Un peaje, más controles y fábricas en riesgo: polémica en distrito de la Segunda sección
UIPBA y ADIBA rechazaron el cobro por circular cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87 de Ramallo y la creación de un registro municipal para el transporte pesado. Advirtieron sobre multas, restricciones a la circulación y posibles clausuras de fábricas.
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La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron nuevas medidas del municipio de Ramallo que establecen requisitos administrativos para el transporte de cargas y se suman a un peaje que, según denunciaron, encarece la actividad industrial. Las entidades advirtieron sobre las consecuencias que podrían afrontar las empresas ante eventuales incumplimientos de las disposiciones municipales.
A través de un comunicado, las organizaciones expresaron su rechazo a la creación de un peaje por cinco kilómetros de ruta y a la implementación de nuevos requisitos para que el transporte de cargas pueda circular por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás, un corredor estratégico para la producción industrial y las exportaciones argentinas.
El reclamo se amplió tras la aprobación de una ordenanza municipal el 19 de octubre, que incorporó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP). El régimen que impulsa el municipio gobernado por el intendente, Mauro Poletti (MDF), exige que los transportistas se registren y tramiten autorizaciones para operar dentro del municipio.
UIPBA y ADIBA cuestionaron que el sistema reproduzca a nivel local obligaciones similares a las previstas en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 en el marco de las políticas de desregulación del transporte de cargas. Según las entidades, la creación de nuevos registros, permisos y mecanismos de control implica reinstalar exigencias burocráticas que habían sido removidas para agilizar la actividad logística y productiva.
Las organizaciones también advirtieron sobre las consecuencias previstas ante el incumplimiento del régimen. Según señalaron, la ordenanza contempla multas, restricciones a la circulación y retenciones de vehículos, medidas que podrían derivar en el cierre de las fábricas que contratan a los transportistas. Además, cuestionaron que la normativa establezca la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga ante hipotéticos incumplimientos de los transportistas.
La nueva regulación se suma al peaje que el municipio había establecido en septiembre para el transporte de cargas que circula por un tramo de cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. En ese momento, UIPBA y ADIBA ya habían advertido sobre el impacto de la medida en un corredor estratégico para la circulación de bienes.
De acuerdo con el comunicado, el costo del peaje podría oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje. Las entidades señalaron que la medida afecta a más de 100 empresas argentinas y que el costo anual podría alcanzar los $500 millones por organización.
Además, indicaron que el sistema fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación y que ya instaló un pórtico para el funcionamiento del telepeaje en el ex Camino Provincial 87, único acceso habilitado para el tránsito pesado y sin vías alternativas. Según denunciaron, el municipio está intimando a los transportistas mediante WhatsApp y otros medios para que soliciten el TAG del telepeaje y se registren en el sistema.
Para UIPBA y ADIBA, la implementación del peaje y las nuevas exigencias administrativas incrementan los costos logísticos y afectan la competitividad de las empresas. Las entidades sostuvieron que estas medidas encarecen el traslado de insumos, materias primas y productos terminados, con consecuencias para la industria, el comercio y las exportaciones.
En ese marco, cuestionaron la posibilidad de que un municipio grave mercaderías por el solo hecho de atravesar su territorio y advirtieron sobre los efectos que podría tener la extensión de este tipo de iniciativas a otros distritos.
Finalmente, las organizaciones alertaron que la creación de medidas de este tipo podría generar una red de barreras económicas superpuestas a lo largo del país, con múltiples costos para transportar una misma carga por el territorio nacional.
