El regreso de Montenegro, la construcción y los reclamos a Provincia: los ejes de una sesión tensionada
El Concejo Deliberante celebrará su octava sesión ordinaria con una agenda atravesada por el regreso del intendente, cambios en las reglas para construir y un reclamo por la seguridad vial en la Ruta 88.
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El jueves 22 de octubre, a partir de las 10, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon celebrará su octava Sesión Ordinaria Pública. El orden del día contempla 17 ordenanzas, 17 resoluciones, 8 decretos y una comunicación. Sin embargo, más allá de la cantidad de iniciativas, algunos expedientes prometen concentrar la atención del recinto y abrir nuevos capítulos de la disputa política entre el oficialismo y la oposición.
Uno de los puntos centrales será el expediente 1834/26, vinculado con el regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia y la reincorporación de Agustín Neme a su banca de concejal. El tratamiento pondrá nuevamente sobre la mesa el movimiento de piezas dentro del Ejecutivo y el Legislativo local, después de que Montenegro solicitara licencia en diciembre de 2025 para asumir su banca en el Senado bonaerense y, tras diez meses de ausencia, decidiera retomar sus funciones al frente del municipio.
La situación también tiene su correlato en la composición del Concejo. La licencia de Neme había dado lugar a la incorporación de Liliana Piccolo, mientras que las posteriores modificaciones en las licencias abrieron paso a Francisco Taverna, funcionario del área de Cultura municipal. Esta sucesión de movimientos agrega un componente institucional al debate, que podría ser aprovechado para cuestionar las decisiones políticas del intendente y el funcionamiento de la gestión durante su ausencia.
En ese escenario, el regreso de Montenegro ofrece una oportunidad para volver sobre los problemas acumulados durante los últimos meses y exigir explicaciones sobre el rumbo del gobierno municipal. Del otro lado, el oficialismo tendrá la posibilidad de defender la continuidad de la administración y respaldar la decisión del jefe comunal de completar su mandato.
Otro de los asuntos que podría despertar controversias es el expediente 1474/26, que propone modificaciones al régimen promocional de la industria de la construcción. Se trata de una herramienta municipal concebida para incentivar la actividad privada, promover inversiones inmobiliarias y estimular un sector con impacto directo en el empleo y la economía marplatense. El régimen establece condiciones urbanísticas especiales para determinados proyectos, por lo que cualquier modificación de sus alcances también abre interrogantes sobre el modelo de desarrollo urbano de la ciudad.
En términos prácticos, la modificación busca otorgar mayor flexibilidad a la configuración de los edificios y al aprovechamiento del volumen autorizado. El punto político del debate estará en determinar hasta dónde deben llegar los incentivos para la actividad inmobiliaria y cómo se compatibilizan con la planificación urbana, las características de los barrios y el entorno de las construcciones existentes.
Por otra parte, el único proyecto de comunicación incluido en el temario también podría generar cruces entre el oficialismo local y las bancadas kicillofistas. Se trata del expediente 1796/26, impulsado por integrantes del bloque gobernante, que reclama al Gobierno de Axel Kicillof un estudio integral de seguridad vial sobre el tramo de la Ruta Provincial 88 comprendido entre los kilómetros 7,5 y 9,5. La iniciativa surge en un contexto de preocupación por los siniestros viales registrados en ese corredor y vuelve a colocar bajo discusión las responsabilidades de la Provincia sobre una vía clave para la circulación entre Mar del Plata y Batán.
La propuesta permitirá al oficialismo llevar al recinto un reclamo dirigido directamente a la gestión bonaerense. No obstante, la discusión también podría extenderse a las responsabilidades compartidas en materia de prevención, controles y seguridad vial.
La modernización administrativa también tendrá su lugar con el expediente 1688/26, que propone crear un régimen integral para la digitalización, conservación electrónica y eventual destrucción del soporte físico de documentación municipal. El proyecto apunta a establecer reglas para el tratamiento de expedientes y archivos, aunque su implementación plantea cuestiones vinculadas con la seguridad de la información, la trazabilidad de los documentos, su valor legal y las garantías de preservación.
En este caso, uno de los aspectos a observar será qué documentación podrá reemplazarse por versiones digitales, cuáles serán las excepciones y qué controles deberán cumplirse antes de eliminar los originales en papel. Además, la discusión podría reavivar los cuestionamientos sobre la capacidad operativa del municipio para avanzar con sus procesos de modernización, en un contexto en el que la digitalización de los trámites continúa siendo una de las apuestas de la administración local.
Con expedientes que van desde la reorganización institucional hasta la construcción, la seguridad vial y la modernización administrativa, el Concejo se prepara para una sesión en la que los debates técnicos podrían quedar atravesados por la disputa política. El regreso de Montenegro, las nuevas reglas urbanísticas y los reclamos a la Provincia aparecen como los principales ingredientes de una jornada que promete algo más que el tratamiento habitual del orden del día.
