5 de abril de 2011
PAPELERA EN QUILMES
Massuh bajo el martillo de la subasta judicial
La jueza que tramita la quiebra tiene que dar a conocer la fecha y el monto por el que se pondrá en remate a la planta quilmeña. Unos doscientos trabajadores esperan una respuesta antes de mayo, y anuncian la posibilidad de volver a movilizarse. A la par, la contaminación se extiende con el paraguas del Ejecutivo
En el día de ayer comenzó a circular en el distrito que intenta conducir Francisco “Barba” Gutiérrez una versión que daba cuenta de la posibilidad de que la ex Papelera Massuh vaya a remate judicial, en el marco de la causa abierta por la quiebra de la firma, que tramita la jueza María Cristina O'Reilly.
O'Reilly será la responsable de dar a conocer el monto con el que la empresa saldrá a remate. En cuanto a la fecha, se especula que será a partir del próximo mes, cuando llegue a su fin el subsidio que sigue pagando el Estado Nacional, y que sostiene a unos doscientos trabajadores.
La mayor parte de los trabajadores que quedaron fuera del finalmente naufragado proyecto de fideicomiso impulsado por el Gobierno, a través de la cartera de Comercio Interior, lograron reubicarse en otras empresas.
Esta hendija que se le abre al conflicto con la papelera quilmeña tendrá al martillo judicial como una nueva puerta para adosarse a las ya extendidas demandas por la contaminación ambiental.
El reclamo se incrementa ante la falta de respuestas generada por la planta que afecta a toda la zona. En este marco, se imputa la inacción de las autoridades municipales y el incumplimiento de las órdenes judiciales, que obligan la remediación.
Más allá de que Massuh ya no esté en funcionamiento, el daño generado desde hace décadas sigue calando hondo entre los habitantes de la zona lindera al Arroyo Las Piedras, en Quilmes.
El juez en lo Contencioso Admnistrativo N° 1 de La Plata Luis Federico Arias, ordenó en 2010 a Nación Fideicomiso, a cargo entonces de la administración financiera de Papelera Quilmes (ex Massuh) a abonar 6 millones de pesos para cubrir los daños ambientales ocasionados por la empresa.
El organismo no cumplió el acuerdo firmado el 24 de septiembre de 2009 en el que asumía junto al Municipio local obligaciones tendientes a remediar los problemas de contaminación en la zona.
En esa misma situación fue incluido el intendente Francisco Gutiérrez; la Directora de Impacto Ambiental, Gabriela González; la Asesora de la Secretaría de Economía y Producción y Empleo; Marcela Linares; el Secretario de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico, Manuel "Lolo" Roberto Carracelas; y el Director de Gestión Jurídica, Carlos Fernando Fux, que debían pagar una multa de $ 400.000.