayores facultades tributarias a las comunas e incluso avanzar hacia modelos inspirados en experiencias como las de Córdoba o el País Vasco. Con menos fondos nacionales y una presión creciente sobre las administraciones locales, la discusión por cómo se distribuyen los recursos aparece cada vez más instalada en la agenda política bonaerense.