Corte bonaerense: el Colegio de Abogados presiona a Kicillof para que cubra vacantes
La entidad pidió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar con la designación de los cuatro jueces que faltan para completar el máximo tribunal. El planteo se suma a un escenario en el que el Consejo de la Magistratura recuperó funcionamiento y la Comisión del Mapa Judicial volvió a reunirse.
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La reorganización de la Justicia bonaerense continúa sumando capítulos y después de la reactivación del Consejo de la Magistratura y del relanzamiento de la Comisión Permanente del Mapa Judicial, ahora fue el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) salió a reclamar públicamente que el Poder Ejecutivo y la Legislatura avancen con la cobertura de las vacantes que mantiene la Suprema Corte de Justicia.
A través de un comunicado aprobado por su Consejo Superior, la entidad calificó la situación como una "emergencia institucional" y sostuvo que el máximo tribunal provincial atraviesa una "desintegración sin precedentes en su historia", al funcionar con apenas tres de los siete ministros que establece la Constitución bonaerense. El planteo también alcanzó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente tiene dos vacantes.
El pronunciamiento llega en un momento particular para el Poder Judicial ya que durante las últimas semanas comenzaron a moverse distintas piezas que permanecían prácticamente inmóviles desde hacía meses. Por un lado, el Consejo de la Magistratura recuperó volumen político con la incorporación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, lo que le permitió volver a sesionar y retomar concursos que permanecían demorados. Por otro, la Comisión Permanente del Mapa Judicial volvió a reunirse para empezar a delinear una estrategia conjunta entre los tres poderes del Estado que permita ordenar la estructura judicial de la provincia.
En ese contexto, el reclamo del Colegio de Abogados agrega presión sobre una discusión que todavía permanece abierta y es la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte. Una decisión que depende del envío de los pliegos por parte del gobernador Axel Kicillof y del posterior acuerdo del Senado bonaerense.
Como publicó La Tecla, el Consejo de la Magistratura volvió a adquirir protagonismo luego de completar gran parte de su integración política. La jura de los nuevos representantes del Ejecutivo y de la Legislatura permitió normalizar el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar magistrados y elaborar las ternas que luego son elevadas al Poder Ejecutivo.
La nueva conformación también modificó el equilibrio interno y el oficialismo recuperó capacidad de maniobra, mientras que la oposición volvió a ocupar lugares de representación luego de varios meses de desacuerdos que habían ralentizado el funcionamiento del cuerpo. Ahora el Consejo ya retomó el tratamiento de concursos y órdenes de mérito para cubrir cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de toda la provincia.
Ese proceso forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de la Justicia bonaerense. En paralelo, la Comisión Permanente del Mapa Judicial, creada por ley en 2018, comenzó a elaborar un diagnóstico sobre las necesidades estructurales de los distintos departamentos judiciales. Allí confluyen representantes de la Suprema Corte, la Procuración General, los ministerios de Justicia y Economía, legisladores y colegios profesionales, entre ellos el propio COLPROBA.
La intención es establecer prioridades para la creación de nuevos órganos judiciales, analizar la distribución territorial de los recursos y ordenar un sistema que acumula vacantes desde hace años. Una de las primeras coincidencias surgidas de ese ámbito fue que antes de crear nuevos juzgados resulta necesario completar los organismos existentes, particularmente en fueros sensibles como Familia.
En ese escenario, el Colegio de Abogados entiende que la integración de la Suprema Corte no puede seguir postergándose. En el comunicado recordó que la Constitución provincial establece que el Poder Ejecutivo debe proponer los candidatos para cubrir las vacantes dentro de los quince días de producida cada una de ellas, incluso convocando a sesiones extraordinarias si fuera necesario. Por eso sostuvo que la designación de los ministros "no constituye una facultad discrecional", sino un deber constitucional que involucra tanto al Ejecutivo como a la Legislatura.
La entidad advirtió que el funcionamiento de la Suprema Corte con menos de la mitad de sus integrantes repercute sobre la calidad del servicio de justicia y afecta una de sus funciones centrales. También sostuvo que la falta de integración impacta sobre la seguridad jurídica, el acceso a la Justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Además del reclamo por las vacantes, el Colegio fijó posición sobre el perfil que deberían reunir los futuros integrantes del máximo tribunal. Consideró que el proceso de selección debe garantizar idoneidad técnica, trayectoria ética y profesional, especialización, equilibrio de género y representación del interior bonaerense. También propuso que parte de los futuros ministros provenga del ejercicio liberal de la abogacía y no exclusivamente de la carrera judicial.
El comunicado incluyó además un cuestionamiento al Decreto nacional 467/2026, al considerar que eliminó mecanismos vinculados con la participación democrática y la perspectiva de género en los procesos de selección de magistrados nacionales.
Con el Consejo de la Magistratura nuevamente en funcionamiento, una comisión que empezó a debatir el rediseño del mapa judicial y la Suprema Corte todavía incompleta, el reclamo de COLPROBA suma una nueva voz a una discusión que excede la cobertura de cuatro cargos. La integración del máximo tribunal aparece hoy como una de las piezas centrales del proceso de reordenamiento institucional que comienza a transitar la Justicia bonaerense y que, inevitablemente, requerirá acuerdos políticos para poder avanzar.
