24 de abril de 2010
MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Capaccioli y Zin deben declarar
Fue un pedido del fiscal Luis Comparatore al juez Norberto Oyarbide. Se busca profundizar en las responsabilidades políticas por la venta ilegal de fármacos. También se investiga el pago de reintegros
En línea con la recomendación de la Cámara Federal de investigar la pata política en la causa por la mafia de los medicamentos, el fiscal Luis Comparatore le pidió al juez Norberto Oyarbide que cite a indagatoria al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y al ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin. En su solicitud, la Cámara consideró que las maniobras, en las que están involucrados ex funcionarios, no pudieron haberse concretado sin la vista gorda de quienes debían controlar.
Hace una semana, la Cámara Federal le dio un espaldarazo a Oyarbide: no sólo ratificó los procesamientos del detenido sindicalista Juan José Zanola y otros veinte imputados; también le ordenó avanzar sobre algunos funcionarios vinculados con la última campaña presidencial del kirchnerismo, con Capaccioli a la cabeza.
Con esta resolución detrás, el fiscal Comparatore reiteró el pedido de indagatoria a Capaccioli que ya había presentado, sin éxito, en diciembre del año pasado. En aquella solicitud consideraba que “por el cargo que tenía no podía desconocer, ignorar o encontrarse al margen de lo que estaba sucediendo”. Como superintendente de Servicios de Salud, Capaccioli era el encargado de controlar a los laboratorios y a las obras sociales.
Esta vez, Oyarbide aceptaría la petición del fiscal y, de esa manera, se metería de lleno en la investigación sobre el papel que pudieron cumplir funcionarios del área de salud, incluido Zin, en la compra de fármacos destinados a planes oficiales y sospechados de haber estado vencidos. También se investiga el pago de reintegros a obras sociales por tratamientos complejos que nunca se habrían hecho.
La Cámara y el fiscal basan sus pedidos en las escuchas telefónicas que ligan a Capaccioli con el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, aportante a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y uno de los detenidos en este expediente.
En esa línea, Comparatore también solicitó que se cite a declaración indagatoria a Gabriel Brito, responsable de la empresa de auditorías farmacéuticas Global Pharmacy Services SA. Aunque jamás puso un centavo, Brito apareció en la lista de aportantes de la campaña K, junto a una docena de empresarios que tampoco depositaron dinero sino simplemente su firma. Estos hechos, que configurarían el delito de “blanqueo de capitales”, están siendo investigados por la jueza María Romilda Servini de Cubría en un expediente que lentamente comienza a cruzarse con el de Oyarbide. Brito admitió que los cheques que aparecieron a su nombre destinados para la campaña eran, en realidad, para Lorenzo y que el empresario era el encargado de confirmar esos pagos en el Ministerio de Salud para “hacer un favor a Héctor, para que quede cubierto”.
Capaccioli logró el aporte de dinero a la campaña electoral de droguerías que terminaron investigadas por la Justicia por venta de medicamentos adulterados, maniobras de lavado de dinero o narcotráfico. Entre ellas San Javier y la empresa de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Finalmente, el ex funcionario renunció a la Superintendencia, a cargo de millonarios fondos de obras sociales, en noviembre de 2008 por diferencias con la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación. Además de las indagatorias a Brito, Zin y Capaccioli, Comparatore pidió algunas medidas probatorias como un informe con la identidad de los distintos funcionarios que integraron la Administración de Programas Especiales en los períodos investigados, y el listado de cheques rechazados en el Banco Central en los cuales intervenga Lorenzo ya sea como librador, beneficiario o endosante.