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Super agente ´26: millones y handys
Un pliego caído, una contratación directa y una licitación millonaria por el sistema de comunicación P25 tiene al ministerio de Seguridad como protagonista. Los vínculos empresariales detrás del negocio.
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Si bien Javier Alonso se mantiene a resguardo en la trinchera de Axel Kicillof, su gestión en el el ministerio de Seguridad tiene varios frentes abiertos. Pedidos de explicaciones en la Legislatura, discusiones en torno al propio funcionamiento de la Policía y reclamos por inseguridad y recursos son algunas de las principales heridas que hoy tiene la administración pública bonaerense.
Mientras los policías reclaman mejores salarios, equipamiento y condiciones de trabajo, y la inseguridad golpea a los bonaerenses, Alonso también encuentra tiempo para involucrarse en la interna peronista y defender las aspiraciones presidenciales de Kicillof. En paralelo, gastos y contrataciones de su cartera alimentan los cuestionamientos sobre las prioridades.
🚔 ¿Cómo viene seguridad? Un pliego caído, una contratación directa y una licitación millonaria por el sistema de comunicación P25 tiene al ministerio de Seguridad como protagonista. Los vínculos empresariales detrás del negocio.
— Grupo La Tecla (@grupolatecla) October 14, 2026
En la provincia de Buenos Aires, donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, los millones destinados a equipar a la Policía también abren interrogantes. Un sistema de comunicaciones eficiente puede ser decisivo para salvar vidas, pero detrás de la compra y actualización de los handys policiales aparece una sucesión de contrataciones millonarias, licitaciones frustradas y vínculos empresariales que carecen de explicaciones. En el centro de la escena está el ministro.
Mientras la inseguridad permanece como una de las principales preocupaciones de los bonaerenses, Alonso se establece como uno de los armadores electorales de Kicillof.
Según los propios expedientes, una licitación del ministerio para adquirir equipos de comunicaciones se cerró primeramente como fracasada, pero luego se hizo mediante contratación directa con la empresa Motorola Solutions Inc. con un presupuesto 15,4 % mayor al pliego original. Luego, en 2026, la Provincia volvió a licitar la ampliación y actualización del sistema P25 y Motorola apareció de nuevo como única oferente. La compañía terminó adjudicataria con una propuesta de casi $17 mil millones.
El recorrido administrativo de las contrataciones vinculadas al sistema de comunicaciones P25 de la Policía de la Provincia deja un camino de migajas que merece ser reconstruido para evaluar la secuencia de procedimientos, los montos involucrados y la concentración de las adjudicaciones. Además, detrás de equipos tecnológicos críticos aparece un esquema que pasó de una licitación pública con tres competidores a una contratación directa con un presupuesto superior y, al año siguiente, a una nueva licitación multimillonaria que volvió a quedar vinculada a una sola empresa.
Junto a contratación directa de 2025 y la licitación de ampliación de 2026, el tamaño del sistema P25 representa un negocio que supera los $19.500 millones.
Como si de un policial se tratase, esta historia tiene tres etapas. Primero, una Licitación Pública por $3.225 millones entre tres empresas, que terminó fracasando porque ninguna de las ofertas quedó en condiciones de ser adjudicada. Como consecuencia de ese fracaso, el ministerio autorizó una contratación directa por $3.721 millones, sobre la base del mismo pliego. Finalmente, Motorola Solutions, que había participado del primer llamado, fue la única oferente y terminó adjudicándose el negocio. En 2026, la cartera volvió a licitar la ampliación y actualización del sistema P25, con un presupuesto de $15 mil millones. Otra vez hubo un solo oferente, Motorola. Su propuesta fue de $16.912 millones y el proceso terminó adjudicado.
Ante la falta de explicaciones oficiales sobre los resultados de estos procesos, los interrogantes sobre la evolución de los presupuestos, las condiciones de los pliegos, la competencia entre proveedores y los fundamentos técnicos y económicos utilizados por la Provincia para adjudicar los contratos de manera directa persisten. Pese a las consultas realizadas al ministerio de Seguridad y Motorola Solutions, para conocer su posición sobre los procedimientos, no hubo respuesta.
Poniendo bajo la lupa toda la operación, la secuencia comienza con el proceso 179-1178-LPU24. El objetivo era la provisión de equipos digitales Trunking P25 UHF para las fuerzas bonaerenses. El presupuesto oficial había sido establecido en $3.225.493.175, con un plazo de entrega de 150 días. La apertura de ofertas se realizó en febrero de 2025 y participaron tres empresas: Motorola Solutions Inc., Intepla SRL y MSCA SRL, dos de las cuales encuentran vinculadas entre sí (ver recuadro).
Tal como figura en los expedientes, el proceso llegó a tener una empresa posicionada para la adjudicación. La evaluación inicial colocó a Motorola Solutions en condición de preadjudicataria de los renglones 1 y 2. Sin embargo, esa situación no llegó a consolidarse.
La Resolución N° 1228/2025, firmada por el ministro Alonso, reconstruye el desenlace.
Como pocas veces le ha sucedido al Ejecutivo, la oposición se sienta a la mesa por la reforma de la Ley de Seguridad. Desde el PRO consideran “indispensable” el cambio.
Según el análisis incorporado al expediente, Motorola presentó una oferta que se apartaba del plazo de entrega y condicionaba la propuesta. Por ese motivo, se revocó la preadjudicación inicial. Las otras dos empresas tampoco lograron avanzar. Intepla SRL, firma platense, fue descartada porque no presentó las muestras exigidas para la evaluación de los equipos. Por su parte, MSCA SRL tampoco logró sostener su propuesta. La Dirección de Tecnologías en Comunicaciones consideró elevada la cotización presentada por MSCA. Así, el ministerio recibió tres ofertas, pero ninguna conformó.
En tanto, la carrera por los equipos seguía. La Superintendencia de Comunicaciones sostuvo que la provisión resultaba prioritaria para el funcionamiento de la seguridad pública. Con ese argumento, las autoridades de Seguridad decidieron avanzar por otra vía, dar un salto del 15,4 % en el presupuesto e ir por la contratación directa.
Como pocas veces le ha sucedido al Ejecutivo, la oposición se sienta a la mesa por la reforma de la Ley de Seguridad. Desde el PRO consideran “indispensable” el cambio.
De acuerdo a la letra chica, la utilización de una contratación directa después de una licitación caída no implica, por sí misma, una irregularidad. La Ley 13.981 contempla esta posibilidad de manera excepcional cuando una licitación anterior resulta desierta o cuando las ofertas presentadas son inadmisibles o inconvenientes. El dato que adquiere relevancia está en la comparación económica entre ambos procedimientos. La licitación pública original tenía un presupuesto oficial de $3.225.493.175 y para la contratación directa, el ministerio estableció un nuevo presupuesto de $3.721.106.000. Es decir, $495.612.825 más. La comparación resulta particularmente significativa porque la contratación directa continuó utilizando el mismo pliego que había regido la convocatoria anterior.
A su vez, la propia adjudicación establece que la gestión aprobada queda bajo la “exclusiva responsabilidad de los funcionarios”, o sea el ministro Alonso. Una responsabilidad que se extiende a “la razonabilidad del precio a pagar”. Pudo haber actualizaciones de costos, modificaciones en las condiciones del mercado, variaciones cambiarias u otros factores económicos que expliquen el incremento, pero los fundamentos técnicos o económicos nunca fueron expuestos.
Un año después, Seguridad volvió a llevar el sistema P25 al esquema de licitación pública. El ministro Alonso realizó un llamado licitatorio cuyo objeto fue la “Ampliación de Cober-tura del Sistema Digital de Comunicaciones P25 ”, con un presupuesto oficial de $15.904.000.000. A diferencia de lo ocurrido en 2025, el nuevo expediente nació como una Licitación Pública y no como una contratación directa. Sin embargo, el resultado de la apertura volvió a dejar a Motorola como protagonista exclusiva. En el proceso 179-0439-LPU26 hubo una única oferente: Motorola Solutions Inc. con una cotización total de $16.912.000.000, $1.008 millones por encima del presupuesto oficial. La oferta superó en un 6,34% el presupuesto oficial. Aun así, la empresa se quedó con la contratación.
De esta manera, en los dos procesos que terminaron en adjudicación (la contratación directa y la licitación de 2026) Motorola resultó seleccionada.
Fuentes conocedoras de los procesos licitatorios en PBA señalaron que determinadas especificaciones técnicas pueden restringir la concurrencia y favorecer que una convocatoria termine con un solo oferente.
Las hermanas Tolosa, MSCA y Toltech Group comparten vínculos societarios y comerciales con Motorola, en un entramado que rodea una sinuosa licitación.
Cabe recordar que a finales de septiembre, diputados del bloque La Libertad Avanza presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de control permanente sobre las políticas de seguridad del Ejecutivo. El vector político del proyecto está en el artículo 4° que establece que la comisión tendrá por objeto “realizar el control, seguimiento, fiscalización y evaluación permanente de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad”.
En una provincia donde mejorar las herramientas de trabajo de la policía es imperioso, las incognitas que se deben dilucidar giran en torno a cómo se gasta, quiénes se benefician y quién controla a un ministerio “monstruso”, por su tamaño y alcance. Sobre todo, cuando no hay garantías efectivas de que las inversiones y gastos se traduzcan en mayor seguridad para los bonaerenses.
Perder ganando
El vínculo empresarial entre Motorola y las Tolosa Hermanas
Tal como permiten reconstruir los expedientes, existen vínculos estrechos dentro de un mismo núcleo familiar entre dos de las compañías que ofertaron en la primera licitación, a la postre caída por falencias en la presentación de pliegos.
La cadena comienza con las hermanas Martina y María Soledad Tolosa. En mayo de 2023 constituyeron Tolosa Hermanas SA, una sociedad cuyo objeto declarado es actuar como holding. Ese mismo año, Tolosa Hermanas pasó a controlar el 67 % de la compañía de soluciones telecomunicacionales MSCA SRL, mientras que María Soledad Tolosa conservó el 33 % restante.
Además, existe otra sociedad en el entramado de las Tolosa sisters: Toltech Group SA, constituida en 2022 con una participación del 50 % para Martina Tolosa y del 50 % para María Soledad. La firma tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, en la misma dirección que MSCA tiene en registros de proveedores. Incluso existen documentos en los que ambas aparecen vinculadas al mismo número telefónico.
Es aquí donde entra Motorola Solutions. Toltech mantiene una relación comercial con la franquicia argentina de la compañía de origen estadounidense.
En una publicación de Motorola aparece José Tolosa, de Toltech Group Argentina, identificado como integrante de su red de “integradores de sistemas”.
Para más datos, Toltech informó públicamente trabajos vinculados con la ampliación del sistema TETRA de Motorola Solutions en Santa Fe y con la implementación de tecnología de la compañía en un proyecto penitenciario del Estado argentino.
De esta manera, MSCA, una de las tres empresas que participaron de la Licitación Pública 14/24 para la provisión de equipos P25, compitió con Motorola Solutions Inc. e Intepla. Curiosamente, los requisitos que cumplía MSCA no los cumplía Motorola, y viceversa. Una de las claves principales por las que el pliego termina cayéndose, habilitando una posterior contratación directa por un mayor valor.
Motorola terminó siendo la única oferente en la contratación directa que ofreció el ministerio de Seguridad de 2025 y volvió a quedar sola en la licitación de ampliación y actualización del sistema P25 realizada en 2026, asegurándose la provisión y actualización de equipos.
Competidores
La nueva ley de Seguridad de Kicillof sigue sin llegar a la Legislatura
Tras completar una ronda de consultas con intendentes, el Ejecutivo todavía no presentó el proyecto para reformar la normativa vigente. La iniciativa fue anunciada en marzo y quedó pendiente, mientras persisten los reclamos por el rol de los municipios y la distribución de los efectivos policiales.
La reforma integral de la Ley de Seguridad Pública que impulsa Axel Kicillof continúa sin traducirse en un proyecto formal ante la Legislatura bonaerense. Pese a que el Gobierno había avanzado con una ronda de consultas con alcaldes oficialistas y opositores, la iniciativa todavía no ingresó a ninguna de las dos Cámaras y permanece entre las reformas anunciadas por el Gobernador que siguen pendientes.
La fuerza de seguridad más numerosa del país atraviesa una profunda crisis interna por el agotamiento y el deterioro de la salud mental de los agentes,
El mandatario anticipó la propuesta durante la apertura de sesiones ordinarias, cuando planteó la necesidad de actualizar una normativa sancionada en 1998. El objetivo es revisar el marco legal que organiza el sistema de seguridad bonaerense e institucionalizar aspectos del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.
El proceso de discusión incluyó encuentros en distintas regiones provinciales y tuvo su cierre el 17 de julio, con una reunión entre funcionarios del ministerio de Seguridad e intendentes de la Tercera sección electoral. En ese momento, la presentación legislativa aparecía como el paso siguiente, aunque el proyecto no llegó a concretarse.
Uno de los puntos que atravesó las conversaciones fue el nivel de participación de los jefes comunales en la prevención del delito. Algunos intendentes reclamaron mayor autonomía y plantearon la posibilidad de crear policías municipales, mientras que otros propusieron fortalecer la coordinación con la policía. También surgieron cuestionamientos por el traslado de efectivos del interior hacia el Conurbano, una situación que, según los jefes comunales de tierra adentro, debilita las dotaciones locales.
La discusión convive con el debate sobre la formación del personal policial, otra de las reformas que Kicillof anunció en marzo y que tampoco fue presentada en el paquete legislativo de junio. Por ahora, la actualización del sistema de seguridad sigue sin un texto oficial público.
Polémica
Seguridad en disputa: Nación publicó cifras y en PBA dudan
El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Alejandra Monteoliva, abrió un nuevo frente de discusión en torno a la seguridad bonaerense. Los datos correspondientes a 2025 tuvieron repercusión en el gobierno de Axel Kicillof, luego de que el ministro Javier Alonso cuestionara la validez de las estadísticas difundidas y aclarara que la Provincia no las respalda.
El contrapunto quedó expuesto a partir de la difusión de los indicadores del Conurbano, que ubicaron a distintos municipios en posiciones favorables. La Plata, por ejemplo, registró una tasa de 1.827 delitos cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio de 2.378 para los 24 distritos del Gran Buenos Aires. La capital bonaerense quedó segunda entre los municipios con menor tasa delictiva, detrás de Vicente López.
La difusión de esos números también tuvo una derivación política ya que intendentes peronistas recurrieron a las estadísticas para destacar los indicadores de sus distritos, aún cuando la información provino de un organismo del Gobierno nacional y su metodología quedó bajo cuestionamiento de la administración provincial.
Alonso sostuvo que la fuente de referencia para las estadísticas criminales bonaerenses es la Procuración General y que esos registros se organizan por departamento judicial, no por municipio. También cuestionó la comparación entre distintos tipos de delitos y ámbitos de ocurrencia. “La estadística que se publicó no sabemos de dónde salió. No es una estadística que nosotros respaldemos”, afirmó el ministro.
La discusión pone sobre la mesa dos cuestiones distintas: la validez de los criterios utilizados para comparar los distritos y la disputa política por la lectura de los resultados. Mientras la Provincia cuestiona el relevamiento, algunos gobiernos locales encontraron en sus cifras un argumento para mostrar indicadores favorables en materia de
seguridad.
DC Consultores
Un cambio de rumbo: 62% de los bonaerenses están colmados
Una encuesta de la empresa DC Consultores, dirigida por Anibal Urios, dibujó un escenario de fuerte desgaste para la gestión de Axel Kicillof. Bajo el título “Menos relato… más resultados”, el estudio muestra un electorado que exige un cambio profundo y que castiga con dureza la falta de respuestas concretas, especialmente en seguridad.
La metáfora del auto que maneja el gobernador es contundente: el 61,8 % prefiere “cambiar todo: el auto, el chofer y el rumbo” de cara a 2027. Sólo el 13,9 % quiere seguir con el mismo vehículo y conductor a pesar de los baches, mientras que un 12,7 % aceptaría cambiar el auto pero mantener el rumbo y un 11,6 % preferiría mantener el auto pero cambiar al chofer.
En este contexto, la inseguridad aparece como el problema que ningún dirigente, oficialista u opositor, puede resolver hoy: el 42,4 % la menciona en forma espontánea, muy por encima de corrupción (7,6 %), educación (7,6 %), pobreza (6,1 %) y Conurbano (6,1 %). La calificación promedio de la gestión de Kicillof en seguridad es un demoledora 2,2 sobre 10.
En la misma línea, el tirón de orejas alcanza a los jefes comunales. Con el foco puesto en los alcaldes, el 40,4 % los describe como “intendentes de campaña: piensan siempre en votos”. El 31,7 % los ve como “analógicos: siguen pensando como hace 20 años —cobrar más para gastar más— mientras la gente ya cambió de lógica”. Solo el 27,9 % los considera “del futuro”.
Además, el 61,8 % está de acuerdo con que la mayoría de los intendentes bonaerenses “son analógicos, se quedaron en el pasado mientras la gente ya evolucionó”.
A su vez, el llamado de atención se cuela en el escenario electoral de cara al 2027. En intención de voto para las próximas elecciones provinciales, el 63,2 % elige “cambio de rumbo (de todo tipo)”. La continuidad del Frente de Todos/MDF de Kicillof obtiene el 20,5 % y la continuidad peronista en general el 16,3 %.
En mención espontánea de quién debería gobernar la Provincia, Diego Santilli lidera con el 19,3 %, seguido por Patricia Bullrich (9,7 %) y Victoria Villarruel (7,7 %). Kicillof aparece con el 5,8 %. Entre los espacios políticos, LLA + PRO reúne el 42,1 %, el peronismo el 19,5 %, los indecisos el 13,9 % y el kirchnerismo el 10,3 %.
Objetado
Alonso bajo la lupa: contrataciones y gastos que suman incógnitas
Mientras la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de los bonaerenses, las contrataciones millonarias, pedidos de informes, cuestionamientos opositores y denuncias son otros hilos que ponen bajo la lupa el destino de los recursos públicos. Uno de los casos más recientes es el Cessna 550 Citation II LV-WEJ, un avión fabricado en 1993 que llevaba años fuera de servicio.
La Provincia adjudicó por US$3.358.001 su recuperación, modernización y puesta nuevamente en condiciones operativas. La operación ya llegó a la Legislatura mediante un pedido de informes que busca conocer los fundamentos de la inversión. También generó interrogantes la compra de un simulador para helicópteros EC-145 por US$1.724.307, más US$22.080 por capacitación. El valor fue cuestionado por especialistas del sector y el expediente también motivó un pedido de informes. A eso se suman los 500 cascos para motociclistas previstos en una licitación privada con un presupuesto de $206 millones, unos $412.000 por unidad. En este caso todavía resta conocer el resultado definitivo, el precio efectivamente pagado y la cantidad de oferentes.
Otro antecedente fue la denuncia penal por la compra directa de 12 Fiat Cronos para patrulleros. El diputado Luciano Bugallo planteó un presunto sobreprecio, pero la Justicia desestimó la presentación en 2025.
El volumen de las contrataciones también aparece en el sistema integral de emergencias 911, cuya licitación tuvo un presupuesto oficial superior a $23.105 millones. En paralelo, el ministerio enfrenta cuestionamientos sobre las estadísticas del delito. Un relevamiento sobre 2025 detectó 122.867 investigaciones penales con “tipificación provisoria”, 103.085 habían sido denunciadas inicialmente como robos o hurtos. Esta brecha expuso una diferencia entre las denuncias que los ciudadanos realizan a través de la herramienta digital y aquellas que finalmente quedan clasificadas dentro de las estadísticas oficiales de delitos.
Ante este escenario, la Legislatura es uno de los principales espacios de interpelación de Alonso, con pedidos para que el ministro brinde explicaciones sobre la situación de inseguridad y distintas decisiones de gestión.
🚔 ¿Cómo viene seguridad? Un pliego caído, una contratación directa y una licitación millonaria por el sistema de comunicación P25 tiene al ministerio de Seguridad como protagonista. Los vínculos empresariales detrás del negocio.
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