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El proyecto amplía el régimen de incentivos vigente y apunta a sectores como inteligencia artificial, energías renovables, baterías de litio y centros de datos. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una ampliación del esquema vigente de beneficios para grandes proyectos productivos. La iniciativa obtuvo media sanción con apoyo del oficialismo y sus aliados y será analizada ahora por el Senado.
El nuevo régimen busca atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores definidos por el Gobierno como “industrias del futuro”, entre ellos inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, energías renovables, semiconductores y desarrollos vinculados al uranio. A diferencia del RIGI actual, enfocado en actividades como minería, petróleo, gas e infraestructura, la nueva versión apunta a nuevas ramas tecnológicas.
Para ingresar al programa, los proyectos deberán alcanzar un mínimo de inversión de USD 1.000 millones y ejecutar al menos el 20% del desembolso previsto durante los primeros dos años. El objetivo oficial es impulsar inversiones de gran escala y promover una transformación de la estructura productiva.
Entre los principales beneficios incluidos se destaca la reducción del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, la posibilidad de aplicar amortización acelerada, deducir quebrantos sin límite temporal y contar con una menor carga sobre dividendos y utilidades.
El proyecto también establece beneficios vinculados al comercio exterior: elimina retenciones a las exportaciones de los proyectos adheridos y garantiza arancel cero para importaciones asociadas a las inversiones. Además, fija un límite del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran y prohíbe tasas municipales aplicadas sobre ventas.
Otro de los cambios respecto al RIGI vigente es la eliminación de la obligación de contratar proveedores locales por un porcentaje mínimo de la inversión. La nueva norma establece que no podrán imponerse compras locales en condiciones menos favorables que las del mercado, una modificación que generó debate entre provincias y empresas nacionales.
El régimen mantiene la estabilidad normativa por 30 años y conserva un esquema de disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones. Con estas medidas, el Gobierno busca generar condiciones para la llegada de capitales destinados a proyectos tecnológicos y de infraestructura de gran escala.
