12 de mayo de 2011
RADIOGRAFIA POLITICA
Quiénes ponen y quiénes sacan a los jueces
Corporaciones, asociaciones, comisiones y secretarías se reparten la potestad de recomendar y acusar a jueces y funcionarios judiciales en el ámbito de la Provincia. Quiénes se debaten entre una justicia justa y una corporación adicta
La guerra de influencias que caracteriza a la relación entre la Justicia y la política transita por estos días un proceso nuevo: según datos oficiales, hay en el ámbito de la Provincia 137 magistrados denunciados durante los últimos 24 meses. De este universo, 80 casos fueron desestimados y 57 siguen en trámite de juicio. Algunos de ellos son de conocimiento público. Como el de Rafael Sal Lari, juez de Garantías Nº 3 de San Isidro, que deberá enfrentar un juicio político en aproximadamente 50 días.
En su edición número 410, La Tecla precisó otros casos que fueron tratados por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que adquirió renovados bríos desde que es presidida por el diputado Gabriel Villegas: en el período 2009-2010 entraron por esa vía doce denuncias contra funcionarios y magistrados. Desde junio de 2010 a la fecha, ese número se incrementó exponencialmente: entraron más de noventa.
Ante la consulta de La Tecla, Villegas afirma que el cambio de escenario se debe a una serie de factores, entre los que incluye la “buena predisposición del Poder Judicial para responder oficios y colaborar con las investigaciones, a partir de la presidencia de la doctora Hilda Kogan al frente de la Suprema Corte bonaerense”; el “trabajo de difusión y apertura al ciudadano, que sabe que en la comisión tiene las puertas abiertas”; la “colaboración de los miembros del cuerpo” y, fundamentalmente, el “apoyo político”. Está claro que un avance de la política requiere, ineludiblemente, garantías “desde arriba”.
Si la política es la continuación de la guerra por otros medios, no cabe duda de que la tropa siempre es un bien necesario. Esto entendieron, después de algunas frustraciones y contratiempos, los legisladores provinciales, a la hora de pensar en la instrumentación de una Comisión Bicameral de Enjuiciamiento. Es que, más allá de las muy atendibles razones formales -el hecho de que, por ejemplo, no se necesite asesoramiento legal para formalizar una denuncia, o que no se paguen costas-, hay otras, muy de fondo, que emergen con un vistazo cuidadoso: “Cada vez que un legislador impulsaba la investigación de un juez, éste respondía con una denuncia”, dice, en estricto off, un diputado provincial. La conformación de un cuerpo de doce legisladores hace que no sea tan fácil el contraataque de parte del Poder Judicial. Así, la “corporación judicial” encuentra su contraparte.
Batallones y corporaciones
Todos los legisladores consultados por La Tecla señalan a la “corporación judicial” como un factor de poder real del tercer poder del Estado. Se trata, según puntualizan, de la Asociación de Jueces Penales de la Provincia, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Magistrados, la Asociación de Jueces Criminales y Correccionales (conocida como La Red) y el gremio de los trabajadores judiciales.
El diputado Horacio De Simone, de la Primera sección, denunció, durante el debate en el seno del Jurado de Enjuiciamiento por el caso Sal Lari, “presiones” de parte de los jueces. “Demostré las presiones de un conjunto de magistrados que estuvieron en la oficina de uno de los diputados que forman parte del Juzgado de Enjuiciamiento horas antes de que comience la sesión. No fueron nada más que a saludarlo: es un típico comportamiento corporativo”, puntualiza ante la consulta.
El juez Horacio Piombo, integrante de la sala I del Tribunal de Casación Penal, justifica su existencia: “Los jueces no podemos quedar aislados. Con estas asociaciones se busca contrarrestar el poder de la política, que presiona para tornar más obedientes a los magistrados”. La obediencia, puntualiza, es “para no obtener sentencias contrarias a sus intereses”. Piombo, que atraviesa una delicada situación luego de que el diputado Raúl Pérez (FpV) lo denunció ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, brinda una clave para entender, desde su óptica, por dónde pasa el asunto: “Los cuestionamientos vienen por los fallos; nunca se denuncia un pedido de coimas o incumplimiento de obligaciones”. La lectura de las acusaciones en su contra son -opina- prueba de esta situación, ya que parten de informaciones periodísticas “tergiversadas” -el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay respaldó esa lectura-, que fueron recogidas por el diputado Raúl Pérez para formular la denuncia. En su defensa, el magistrado alega que se trata de una “venganza” de parte de estos actores, a raíz de fallos suyos que los habría perjudicado.
También Luis Arias, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, relativiza el peso de esas asociaciones y, fundamentalmente, su orientación. “Es un verdadero disparate hablar de corporaciones. Uno podría pensar que el Colegio de Magistrados ha tenido una intervención casi neutral en los enjuiciamientos. Ninguna corporación ha tomado intervención”, analiza, entre divertido e indignado, y contragolpea: “Existen las corporaciones, claro que sí, son las mismas que negocian con los legisladores la designación de los jueces”.
Casación, siglo XXI
Desde el ámbito de la Justicia se ve al accionar de la política como un retorno de la casación de los tiempos de la Revolución Francesa. “Lo que hoy vivimos es una regresión, una vuelta a este sistema de casación legislativa, a partir del dictado de la ley 13.661”, puntualiza el juez Arias. A partir de esta ley, “se sustrae a la Corte la instrucción de las denuncias y desarrollo de los sumarios desde la instrucción, de las pruebas, de los descargos; todo el trámite de los jurados de enjuiciamiento estaba en el ámbito del Poder Judicial, y se crea, en la Legislatura, esta Secretaría Permanente de Enjuiciamiento. Allí se desata una suerte de persecución ideológica: no me gusta tu sentencia, no me gusta tu decisión, te sometemos a un juicio político. Muchas veces son los mismos funcionarios políticos”, explica, con evidente disgusto. Arias elige hablar de persecución y respalda sus dichos con un dato: “Hay jueces corruptos, en La Plata los tenemos; yo mismo he hecho denuncias que me han llegado, y he trasladado a la Corte, por magistrados implicados en denuncias. A ellos no los investigan, porque son funcionales al poder, y ahí no importa que sean corruptos”, puntualiza.
De acuerdo a este criterio, la función de controlar el contenido de las decisiones judiciales corresponde a las instancias superiores: la Suprema Corte Bonaerense, la Corte Suprema de la Nación, y no a la política. Esta visión se contrapone a la de De Simone, quien evalúa que “el juzgamiento es con un criterio de trabajo sobre una comunidad, no sobre si funcionó bien o mal jurídicamente; si les responde o no les responde a las comunidades”.
Magistratura
El Consejo de la Magistratura adquiere, en el marco de las críticas cruzadas entre políticos y jueces, sumo interés. Se trata del organismo que examina a los postulantes para ocupar cargos de jueces y funcionarios judiciales en el ámbito de la Provincia. Está formado por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, del Ministerio Público Fiscal, de la Corte y del Colegio de Abogados del departamento a designar. “Es donde se teje la madeja”, sintetiza un legislador provincial ante la consulta de La Tecla. “Los intendentes piden por uno, los senadores por otros, y también la Procuradora tiene sus preferencias. Lo cierto es que si no tenés un padrino político, no tenés ninguna chance”, narra, y cuenta, a modo de anécdota, que él mismo consultó en una asociación de abogados cuál era el criterio para apoyar la postulación de un juez o funcionario. “Primero optamos por los asociados, como es lógico”, fue, afirma, la respuesta obtenida. “Yo pensaba que lo lógico sería apoyar al mejor”, replicó en ese momento.
El tráfico de influencias no es el único cuestionamiento para el organismo. “En él se desempeñan personajes como Raúl Pérez, quince años implicado en una causa por enriquecimiento ilícito”, denuncia el juez Arias. “No sólo son las que controlan, sino también las que designan a los jueces. Los jueces tienen que tener idoneidad moral, pero los consejeros no. Si Raúl Pérez quisiera ser juez, no podría postularse nunca con sus antecedentes, pero sí puede tener un cargo en el Consejo de la Magistratura”, concluye.
El diagnóstico de Arias se condice parcialmente con el de Gabriel Villegas. El diputado postula que “la política no tendría que incidir en la designación de los jueces”, y que el Consejo de la Magistratura “debería ser más equilibrado”. Incluso propició, dentro de la Bicameral de Enjuiciamiento, un recorte de poderes, vía reglamento interno: “La ley le da un poder prácticamente omnímodo -podía ordenar allanamientos, detener personas, etcétera-, y la Bicameral decidió recortarlo”. Actitud infrecuente en un mundo en el que, de la mano de corporaciones y trincheras, unos y otros avanzan por conquistar el poder, entendiéndolo de la manera que alguien postuló tiempo atrás: como impunidad.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 414 DE REVISTA LA TECLA