La obra social está bajo la lupa de la Justicia por la presunta triangulación de pagos mediante una asociación vinculada a entidades que prestan el servicio. Dudas sobre controles, fondos y posibles conflictos de interés.
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La crisis prestacional del IOMA volvió a escalar en la Justicia. Con más de dos millones de afiliados -entre ellos empleados públicos, policías, municipales y médicos de toda la Provincia-, la obra social bonaerense enfrenta desde hace meses denuncias cruzadas de médicos, gremios, prestadores e intendentes por atrasos de pago, sobreprecios y un entramado complejo de intermediación con policonsultorios que, tras una denuncia penal, derivó en una investigación para determinar si hay un desvío de recursos sanitarios para otros fines. Además de un posible conflicto de intereses porque aparece una persona sospechada de estar de los dos lados del mostrador. Las patas del entramado y la respuesta del Instituto.
En medio de los reclamos, las protestas en distintos puntos de geografía provincial y los cortes de prestaciones que atraviesan a los afiliados del IOMA, el abogado Marcelo Mazzeo amplió una denuncia penal contra varios funcionarios provinciales, entre ellos el presidente del Instituto, Homero Giles, y el gobernador Axel Kicillof, “en cuanto resulte acreditada su intervención, conocimiento, decisión o consentimiento” sobre una presunta triangulación de fondos en los pagos a los policonsultorios. También apunta a integrantes del Directorio y responsables de las áreas de administración, compras y prestaciones. Luego de ser rechazada por el Fuero Federal, la causa recayó en el Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata, a cargo del juez Pablo Reale, y la instrucción la lleva adelante el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
En el expediente aparece un nombre que empezó a circular con fuerza en los últimos meses: ACEAPP, la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados. Se trata de una cámara sectorial creada en abril de 2022, con sede en pleno centro de La Plata que, según la denuncia, funcionaría como pieza clave de todo el circuito de pagos de la obra social hacia la red de policonsultorios provinciales; una triangulación difícil de justificar cuando esa pareciera ser la única función de la mencionada entidad.
La denuncia sostiene que la incorporación de ACEAPP habría sumado un eslabón adicional al circuito, sin que hasta el momento se haya podido establecer con claridad qué naturaleza jurídica tiene la entidad, quién impulsó su creación, bajo qué procedimiento administrativo fue habilitada como intermediaria de fondos públicos, ni qué controles ejerce el Instituto sobre su gestión. Desde la obra social bonaerense dieron respuesta a este medio de esos cuestionamientos e indiaron que la función de la cámara es de carácter operativo, informático y administrativo.
En lo judicial, la presentación realizada pide, justamente, reconstruir el origen institucional de ACEAPP: determinar si existió un expediente administrativo que formalizara su incorporación al sistema, qué área del IOMA autorizó ese vínculo, qué contraprestación específica se le reconoció por su función de intermediación y qué mecanismos de auditoría se aplicaron -o se omitieron- sobre su actividad desde su creación hasta la actualidad.
La supuesta triangulación de dinero, tal como se describe en la causa, sería la siguiente: IOMA transfiere los fondos a ACEAPP, que cobra un porcentaje de esa facturación antes de redistribuir el dinero entre los policonsultorios, los que a su vez pagan por hora a los médicos que atienden en esos espacios sin relación de dependencia ni sueldo fijo. La práctica fue confirmada a La Tecla por médicos y dirigentes del sector sanitario.
Además, el esquema de pago por consulta facturada, sin control de asistencia real de pacientes, es otro de los puntos que la denuncia pide someter a pericia contable: se busca determinar si existieron prestaciones facturadas por encima de lo efectivamente brindado en consultorios con escasa afluencia de pacientes pero alto volumen de facturación, y si el crecimiento de la red -que en pocos años pasó de un puñado de establecimientos a más de 300 en todo el territorio provincial- respondió a una necesidad sanitaria real o a la expansión de un negocio de intermediación.
A esto se suma otro punto que la causa busca esclarecer: el eventual conflicto de intereses en la conducción de ACEAPP. La denuncia pone el foco en que la asociación que recibe los fondos de IOMA y una empresa a cargo de policonsultorios responderían a la misma persona: Silvina Fontana, exfuncionaria del ministerio de Salud bonaerense, presidenta de ACEAPP y, al mismo tiempo, directora de RM Salud S.R.L., que administra cuatro de los mencionados centros de salud.
El escrito presentado a la Justicia plantea, sin rodeos, que se trataría de una estructura en la que quien gestiona el pago y quien lo recibe serían, en los hechos, la misma administradora, lo que -de confirmarse- podría configurar un conflicto de intereses funcional entre ambos roles. La supuesta ausencia de controles cruzados sobre la facturación del circuito es otra de las hipótesis del denunciante.
Sobre Homero Giles, el planteo de Mazzeo no se limita a su condición de presidente del IOMA, sino a una eventual responsabilidad funcional directa en la administración, disposición y desvío de los recursos del Instituto durante su gestión, en momentos en que la obra social acumula deudas con prestadores, discapacitados y acompañantes terapéuticos mientras habría sostenido -según el escrito- pagos ágiles hacia el circuito ACEAPP-RM Salud.
La causa reclama que se reconstruya, operación por operación, el circuito de erogaciones del organismo para determinar si existió un tratamiento diferencial entre prestadores, y quién habría tomado esas decisiones dentro de la estructura de Directorio, administración y tesorería del IOMA. De esta manera, se pide que se reconstruya, a través de pericias contables e informáticas, el destino final de los fondos transferidos a ambas entidades, para determinar si existieron triangulaciones hacia terceros ajenos al objeto sanitario del Instituto.
Asimismo, profesionales médicos y prestadores consultados dieron cuenta de estas supuestas irregularidades. Remarcan la ausencia de auditorías: aseguran que el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia nunca produjo un informe específico sobre el gasto del organismo en esa red, pese a su crecimiento acelerado en los últimos años. La ampliación de la denuncia retoma justamente ese punto y pide incorporar a la causa un expediente del organismo de control, para establecer si sus observaciones guardan relación con los hechos que ahora investiga la fiscalía de Petit Bosnic.
Frente a la consulta sobre el rol de ACEAPP en el circuito de pagos y sobre la denuncia presentada por Mazzeo, desde la obra social dejaron en claro que “respecto a las presentaciones judiciales promovidas por actores políticos, el IOMA mantiene una postura de absoluta tranquilidad y apego al derecho. Toda la documentación que respalda la legalidad, transparencia y trazabilidad de los convenios vigentes es remitida de manera inmediata a la Justicia, que es el ámbito institucional donde deben dirimirse y aclararse estas cuestiones”. Y dejaron en claro el vínculo con la Asociación intermediaria y el convenio que los involucra (ver cuadro).
La disputa por el funcionamiento de la obra social bonaerense ya excede los reclamos por prestaciones y demoras en los pagos. Ahora, la Justicia deberá reconstruir cómo se administran y distribuyen los fondos públicos dentro de un entramado que involucra al Instituto, ACEAPP y la red de policonsultorios. Mientras IOMA sostiene que los convenios son legales, transparentes y trazables, la denuncia pone bajo la lupa la intermediación, los controles, los posibles conflictos de interés y el destino final de los recursos.
En el medio, más de 2,13 millones de afiliados esperan respuestas de una obra social atravesada por cuestionamientos, donde no sólo están en juego fondos públicos, sino también el acceso a la salud. Crecen los reclamos de pacientes que debieron afrontar tratamientos de su bolsillo por la creciente dificultad para acceder a estudios de mediana complejidad, debido a la brecha entre el costo real de esas prestaciones y el arancel que reconoce la obra social. También hay hechos que dispararon denuncias por negligencia de parte de la prestataria social, como la demanda penal de una familia de Mar del Plata por el fallecimiento de una mujer debido a la demora en el traslado y la atención.
Legislatura La oposición no le saca el ojo de encima al Instituto y su presidente
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que las críticas al IOMA responden a una estrategia política para desgastar a Kicillof. Lo cierto es que la crítica de la oposición es constante y sobre problemas concretos. El más señalado es la duda con los municipios por las prestaciones en los hospitales municipales, pero no es el único.
El punto más álgido se alcanzó el 11 de junio, cuando la oposición, con el guiño de un sector del oficialismo, consiguió el quórum para una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la crisis prestacional y financiera del Instituto. La sesión duró menos de un cuarto de hora. Fuerza Patria bloqueó los dos tercios, no hubo debate y se rechazó el pedido de interpelación a Homero Giles. Igual, el golpe político ya estaba dado.
En ambas Cámaras llueven cuestionamientos. Solamente el senador Marcelo Leguizamón (Hechos) realizó este año 6 pedidos de informes sobre IOMA. Uno relacionado a la cantidad de afiliados, recaudación y deuda con proveedores; otro por deudas con prestadores médicos; un tercero por el incidente de seguridad informática que se registró con la base de datos; también uno por la dificultad de los patólogos para prestar servicios a través de IOMA; uno más por el servicio de salud mental; y el último por la prestación para personas con TEA. Además, es autor de uno de los proyectos de ley para que la obra social vuelva a ser autárquica.
Carlos Curestis (LLA) requirió que se cite a Giles para que informe “in voce” cuestiones vinculadas al estado financiero de la obra social, como monto de la deuda, antigüedad de la misma y estados de los convenios vigentes, entre otras cosas. La senadora Silvana Ventura (Unión y Libertad) hizo una solicitud para conocer la cantidad de psicólogos registrados como prestadores de la obra social.
En Diputados, un proyecto de resolución firmado en conjunto por los bloques UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica solicitó la presencia de Giles en el recinto. Diego Garciarena (UCR + CF) reprodujo su proyecto de ley para que IOMA recupere la autarquía. Priscila Minnaard (UCR) elaboró un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de “saneamiento, normalización y seguimiento” del ente.
Además de una decena de proyectos de declaración que muestran “preocupación” por falencias de la prestataria, uno de Andrés De Leo (CC) focaliza sobre las deudas con el Instituto IREL de Bahía Blanca.
Entre los pedidos de informes, Alejandra Lordén (UCR) indagó sobre los valores prestacionales, el padrón de prestadores, la deuda y el detalle de los recursos de amparo contra la entidad por falta de cobertura. Pidió otro informe por el hackeo de la base de datos y un tercero por la deuda con los hospitales públicos. Su compañero de bancada Valentín Miranda solicitó informes sobre la situación actual de la obra social.
Silvina Vaccarezza (UCR + CF) quiere que se informe acerca de la cantidad de amparos, sentencias y medidas cautelares vigentes contra IOMA. Y pide conocer los convenios de reciprocidad con otras obras sociales. María Sotolano (PRO), demandó información sobre cantidad de afiliados, tasa de crecimiento de padrón y cantidad de reclamos por falta de prestación.
Pablo Morillo (LLA) requirió informes sobre los presuntos cobros indebidos a los afiliados por servicios o insumos que están dentro de la cobertura, y también hizo una solicitud para saber sobre los alcances de la cobertura en traumatología.
Idelmar Seillant - SUPTTIOMA Atención y falencias de los policonsultorios en la Provincia
Los policonsultorios de IOMA volvieron a quedar en el centro de la polémica. Idelmar “Vasco” Seillant, titular de SUPTTIOMA, cuestionó el funcionamiento del sistema, los mecanismos de pago y la estructura que se consolidó alrededor de estas prestaciones. El gremialista sostuvo que los policonsultorios surgieron durante la pandemia como una respuesta a la demanda de atención, pero cuestionó la modalidad que adoptaron posteriormente. “A todos le ponen que son de IOMA o que le pertenecen y en realidad ninguno es del Instituto”, afirmó.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta al esquema de pagos. Según explicó, las consultas realizadas allí son abonadas como categoría C, uno de los valores más elevados del nomenclador médico. “Cada consulta de IOMA que va al policonsultorio se paga como una consulta C, que es la máxima consulta que tenemos como especialistas”, puntualizó. El dirigente también cuestionó los gastos administrativos y la falta de controles sobre el sistema. “Nadie tiene contralor de eso”, sostuvo, y planteó que la modalidad termina generando una fuerte diferencia respecto del funcionamiento tradicional de la atención médica.
En cuanto a la estructura, Seillant afirmó que existen más de 300 policonsultorios y lanzó fuertes acusaciones sobre su titularidad. “El 70% de esos policonsultorios estaría entre testaferros, amigos de Homero Giles, y el otro 30% lo tienen los propios sindicatos”, denunció.
El titular de SUPTTIOMA también apuntó contra el modelo de atención y sostuvo que la gratuidad para el afiliado no implica que la prestación no tenga un costo para la obra social. “Para el paciente no se paga nada, pero adentro de IOMA se paga por un paciente como si fuesen tres”, afirmó.
En ese marco, cuestionó que el sistema termine desplazando al médico de cabecera y genere diferencias entre afiliados según el lugar donde viven. “Hay un tipo que está en Carmen de Patagones, o un tambero que está en Ranchos, que está pagando las consultas que hacen estos policonsultorios”, señaló.
Otra causa en la Justicia Una derivación fatal pone al IOMA como acusado por negligencia
El abogado Germán Corti cuestionó el accionar de IOMA en una causa que investiga la muerte de una afiliada marpatense luego de una derivación médica. Según relató, la mujer se descompensó, fue trasladada a un hospital público y allí “la estabilizan”, pero como tenía obra social debía ser derivada a un establecimiento de IOMA.
“En un primer momento IOMA ofrece trasladarla a una clínica en La Plata. Esta mujer sólo tenía una hija que la podía cuidar y, cuando la hija da el ok, la cama se había ocupado”, explicó Corti. A partir de esa situación, la paciente fue derivada a una clínica de Mar del Plata que, según el abogado, “no tenía unidad coronaria”.
El letrado destacó que existe “un informe de un perito médico oficial, designado por el fiscal, donde advierte algunas irregularidades”, entre ellas que la mujer fue enviada a un centro que “no estaba médicamente preparado para atender la patología que tenía”.
Finalmente, tras el reclamo de la hija, se dispuso el traslado a la capital provincial. “Cuando llega allá prácticamente su situación era irreversible y muere en La Plata”, dijo Corti, y agregó que “si la obra social hubiera derivado a la madre a un establecimiento con unidad coronaria y terapia intensiva, acorde a la patología, esta mujer no moría”.
La causa, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, avanza ahora con la citación de médicos y un pedido de inspección ocular en la clínica para determinar si contaba con el equipamiento necesario. “IOMA nunca más se contactó” con la familia tras el fallecimiento, afirmó el abogado denunciante.
Ariel Bordaisco Policonsultorios: el cambio en el sistema que tensiona a IOMA
El exsenador bonaerense y actual concejal de Mar del Plata, Ariel Martínez Bordaisco, cuestionó el funcionamiento de IOMA y advirtió por el deterioro de las prestaciones de la obra social en la ciudad, donde -según señaló- hay alrededor de 220.000 afiliados.
El dirigente radical aseguró que los reclamos de los beneficiarios apuntan a un “retroceso” general de la cobertura. Mencionó tratamientos, medicamentos, prótesis y elementos quirúrgicos, además de la pérdida de convenios con clínicas privadas.
“IOMA no presta el servicio, sino que contrata el servicio que prestan”, explicó Bordaisco. En ese sentido, sostuvo que durante la gestión de Homero Giles se buscó modificar ese esquema mediante los policonsultorios. “Lo que quisieron hacer es sustituir ese sistema”, afirmó.
Sin embargo, consideró que el nuevo modelo no logró reemplazar la cobertura que históricamente ofrecían las clínicas privadas. “Los policonsultorios nunca sustituyeron la cantidad de especialidades, tratamientos y cobertura que tenía originalmente IOMA con las clínicas”, afirmó.
Bordaisco recordó la ruptura de convenios con instituciones de Mar del Plata. Según planteó, esos conflictos derivaron en la interrupción de acuerdos y en la aparición de intermediarios. Para el concejal, las consecuencias recaen directamente sobre los afiliados. “Ha habido un retroceso en cualquier tratamiento, tratamientos que dejaron de prestar o ellos lo están pagando hoy por fuera de la obra social”, afirmó. Y agregó: “El que puede de alguna manera pagarlo, lo paga por afuera de la obra social”.
Respuesta oficial IOMA bajo presión: el Instituto salió a defender su vínculo con ACEAPP
Desde el Instituto Obra Médico Asistencial señalaron que “la relación con organizaciones o entidades intermedias no constituye ninguna novedad metodológica, ni una nueva modalidad prestacional, sino que forma parte de la estructura histórica y fundacional del sistema de salud que adquirió el IOMA desde hace 70 años”. En este sentido puntualizaron que “el IOMA gestiona su cobertura de manera habitual a través de convenios con múltiples entidades intermedias que se organizan en redes que agrupan a efectores y profesionales, tales como FEMEBA, AMP, FECLIBA, ABEASM, FABA o ACLIBA, entre otras. La incorporación de la Asociación Civil de Establecimientos de Policonsultorios y Prestadores de Salud (ACEAPP) se inscribe exactamente en este mismo marco regulatorio de organización prestacional”.
También dejaron en claro que “la función concreta de estas entidades, y en particular de ACEAPP, es de carácter operativo, informático y administrativo. Todas actúan como facilitadoras en la auditoría y en la presentación de la documentación prestacional, poniendo a disposición sistemas de información homogéneos que agilizan el procesamiento de los datos. Esta estructura no duplica la administración de IOMA, sino que la optimiza, garantizando la trazabilidad en tiempo real a través de herramientas de validación de identidad, como lo es el uso de tokens. Esto permite un control más estricto del circuito prestacional y evita fraudes. IOMA no financia ni transfiere fondos directos a ACEAPP para que esta entidad distribuya discrecionalmente el dinero”.
También se puntualizó que “el modelo de gestión implementado determina que el IOMA le paga de manera directa e individual a cada uno de los policonsultorios y efectores que brindan el servicio a las personas afiliadas, una vez auditada la prestación. Para eso está el uso obligatorio de Token. Este esquema de pago directo fue adoptado precisamente como una mejora institucional/administrativa frente a experiencias históricas con otras organizaciones intermedias de público conocimiento, donde se identificaron demoras o retenciones de fondos entre el momento en que IOMA emitía (es decir hace las transferencias bancarias), el pago y el momento en que el profesional efectivamente lo percibía”.
Sobre el financiamiento del Instituto a la ACEAPP, dejaron en claro que “esto no es cierto. El IOMA paga prestaciones, por ello se descuenta del pago a los policonsultorios, de conformidad al convenio vigente, un porcentaje mínimo destinado al pago de la prestación de gestión administrativa que realiza la entidad, y que por ello no la tienen que realizar los establecimientos”. Y agregaron que “la solidez técnica del sistema de pago directo a prestadores y los sistemas de validación informática implementados descartan cualquier tipo de irregularidad administrativa, reafirmando el compromiso del IOMA con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
También señalaron que “la relación económica o societaria que exista entre los policonsultorios y su organización representativa (ACEAPP) pertenece estrictamente al ámbito del derecho privado entre particulares”. Y finalizaron que “todos los convenios y transacciones del IOMA están sujetos a las auditorías permanentes de los organismos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tales como el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General, además de los controles internos de la propia obra social”.
